El Ministro de Justicia del Estado de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, encabezó este lunes por la tarde el evento “Libertad para hacer justicia”, acto mediante el cual el gobierno del estado, tras una exhaustiva revisión realizada por la Mesa para la Reconciliación con el Movimiento de Chiapas, le devolvió la libertad a 137 personas que se encontraban recluidas en 11 de los 14 centros de readaptación social que existen en la entidad.
Durante su discurso, Rodríguez Lozano expuso ante los recién liberados que las distorsiones que existieron en la procuración y administración de justicia, han abierto profundas heridas en la sociedad a lo largo de la historia de Chiapas y ha generado sentidos reclamos de individuos, comunidades y sociedad civil. Por esta razón y por una profunda convicción personal, explicó, el gobernador Juan Sabines, desde los primeros días de su administración, tomó diversas medidas orientadas a dar respuesta a este clamor social, como el acto que fue reconocido por los organismos de derechos humanos como un hecho sin precedente en México, cuando el Gobierno de Chiapas pidió perdón públicamente a los familiares y a las personas que fueron víctimas de la agresión sufrida en el caso “Jaltenango”.
Esta acción fue llevada a cabo por el propio Gobernador, luego de que el Fiscal General, funcionario instruido para dar cumplimiento a dicho mandato, se resistiera a hacerlo personalmente, en lo que fue un inicial desacato al mandato de la CIDH y una ofensa más para las víctimas y sus familias.
Esta solicitud de perdón, puso de manifiesto desde el inicio de esta administración, la determinación del gobierno que encabeza Juan Sabines, de respetar irrestrictamente los derechos humanos y atender las demandas de los organismos que los defienden, aún cuando los actos y las arbitrariedades que dieron origen a dichas recomendaciones, fueron cometidos por funcionarios de gobiernos anteriores.
“El mensaje es muy claro, este gobierno no regateará nunca a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y garantías individuales, para este gobierno los mayores enemigos de la justicia, no son sólo los que la quebrantan, sino principalmente los que la deshonran”, indicó Amador Rodríguez.
Asimismo, recordó que en enero de 2007, con la participación concertada de los tres poderes del estado, se instaló formalmente la Comisión Especial de Ley de Sentencia Suspendida y Libertad Anticipada (hoy Mesa de Reconciliación), cuya tarea ha sido revisar la situación legal de las personas que distintas organizaciones sociales consideran injustamente detenidas, así como de diversas solicitudes de carácter individual.
Como primeros resultados de este trabajo, añadió, entre febrero y diciembre de 2007 fueron liberados 10 presos, cuya injusta detención crispaba los ánimos sociales e inconformaba a la opinión pública y a la sociedad organizada.
Hasta la primera quincena de marzo de 2008, el número de presos que este gobierno había puesto en libertad sumaba ya la cantidad de 91 personas, mismas que se encontraban detenidas en penales del estado desde antes del 8 de diciembre de 2006, fecha de inicio de este gobierno.
Ante el caudal de denuncias acumuladas por años, producto de la actuación irresponsable y deshonrosa de algunos servidores públicos de varios sexenios, y ante la desesperación de algunos reclusos que reclamaban su libertad por medio del ayuno, el pasado 13 de marzo, el Gobernador pidió a la Mesa de Reconciliación diera celeridad a los trabajos de revisión de expedientes y tuviera resultados en un plazo no mayor de 30 días naturales.
Ese acto de justicia es lo que nos convoca el día de hoy a la representación de los tres poderes constitucionales del estado, a la sociedad organizada y a los organismos que trabajan en defensa de los derechos humanos.
Fue una labor exhaustiva en la que colaboraron más de 100 abogados, que trabajaron durante largas jornadas revisando expedientes, algunos de ellos de más de dos mil hojas de delitos que se cometieron en los 1994, 1995-1997, 1998-2000 y 2001-2006.
A los recién liberados, el ministro de Justicia los exhortó a ir a su casa, no sin dejar de recordarle que la obtención de su libertad es una nueva oportunidad para ser mejores. “La sociedad espera de ustedes que después del esfuerzo que han realizado tantas personas para su liberación, se entreguen a la construcción de una nueva realidad para todos. Que los años que estuvieron en cautiverio no los haga albergar odio en sus corazones y les permitan tener una conducta que sea un ejemplo para sus hijos, sus familias y sus conciudadanos”, refirió.
El encargado de la procuración de justicia en la entidad, reveló además que los trabajos de análisis jurídico de los expedientes de los internos que están en huelga de hambre, permitió determinar que en el caso de algunos de ellos no es jurídicamente posible dejarlos en libertad por la siguientes razones: confesión espontánea del acusado; sindicación directa por las víctimas; testigos de cargos reales; ratificación de testimonio de cargo; pruebas periciales positivas; y suficientes pruebas indiciarias y presuncionales.
A las víctimas de los casos de los acusados que fueron liberados les recalcó que ninguna manera sus casos están cerrados, pero de las constancias probatorias que obran en los expedientes que fueron debidamente estudiados, la Comisión llegó a la conclusión que no son responsables de los hechos de los cuales se les acusó.
Aseguró que este acto de justicia constituye un hecho inédito en la historia estatal y nacional, ya que en ningún lugar y momento del país, las instituciones gubernamentales y la sociedad toda, habían hecho un esfuerzo tan grande y generoso de reconciliación.
La medida que hoy se anuncia y los pasos que desde el inicio de este gobierno se han dado, son parte de una clara y consistente política del gobierno a favor de la unidad y la reconciliación, el Gobernador de Chiapas convoca a la unidad, asume a cabalidad sus obligaciones y ejerce plenamente sus atribuciones legales: escucha, dialoga, argumenta, enfrenta retos, consensúa, toma decisiones y concierta acciones para resolver los reclamos ciudadanos.
De este modo, finalizó Rodríguez Lozano, el Ejecutivo Estatal cumple diligentemente con el gran cometido que le confirió el mandato popular: hacer justicia sin dilación y gobernar para todos.
“Esperamos que sea el inicio de una nueva etapa, en la cual las instituciones y los cuerpos de seguridad de este gobierno de izquierda, honren su fun ción y marquen la diferencia”.
En este evento, estuvieron presentes también, la Magistrada Presidenta de la Magistratura Superior del Estado, Sonia Simán Morales; el Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, diputado Sergio Lobato García; el Secretario Ejecutivo del Consejo e Ejecuciones y Sanciones Penales; Juan Jesús Mora Mora; el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Carlos Moreno Guillén; el sub secretario de Asuntos Políticos del Gobierno del Estado, Set Yassir Vázquez Hernández; el representante de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, José Luis Aguilera y el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Heriberto Cruz Vera. ASICh
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