Javier Corral Jurado
Un consenso reiterado entre la clase política mexicana es la desigualdad existente en nuestro país. Los datos no obligan a otra cosa: 10% de la población acapara 40% del ingreso. El siguiente decil obtiene 15%, y de ahí para abajo, en el 80% restante, todo es pobreza.
El mapa de los rezagos sociales y la falta de desarrollo e infraestructura en cientos de municipios, en miles de comunidades, marca peligrosamente el retraso, la lentitud con que la democracia concreta sus bondades en el campo del bienestar económico de las personas y las familias.
El retraso hace ver inútil e inoperante el sistema de elección popular en la conformación del gobierno; por ello muchos ciudadanos renegarían hoy mismo de ese sistema y preferirían el autoritarismo si les asegurara mejores condiciones de vida. No está tan lejos el estudio que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó sobre ese diagnóstico, la desafección ciudadana a la democracia en América Latina en relación con indicadores de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a los servicios básicos. Es nuestra realidad, aunque atemperada momentáneamente por procesos electorales que reciclan el discurso contra la pobreza y renuevan una franja de la esperanza, pero ya no toda la esperanza, pues de servir todo se acaba.
Por ello no considero desproporcionado lo que el presidente Felipe Calderón ha pronunciado estos días, cuando dice que estamos quizá en la última oportunidad de corregir el rezago, y de dotar al Estado de mejores instrumentos para la recaudación fiscal. Las brechas son amplias y el tiempo se vuelve contra cualquier meta de crecimiento económico si no empezamos a cambiar estructuralmente la idea de la hacienda pública, y asumimos un deber que ha distinguido a los ciudadanos de todo país con calidad de vida en lo social, en lo cultural y en lo económico: pagar impuestos.
Si de manera prioritaria algún sector debiera asumir esa conciencia es el que agrupa a los empresarios y propietarios de los bienes y servicios que se ofertan en el país. No sólo bajo la lógica de distribución del dinero para aumentar el consumo, la premisa fundamental de la reproducción del capital, sino para su propia supervivencia. Pero la clase empresarial mexicana no quiere poner su parte, y de ahí su respuesta al proyecto de Reforma Fiscal planteado por el gobierno federal la semana pasada.
Empatar democracia y desarrollo pasa necesariamente por el fortalecimiento del Estado en su capacidad recaudatoria. Esta no será posible que avance hacia una verdadera base de contribuyentes si primero no se eliminan las distorsiones de la economía informal y no se controlan las múltiples formas en que los más gananciosos de nuestro país eluden o evaden sus obligaciones fiscales. En la generalizada impresión que se tiene sobre los principales consorcios empresariales como especuladores y rentistas, brotan como mayor agravio los privilegios de consolidación fiscal que obtienen de combinar pérdidas y ganancias entre sus distintas empresas.
Y es necesario recalcar que en eliminar esa situación de privilegio en el sistema tributario está una de las principales propuestas de la reforma hacendaria que se planteó al Congreso de la Unión. El objetivo, dice el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, “es cerrarle espacios a la evasión, a la elusión y a los privilegios fiscales” al crear la “Contribución Empresarial de Tasa Única”.
En efecto, se trata de los llamados gravámenes de control que impiden a las empresas y personas físicas con actividades empresariales burlar el pago de impuestos. Está relacionado con el Impuesto Sobre la Renta, y elimina el Impuesto al Activo (Impac).
De acuerdo a la iniciativa suscrita por el presidente Calderón -de quien sus múltiples detractores aseguraban que estaría al servicio de los grandes capitales de México- el impuesto “grava a una tasa única de 19% la diferencia entre los ingresos por la venta de bienes y servicios y las compras de insumos que realicen las empresas. La inversión física se deduce como gasto, incluyendo la adquisición de inventarios, maquinaria, equipo, construcciones y terrenos”.
La propuesta en este rubro es de enorme valor, y más allá de las críticas que se plantean sobre si se trata de una reforma fiscal integral o no, será importante conocer quiénes en el Congreso y con base en qué argumentos se pueden oponer a una medida así, pues de acuerdo con información de algunos grupos financieros, entre los consorcios empresariales que tendrían que pagar más están, entre otros, Femsa, Grupo Carso, Televisa, Soriana, Cemex, Elektra, Grupo México, Bimbo, Grupo Modelo, Gigante, Gruma, Alfa, Imsa, Peñoles, Wal-Mart, Comercial Mexicana, Liverpool, América Móvil, KOF y Amx. Nomás esos.
Aunque sea un paso inicial en la construcción de una nueva política hacendaria, es un gran paso empezar por los que más tienen. Esos privilegios son los que más lastiman a la gente en general, y desaniman a quienes sí cumplen a cabalidad sus obligaciones con el Estado. ¿En serio la izquierda mexicana no va a discutir y a apoyar esta propuesta, sólo porque ya lo instruyó así Andrés Manuel? Sería irresponsable, como lo dijo Jesús Ortega Martínez. Sería incongruente, agrego yo.
Profesor de la FCPyS de la UNAM