Alberto Aziz Nassif
¿Vivimos en un caldo de cultivo para que surjan expresiones de violencia? A pesar de que la violencia no ha dejado de ser un componente cotidiano en México, las recientes de explosiones en los ductos de Pemex marcan una expresión diferente y grave. Las condiciones de la terrible desigualdad y pobreza que distinguen a este país desde hace tiempo, sumadas a las fuertes cargas de impunidad que prevalecen en la vida pública, causan una mezcla muy favorable al surgimiento de extremismos. Si a lo anterior le agregamos las condiciones políticas de polarización y parálisis que ha propiciado la clase política, tenemos los elementos para una tormenta perfecta.
¿Era esperable que estas expresiones de violencia guerrillera, presuntamente firmadas por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), empezaran a surgir? En esta ocasión no se trata de los petardos en bancos a horas inhábiles, sino de un ataque estratégico que afecta a importantes corredores industriales, con impactos económicos considerables en cientos de empresas y hogares. Además, en una zona gobernada casi en su totalidad por el panismo del Bajío: desde Querétaro, pasando por Aguascalientes y Guanajuato, hasta llegar a Jalisco. La industria del Bajío se declaró en “paro técnico” por el desabasto de combustible que generó el sabotaje del pasado 10 de julio (EL UNIVERSAL, 13/VII/200).
El clima político después de un año del conflicto electoral de 2006 ha seguido en tensión. El pacto político-electoral ha quedado seriamente lastimado y la clase política hace como que no pasa nada: los que ganaron tratan de construir una “normalidad” que no termina de llegar y los que perdieron insisten en su protesta. El viejo priísmo juega al fiel de la balanza. Mientras los conflictos se agudizan, el narcotráfico y la política de seguridad del Estado —los operativos militares para recuperar territorios— han dejado un enorme saldo que todos los días incrementa su estadística de muertes. Todavía no hay nada definitivo y mucho menos vencedores y vencidos. Por el contrario, cada vez más regiones del país son escenario de una confrontación de violencia por el crimen organizado.
A medida que se acumulan los conflictos las Fuerzas Armadas se convierten en el factor central de la vida pública del país. Porque no sólo se multiplican los operativos contra el crimen organizado, sino que ahora el sabotaje a Pemex y las amenazas de que “las acciones de hostigamiento no pararán”, hasta que se presente con vida a las dos personas desaparecidas, como dice el supuesto comunicado del EPR, han activado una alarma roja. De ahora en adelante, y no se sabe por cuánto tiempo, habrá que cuidar y vigilar las instalaciones estratégicas del país, que son muchísimas.
Frente al tamaño del problema han quedado en ridículo los primeros intentos de tapar el sol con un dedo que hizo el gobierno. Sin el comunicado del EPR, el gobierno hubiera seguido con su política del avestruz inventando para la opinión pública toda clase de cuentos chinos para no mostrar la gravedad del sabotaje.
Cualquier país que enfrenta a un poderoso complejo de redes de narcotráfico tiene un grave problema de seguridad pública. Pero, si además surgen sabotajes estratégicos de presunto origen guerrillero, el escenario se complica de forma extraordinaria no sólo porque se necesita actuar en dos frentes, sino porque las acciones pueden empezar a tener vinculaciones o convergencias perversas. Sin duda estamos ante fuertes amenazas a la gobernabilidad del país.
La retrospectiva de las explosiones en los ductos nos lleva a ver la fragilidad institucional y la débil inteligencia. Se podrá decir que nadie está preparado suficientemente para estos sabotajes, pero también habrá que plantear que el Estado mexicano, con todas sus agencias de inteligencia y sus recursos, fue completamente sorprendido, que las alarmas y focos rojos estaban desconectados y que falló la prevención.
¿Violencia guerrillera, terrorismo o conductas criminales? ¿El EPR o algún otro grupo? Lo importante de este tipo de expresiones extremistas es que terminan por derruir el destartalado piso de la política. Por cualquier lado que se vea, estos ataques a Pemex debilitan y, por supuesto, hacen evidente que el entramado institucional necesita ajustes estructurales importantes. Expresan que los pactos políticos recientes no han logrado cambiar la percepción ciudadana de que el conflicto de 2006 no está solucionado. Para 40% de la población a nivel nacional el conflicto electoral no está resuelto; ni para 60% del perredismo, ni para 66.8% de los ciudadanos de la ciudad de México (Consulta Mitofsky, junio 2007).
Parece que el conflicto electoral de 2006 dejó un dilema para ciertos grupos de izquierda extremista: la percepción, justificada o no, de que la vía electoral de acceso al poder para la izquierda está cerrada. ¿Hay en el actual escenario ingredientes para que esa conclusión sea verosímil? Después del sabotaje ha venido una condena social amplia de todos los que pensamos que la violencia no es la vía. Al mismo tiempo, tampoco se puede desconocer que hay enormes obstáculos para procesar una vida pública e institucional más satisfactoria y democrática.
Expedientes sombríos siguen sin ningún castigo y así llegamos, por ejemplo, a las dos personas desaparecidas que reclama el comunicado del EPR. Pero tenemos el caso de Oaxaca, que permanece en la más terrible impunidad; y otro tanto pasa con el caso del góber precioso de Puebla. Hay enormes desniveles locales y un inframundo autoritario en el que viven ciertas regiones del país. Es escandaloso.
El presupuesto de que la vía electoral está cerrada es excesivo y erróneo; sin embargo, habrá que decir que si ciertos grupos extremistas consideran que así es, la obligación del gobierno y de la clase política es demostrar lo contrario. Lo preocupante para la clase política es saber por qué no ha logrado cambiar el clima político. Por qué para cuatro de cada 10 ciudadanos el conflicto de 2006 no se ha resuelto. Por qué hay una segunda edición del enfrentamiento entre gobierno federal y gobierno del Distrito Federal. El regreso de la violencia puede obedecer a la mezcla política de impunidad, parálisis y polarización.
Investigador del CIESAS