Mauricio Merino
Después de varios años de in-certidumbre y marasmo, el país volvió a moverse durante los últimos meses. Como si se hubiera levantado un ancla, de repente todo comenzó a suceder: se aprobaron varias de las reformas que se habían quedado pendientes durante el sexenio pasado, se ensanchó la puerta del acceso a la información pública y se ha puesto en marcha un amplio debate sobre el sistema judicial, el régimen de gobierno y el futuro del federalismo. En el camino, se han revisado o suspendido leyes y reglamentos caducos y se ha abierto la puerta para el diseño de nuevas políticas de regulación en el juego de los mercados. En seis meses, la fisonomía del país ha cambiado más que durante toda la última década.
En el camino, hemos visto que las claves tradicionales que servían para comprender la dinámica de las decisiones políticas también han cambiado dramáticamente. Los viejos análisis, según los cuales todos los destinos se diseñaban y se ordenaban desde la Presidencia de la República, ya no son suficientes para explicar lo que está pasando. Si bien el Ejecutivo sigue siendo un actor principal de los cambios que han ocurrido en estos seis meses, la mayor parte de ellos se ha originado en el Legislativo y, desde otra óptica, también ha entrado a escena el Poder Judicial.
Tomó muchos años construir un régimen de partidos que asentara la pluralidad política del país, y hubo que esperar al menos seis años más para que ese régimen comenzara a producir nuevas reglas del juego. Pero ya está sucediendo: después de las elecciones de 2006, y mientras discutíamos sobre la legitimidad y la validez de los resultados, los poderes se pusieron a funcionar para imaginar nuevas formas de organizar la vida política y económica en México.
A estas alturas, la sola descripción de las mudanzas que se han sucedido en cascada desde la aprobación de la Ley del ISSSTE hasta la reforma electoral constitucional ya rebasaría con creces los límites de este artículo. Y la agenda sigue abierta.
En breve, veremos los cambios que vendrán a modificar las relaciones formales entre el Ejecutivo y el Legislativo, la entrada de los juicios orales (que ya casi nadie cuestiona), y una nueva regulación para organizar la procuración y la administración de justicia. Y, con toda probabilidad, veremos también una redistribución de las competencias formales entre los estados y la Federación, especialmente en materia de desarrollo social. Entretanto, el Ejecutivo (y las entidades federativas) ya están en pleno proceso de ajuste para responder a las nuevas obligaciones que han adquirido en materia de acceso a la información, de registro contable y rendición de cuentas por resultados y al renuevo de las reglas que favorecen la construcción de servicios profesionales de carrera de largo aliento.
También hemos visto las resistencias y a las trabas que se han opuesto a los cambios, por buenas y por malas razones. Es un signo inequívoco del movimiento que está teniendo lugar: las decisiones tomadas han afectado intereses de todo cuño y los perdedores han intentado defender sus posiciones a toda costa.
Algunos grupos han tenido más éxito, hasta el punto de interrumpir cualquier debate de fondo sobre el destino de la educación pública o el futuro de la explotación del petróleo, a pesar de que el fracaso en ambas materias ya es inminente. Otros más han conseguido una suerte de empate, sin soluciones visibles a corto plazo, como en el caso de la regulación de las telecomunicaciones o la organización del trabajo (por razones, por cierto, totalmente opuestas). Pero todos los grupos que ocupan un sitio en el espacio público del país se han puesto en acción, ya para velar armas o ya para usarlas, ante la ola reformista que se ha levantado en estos seis meses.
El espacio público mexicano se está reconfigurando tan rápido, que apenas es posible seguirle la pista. Tal como lo advertían los libros de texto, el acuerdo entre los principales partidos del nuevo régimen ha permitido desatar poco a poco las cuerdas que habían impedido modificar el diseño institucional del país. Pero al mismo tiempo, esa dinámica advierte también sobre su riesgo más importante, que reside en la captura de ese espacio público reconfigurado por nuevos intereses privados, de grupo o de los propios partidos.
Mientras el movimiento de cambio institucional apunte hacia la apertura y la consolidación del espacio público, como quería Hanna Arendt, como el lugar en el que sucede la acción colectiva a la luz del día, más allá de los apremios de la necesidad y el trabajo, y por encima del predominio de unos cuantos o el ocultamiento, la exclusión o la imposición, habrá que celebrar la mudanza. Pero habrá que estar alertas, también, para impedir que ese espacio sea capturado sin más por intereses parciales.
He ahí la lente para enfocar el sentido democrático de los cambios: que no se hagan para repartir parcelas de influencia protegidas por el Estado, sino para ensanchar la acción pública, la participación y la vigilancia social.
Y aun así, todavía sigue en lista de espera la enorme desigualdad social del país y su correlato político, que es la ausencia de una cultura de la legalidad. Hasta ahora, los cambios se han producido, a pesar de su diversidad y de su importancia, por un puñado de actores que han podido entrar en el juego: los que tienen voz y medios para hacerla escuchar. Pero la gran mayoría de los mexicanos simplemente no participa, ni puede hacerlo, porque su tiempo y su energía se agota en sobrevivir.
Podrá decirse que para eso sirve el sistema representativo: para hablar a nombre de los que callan. Pero lo cierto es que la calidad del espacio público depende de la profundidad de la acción pública y del compromiso y la conciencia de los ciudadanos que la encarnan, todos los días. Por eso es tan importante que los cambios que se están produciendo refuercen esa posibilidad y no sólo se generen en nombre de los demás. Que nadie se adueñe de ese espacio diciendo que lo hace para salvar a los otros. Ya no más.
Profesor investigador del CIDE