Amalia D. García Medina
Desde hace 30 años se discute en el país la necesidad de realizar una reforma fiscal integral. Está claro que no podremos enfrentar nuestros retos si no contamos con una hacienda fuerte.
Hoy, a pesar de que México es una de las economías más importantes del mundo, apenas recaudamos 9% del PIB, uno de los porcentajes más bajos entre los miembros de la OCDE. Incluso países con desarrollo similar o menor recaudan de 13% a 20%.
El país no puede avanzar con un fisco tan pobre. Necesitamos una reforma fiscal que sirva al desarrollo del país, que dé una respuesta realmente de fondo. Y en ello hay consenso.
Por ser un asunto de la mayor importancia, en el PRD hemos tomado la decisión de establecer una mesa de trabajo para presentar una propuesta integral, en la que participen los gobiernos estatales, los legisladores federales y en la cual se incluirán los planteamientos de figuras relevantes de la izquierda. La decisión es presentar un planteamiento único, sólido, completo, un planteamiento de fondo, integral, para que esté presente en el análisis y en las decisiones finales que se tomarán en el Congreso de la Unión.
Consideramos que la propuesta presentada por el Ejecutivo federal no cumple con las expectativas. Contiene criterios positivos para incrementar la calidad del gasto público introduciendo un enfoque por resultados. También considera uno de los planteamientos fundamentales de la Ley de Planeación y Desarrollo Regional que presentamos un grupo de gobernadores; me refiero a la necesidad de dar mayor certidumbre a la inversión pública con proyectos de infraestructura con visión regional y presupuestos multianuales. Menciona también una propuesta que es ya un acuerdo firmado por la asociación de contralores de todo el país y la Secretaría de la Función Pública, y que se refiere a la homologación de la contabilidad gubernamental.
Sin embargo, lo que se requiere en el país es una reforma hacendaria de gran magnitud, que verdaderamente garantice que haya los recursos suficientes para el país, que sean redistribuidos y promuevan el crecimiento respetando las necesidades que tiene la mayor parte de la población.
Así, la propuesta de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo federal es insuficiente ya que plantea alcanzar una recaudación mayor en 2% del PIB en los siguientes dos años. Sin embargo, para satisfacer realmente las necesidades de gasto que tiene el país, requerimos no de 2% sino de 5%.
Además, el mayor peso de ella recae entre los asalariados y los pequeños y medianos empresarios, que son los contribuyentes cautivos. Mientras que las grandes empresas —y este es un dato de la Auditoría Superior de la Federación— no están pagando impuestos, ya que se les regresan cientos de miles de millones de pesos. El CETU, uno de los nuevos impuestos que plantea, vendría a agudizar esta disparidad. Al mismo tiempo, la simplificación propuesta en materia del Impuesto Sobre la Renta perjudicará a los asalariados con percepciones de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales.
La propuesta de gravar con 2% los depósitos mayores a 20 mil pesos en efectivo no ampliaría la base de contribuyentes, que es su justificación, y sí afectaría a las clases medias provocando nuevas formas de evasión, lo cual también desalentaría el ahorro en las instituciones bancarias, encarecería el dinero y se restringirán los créditos. Es decir, podría desacelerar el desarrollo económico.
La propuesta de reforma no contiene una visión federalista ni garantiza equidad, ya que las medidas que implican un mayor beneficio financiero están a favor de la Federación, mientras que las alternativas para los estados son propuestas que generan inflación.
Es necesario construir con diálogo, una reforma fiscal de alto impacto y al mismo tiempo es imprescindible avanzar en la eficacia para recaudar. Por ejemplo, en 2006, tan sólo por malos cobros del Impuesto Sobre la Renta dejaron de entrar a las arcas federales casi 300 mil millones de pesos.
Y junto con la reforma fiscal debemos tener claros los criterios de asignación de los recursos públicos para que se transparenten y para que el ciudadano pueda tener la certeza de que se aplican con honestidad y en proyectos de alto impacto para nuestro país.
Gobernadora de Zacatecas