Mauricio Merino
Este 15 de junio se cumplieron 30 años de las primeras elecciones democráticas que celebró España tras la dictadura de Francisco Franco. Para algunos, esos comicios significaron el principio de la transición española a la democracia. Y para todos, representaron el nacimiento de un modelo de cambio político que no sólo marcó el futuro de los españoles, sino que influyó también en el curso de muchos otros países en el mundo.
Pocos episodios políticos de la segunda mitad del siglo XX han sido más estudiados y debatidos que las elecciones españolas de 1977. Quizás solamente la caída del muro de Berlín y la ruptura de la Unión Soviética puedan compararse con la importancia que llegó a cobrar la transición democrática en España, sin perder de vista que entre esos acontecimientos también hubo una línea de continuidad.
Por eso, apenas hace falta recordar que aquellas elecciones fundadoras las ganó Adolfo Suárez y que, a partir de ese momento, España logró promulgar una nueva Constitución Política, afirmar los llamados “Pactos de la Moncloa”, resistir un intento de golpe de Estado y trasladar la presidencia del gobierno a Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español, en un solo impulso admirable que le llevó de la dictadura a la democracia en cinco años.
Ese proceso político no sólo causó la admiración de todo el mundo, sino que se convirtió en un ejemplo a seguir. Después de España, vendría la “tercera ola” de transiciones a la democracia (como la llamó Huntington), y una larga lista de estudios y propuestas que quisieron convertir la magia de los españoles en un modelo racional y hasta traducirlo en forma de receta: para construir la democracia, había que romper con el pasado, establecer un nuevo pacto fundador, celebrar elecciones libres, promulgar una constitución, resistir a la reacción, celebrar otras elecciones libres, entregarle el mando a la principal oposición y consolidar un gobierno democrático.
También había que añadir algunos otros ingredientes: un cambio generacional de liderazgos, una alianza democrática con los poderes fácticos, el compromiso franco de los medios de comunicación, la neutralidad de las fuerzas armadas, el apego a la legalidad y la conciencia democrática de la mayor parte de los ciudadanos. Y todo eso mezclado con mucha tolerancia, solidaridad y responsabilidad como las virtudes públicas indispensables (en la versión acuñada por Victoria Camps).
Algunos países estuvieron muy cerca de seguir ese modelo (Chile de manera muy notable, aunque con sus propios rasgos y memorias), otros se rompieron durante el recorrido (como Checoslovaquia, aunque haya sido en paz), otros cayeron en sus propias trampas (como Filipinas, atrapado por sus élites) y otros más nos quedamos atorados en algún punto del camino y acabamos inventando algo distinto: una transición votada (perdone usted que insista), que no rompió con el pasado, que no logró un nuevo pacto fundador y que, más allá del horizonte electoral, no modificó las instituciones políticas fundamentales. Algo similar les sucedió a varios de los países de la vieja Europa socialista: dejaron de ser lo que habían sido, pero no llegaron a ser lo que querían. Como nosotros, se quedaron a tres brazadas de la orilla opuesta.
El hartazgo de buscar la analogía y de encontrar las diferencias acabó por anular las ganas de estudiar las transiciones democráticas. Hubo un momento en que nos agotamos: ya no quisimos parecernos a los españoles sino a nosotros mismos, pero no tanto como para volver a ser insólitos. Si ya teníamos un sistema electoral pactado (¿no se trataba de hacer pactos?), unas elecciones finalmente confiables (¿no se trataba de hacer elecciones libres?), y un cambio pacífico de mandos en la presidencia del gobierno (¿no se trataba de alternar el ejercicio del poder con la principal oposición?), no había razón alguna para no festejar el triunfo de nuestra propia transición. Después de todo, el propio Felipe González aplaudió los comicios del 2000, como las primeras elecciones suecas que se habían celebrado en México.
Pero la alegría se nos acabó muy rápido. Aunque nadie sensato podría negar que el régimen político de México ya no es el mismo, tampoco podría afirmar que contamos con un nuevo régimen consolidado. El cambio político de México no sólo ha sido lento y espinoso, sino que ha dejado muchas tareas pendientes y ha generado nuevos riesgos y amenazas que no estaban en el guión original. Si los españoles pueden celebrar 30 años del comienzo de su transición, nosotros todavía estamos discutiendo cómo consolidar la nuestra.
Seguimos soñando en el futuro, mientras el pasado se obstina en perdurar en la desigualdad y la pobreza, la delincuencia y la ilegalidad, la burocracia de botín, los sindicatos imposibles, los oligopolios protegidos, las acusaciones de fraude electoral y la política de poca monta. Logramos que todo eso se convirtiera en nuevos campos de batalla para distribuir el poder político a través de la pluralidad de los partidos, que representan la novedad más importante del sistema político de México, pero no hemos conseguido imaginar siquiera cómo podríamos eliminar en serio todos esos males.
Después de mucho pensarlo (y que me perdonen mis colegas), sigo creyendo que la diferencia principal fue que, en México, nunca tuvimos una generación completa de políticos de la misma talla que los españoles de tres décadas atrás. Nos hicieron falta los Juan Carlos, los Suárez, los Carrillo, los González, entre muchos otros.
A pesar de algunas excepciones, a izquierda y derecha nos faltaron los políticos capaces de situarse 20 años más allá del periódico del día siguiente. Cuando menos lo necesitábamos, los mexicanos asistimos a una feria de trampas y egoísmos autocomplacientes, y seguimos escuchando las razones y los argumentos por los que resulta imposible honrar la democracia y la política. Como si México no estuviera en condiciones de abandonar jamás el siglo XIX, seguimos añorando a la generación de la Reforma. Pero ya nos queda demasiado lejos.
Profesor investigador del CIDE