Rosario Green
El próximo mes de octubre cumplirán 30 años los Acuerdos de La Moncloa, suscritos por los principales partidos políticos y agrupaciones empresariales y sindicales, los cuales marcaron un hito fundamental en la transición política de España y establecieron las bases de su éxito económico, para cuyo logro contó con la invaluable contribución de los fondos estructurales y de cohesión europeos.
El Pacto de La Moncloa, como comúnmente se conoce a estos acuerdos, fue alcanzado en una nación que salía de un largo periodo de falta de libertades, es citado con frecuencia como paradigma de entendimiento entre fuerzas políticas que se plantean un objetivo común de vida democrática. Durante más de 26 años fue posible atestiguar la construcción de múltiples entendimientos puntuales que respaldaron el desarrollo económico y social de España.
Sin embargo, las elecciones legislativas, efectuadas el 14 de marzo de 2004, tan sólo tres días después de los criminales atentados terroristas perpetrados en Madrid, marcaron un punto de quiebre en el constructivo proceso político español. Como resultado de esa elección José Luis Rodríguez Zapatero, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sustituyó en la presidencia del gobierno a José María Aznar líder del Partido Popular (PP).
A partir de entonces prácticamente no hay día en que no choquen de manera frontal, independientemente del tema, los puntos de vista del PSOE y el PP, sin que haya atisbos de recomposición. Dicha circunstancia podría considerarse como normal en la vida de una democracia; no obstante, la acumulación de enfrentamientos tiene un amplio potencial para generar enconos que en poco pueden contribuir a la construcción de un proyecto nacional a largo plazo.
En la actualidad, en países geográfica y culturalmente más cercanos al nuestro también podemos observar situaciones de gran tensión entre las distintas fuerzas políticas debido al empeño que han puesto sus dirigentes en trazar nuevos derroteros para el devenir nacional. Venezuela, con el propósito de Hugo Chávez de consolidar en un solo partido la conducción del proceso político, Bolivia y Ecuador, con Evo Morales y Rafael Correa buscando definir esos derroteros a partir de la renovación de sus pactos constitucionales, son ejemplos de lo anterior.
En los tres casos antes mencionados resulta preocupante que pueda prevalecer la falta de capacidad para alcanzar acuerdos frente a asuntos torales de los respectivos desarrollos nacionales, contrariamente a lo ocurrido en La Moncloa en octubre de 1977, aunque el paso del tiempo parezca demostrar que no hay pactos a perpetuidad.
Lo anterior debe ser motivo de reflexión para otras naciones latinoamericanas, México entre ellas, urgidas de soluciones incluyentes que permitan afrontar los enormes retos que constituyen la persistencia de altos índices de pobreza y la profundización de las desigualdades sociales.
No existen esquemas que resuelvan de manera fácil la inevitable diferencia de perspectivas y orientaciones entre las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales que están presentes en cada país, pero es evidente que es posible avanzar si hay lucidez para encontrar los mínimos comunes denominadores en los que se pueden sustentar acuerdos para impulsar la economía y sostener la democracia.
En nuestro caso, el decreto de la Ley para la Reforma del Estado y el establecimiento de la Comisión ejecutiva de negociación y construcción de acuerdos han sentado las bases para que las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión lleven adelante, con el concurso de la sociedad, el trabajo que exige la formulación de compromisos para ajustar diversas instancias de la vida institucional a las actuales condiciones de nuestra realidad económica, social y política. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar.
Senadora de la República (PRI)