Diego Valadés
Ante la probabilidad de que prospere la refor-ma del Estado, ahora que el Congreso ha contraído el compromiso de su diseño y adopción, es oportuno revisar algunos temas que pronto serán discutidos. Uno de ellos es el relacionado con el sistema electoral.
De todas las materias políticas, la electoral es la que mayor atención ha captado en las últimas décadas. El debate sobre cuestiones electorales tiene un nivel muy profesional gracias a la experiencia de los partidos y de numerosos funcionarios especializados, a los que se suma el interés por estos temas en los centros académicos y en los medios de comunicación. Podría considerarse que resta poco por agregar a la agenda que ya se integró, y que sólo falta que los agentes políticos se pongan de acuerdo para seleccionar, de entre el vasto catálogo de opciones, cuáles serán las medidas llamadas a innovar nuestro panorama electoral.
Sin embargo, hay un aspecto que todavía no ha recibido atención: la utilización del sistema electoral como un instrumento para promover la equidad y el desarrollo cultural en el país. Las primeras medidas aplicadas para abrir espacios a las mujeres son insuficientes. El artículo 175 del código electoral establece que los partidos deben promover y garantizar “la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión”. Los verbos “promover” y “garantizar” se han interpretado en un sentido coloquial, porque no existen criterios rigurosos para definir el alcance de esa “promoción”, ni mecanismos de garantía que hagan efectivo ese derecho de las mujeres. En la práctica, los partidos han desvirtuado el contenido de esta norma.
Es necesario ser cautelosos con las medidas de discriminación positiva, porque su abuso propicia la fragmentación del interés colectivo y en cierta forma condiciona el ejercicio de las libertades públicas. Empero, en sociedades como la nuestra, que presentan acentuados rezagos en cuanto a las condiciones de vida de la mujer, se hace indispensable auspiciar instituciones de discriminación positiva, por el tiempo que lleve cambiar los patrones culturales adversos a la mujer.
Hay otro asunto que tampoco hemos atendido en el sistema electoral: el de los indígenas. En un país donde más de 8% de la población es indígena, la representación política de sus intereses es insignificante. En este caso no considero recomendable incluir un criterio étnico en la legislación, pero sí es posible, en cambio, incorporar un elemento cultural: las lenguas indígenas. A través de la defensa de las lenguas vernáculas será viable proteger los intereses de una extensa población todavía marginada.
La ley puede fijar qué porcentaje de los candidatos al Congreso debe hablar una lengua original mexicana. De esta manera se alcanzarían dos objetivos: abrir a los indígenas un espacio en el sistema representativo nacional y estimular el uso de nuestras lenguas vernáculas. Es un hecho que muchos mexicanos están dejando de usar sus lenguas de origen porque les resultan disfuncionales o porque el medio los inhibe; hay que invertir esta tendencia.
Si entre los partidos existe un verdadero talante democrático y se quiere cumplir con lo dispuesto por la Constitución en cuanto a la naturaleza pluricultural de la nación, es imperioso otorgar representación política a los pueblos indígenas del país. No todos los indígenas están familiarizados con las lenguas tradicionales y muchos no indígenas sí las cultivan. No importa. Si la ley favoreciera el uso de las 62 lenguas mexicanas que sobreviven, y que son factores de identidad, se daría un gran paso en la defensa de nuestra cultura y de nuestros pueblos originarios.
En México ya hemos perdido muchas lenguas, primero por el acoso y luego por la omisión. Una cédula real de 1770, por ejemplo, ordenó que “se extingan los diferentes idiomas que se usan en (nuestros) dominios y sólo se hable el castellano, como está mandado por repetidas leyes, reales cédulas y órdenes expedidas en el asunto”. Parece oportuno que, al acercarse el segundo centenario de la Independencia, el Congreso derogue los efectos de esta disposición colonial.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM