* Se trata de Manuel Maciel Mora, Rosa Elvira Flores Sánchez, José Ignacio Pérez y Jesús Daniel Bermúdez Pilicastro.
* Se les investiga por un daño patrimonial por más de 180 millones de pesos, solamente del ejercicio fiscal 2023.
* La formal denuncia la presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Agencia Informativa Cambio
Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR), integró la carpeta de investigación número 5115/2024, presentada por el área jurídica de la Procuraduría Fiscal de la Federación en contra de 4 personas vinculadas a la Caja Popular San Juan Bosco, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

De acuerdo con la indagatoria, los imputados son: Manuel Maciel Mora, José Ignacio Pérez López, Rosa Elvira Flores Sánchez y Jesús Daniel Bermúdez Pilicastro, a quienes se les acusa de haber presentado de manera dolosa información falsa en su contabilidad durante 2023, violando diversos preceptos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Según la información sobre los estados financieros a los que tuvo acceso la agencia informativa Cambio, habrían sido presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previa inspección especial que se realizó en enero de 2024, detectándose un presunto daño patrimonial por más de 180 millones de pesos en perjuicio de los socios de la Caja Popular San Juan Bosco y de la Federación.

La Carpeta de Investigación por este presunto fraude se integró en la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero en la Ciudad de México y se encuentra judicializada para que los jueces federales deslinden las responsabilidades penales en contra de los presuntos implicados, una vez que se han reunido las pruebas suficientes para el proceso penal correspondiente.
La audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso se realizará entre el 12 y el 15 de diciembre de este año, en los juzgados federales ubicados en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, también conocido como “El Amate”.

Se indicó que de ser encontradas culpables estas personas, podrían alcanzar una pena de 2 a 10 años de prisión.
