Mauricio Merino
Apenas es necesario insistir en que las decisiones que se están fabricando en estos días afectarán al país por los próximos años. Parece un lugar común, pero la mezcla es muy relevante. Está en juego el régimen de partidos y el sistema electoral que le da vida; están en juego las relaciones entre el dinero público y los medios privados; y de paso, se están negociando también la reforma fiscal y las normas que regulan las concesiones de radio y televisión del país. Todo metido en un mismo saco.
Se trata de una trama compleja, porque los intereses que están detrás de las negociaciones en curso no se cuentan solamente en dinero, sino en cuotas de poder político puro y duro. Es una disputa por la recomposición de las reglas y las instituciones electorales, que en términos llanos significaría la consolidación del régimen de partidos que produjo la transición de los años 90, con garantías de permanencia sobradas para los tres competidores más poderosos.
Por esa razón, en el mejor de los casos, la reforma debería llevar a la renovación del pacto de respeto a las reglas electorales y a las instituciones políticas que se quebró desde 2003 y que se convirtió en una crisis política abierta en 2006. En buena lid, el resultado no debería ser menor, pues los precios que se están pagando por esa reconstrucción son muy altos. El peor escenario sería, en cambio, que tras la reforma continúen las crisis políticas y, a pesar de todo, las relaciones entre los partidos y los poderes que representan sean cada vez más improductivas.
En ese sentido, la pieza clave de la reforma estaría en la renovación del Consejo General del IFE. Pero con dos condi-ciones, difíciles de cumplir: que los tres partidos más poderosos estén dispuestos a refrendar el pacto que hicieron en 1996 para depositar la conducción de las instituciones electorales en árbitros imparciales e independientes, de talla propia, sin reparos ni mezquindades; y que la vuelta al consenso político electoral no se convierta en un hecho aislado, ajeno al funcionamiento del resto de las instituciones políticas del país.
De un lado, la renovación del Consejo del IFE tendría que darse de tal modo que no refleje, una vez más, las cuotas de poder asignado a cada partido (pues la suma de parcialidades encontradas no equivale a la imparcialidad), sino la voluntad franca de recomponer el arreglo político que se perdió en el camino. Y de otro, los dirigentes de los partidos tendrían que suscribir un acuerdo paralelo para no cifrar todo el futuro de México en las próximas elecciones. Si así fuera, ni siquiera los mejores árbitros electorales del mundo podrían contener el deterioro del sistema político en su conjunto.
Las dudas que ha despertado el proceso no son injustificadas. El método utilizado para llevar adelante los cambios ha dado lugar a creer que, en lugar de un pacto político de mayor calado, lo que hay detrás de la renovación del Consejo del IFE puede ser, más bien, una prenda de cambio para ganar el voto del PRD y una oportunidad para construir un cuerpo colegiado con voceros confiables de cada partido.
Y si esta versión fuera correcta, no cabría abrigar ninguna esperanza de éxito, pues los mismos egoísmos que habrían llevado a la recomposición del consejo del IFE se volverían muy pronto en la causa de su fracaso: convertido en una caja de resonancia de los intereses y las disputas de los partidos, el Consejo General del IFE no podría funcionar de ninguna manera. Para operar bien, el IFE tiene que colocarse por encima de las simpatías de los partidos políticos, y ceñirse obstinadamente a las leyes y los principios que reclama la construcción de la democracia. Si eso no logra entenderse, el desastre institucional que vendrá no será más que una cuestión de tiempo.
Además, la radio y la televisión no están de acuerdo con la pérdida repentina del negocio que habían cultivado. Ya han mostrado con creces que no quieren perder los cientos de millones de pesos que les eran transferidos por los partidos políticos en cada campaña (y aun fuera de ellas), ni tampoco el poder político que suponía la negociación de tarifas, pautas y tiempos dedicados a cada uno, según la combinación de amistades, simpatías y caudales que administraban con libertad. No es casual que haya sido ese territorio de negociaciones ocultas entre partidos y medios, precisamente, el que trabó la fiscalización de los recursos de los partidos en 2006. Todavía hoy, seguimos dudando sobre la veracidad de las facturas que entregaron al IFE y seguimos preguntando dónde quedaron los casi mil millones de pesos que se perdieron por el camino. Tras esas cifras no sólo había un negocio redondo, sino un arreglo político que les convenía y que la reforma en curso podría cancelar. La sartén seguiría siendo la misma (¿qué democracia podría funcionar sin tomar en cuenta la influencia definitiva de los medios masivos?), pero el mango habría pasado a las manos de los partidos.
El resultado evidente es que los medios no están dispuestos a acompañar los nuevos términos del pacto político que se está gestando entre los partidos y, por eso, están apostando al statu quo. Personalmente, no tengo ninguna duda sobre la importancia de quebrar esa relación ominosa entre partidos y medios, que ha dañado a la construcción democrática de México tanto como la deslealtad de los propios partidos. Pero me pregunto, con sinceridad, si es posible imaginar un nuevo pacto político de largo aliento sin el respaldo decidido de los medios masivos y sin una fórmula que les permita sumarse al proceso (aun perdiendo el dinero de las campañas, pero recuperando tiempos de Estado, por ejemplo).
Tal como están las cosas, sin embargo, parece que asistimos a la revuelta de una oligarquía que se enfrenta a la rebelión de un oligopolio. Pero nada de eso tiene que ver con la democracia, que para serlo tendría que mirar solamente hacia la imparcialidad de las reglas y hacia los ciudadanos que votan, mediante un pacto político capaz de mirar lejos. Todo lo demás es inútil.
Profesor investigador del CIDE