Alberto Aziz Nassif
Hace trece meses, la madrugada del 31 de marzo del 2006, la famosa ley Televisa fue aprobada por el Senado de la República y 12 días después fue publicada en el Diario Oficial . Cinco semanas más tarde, el 4 de mayo, un grupo de 47 senadores (15 panistas, 16 priístas, 15 perredistas y 1 de Convergencia) interpusieron una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque la nueva normatividad en materia de radio, televisión y telecomunicaciones violaba abiertamente la Carta Magna del país. Un año después, la SCJN anunció que a partir del 14 de mayo próximo analizará y resolverá el caso.
Con la resolución sobre las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, se definirá una parte fundamental del futuro de la comunicación masiva y de la capacidad regulatoria del Estado mexicano. No es exagerado decir que lo que está en juego es la capacidad estatal de regular a uno de los poderes fácticos más importantes del país.
La discusión que se dio en el Senado durante el proceso de aprobación en 2006 expresó fielmente la confrontación de dos posiciones: por una parte, los intereses políticos para complacer a la poderosa industria privada de la televisión, el duopolio (forma de oligopolio en la cual existen dos productores de un bien en un mercado) formado por Televisa y Azteca; y por la otra, un grupo amplio y plural que defendió los argumentos que dieron origen a la controversia constitucional que está en curso.
La ley Televisa se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005 vía fast track, y en el Senado a finales de marzo de 2006. La fecha en la que se presentó la ley fue determinante, porque si en algún momento los políticos son vulnerables frente a los medios masivos es en tiempos de campaña.
En la negociación con las televisoras se aprovechó esta debilidad y se abusó de ella. Ningún candidato a la Presidencia iba a litigar en contra de las televisoras por una sencilla razón, como dice Manuel Castells: “Debido a los efectos convergentes de la crisis de los sistemas políticos tradicionales y del espectacular aumento de la penetración de los nuevos medios, la comunicación y la información política han quedado capturadas en el espacio de los medios. Fuera de su esfera sólo hay marginalidad política”. Oponerse a la ley Televisa era pasar a la marginalidad política. La clase política cumplió su pacto con el duopolio.
El Poder Ejecutivo también cumplió de forma sobrada. El presidente Fox abonó el camino para favorecer a los intereses del duopolio. Desde 2002 hizo concesiones estratégicas como la eliminación del 12.5% del tiempo fiscal y con ello, también se tiró a la basura el trabajo de una comisión que durante meses trabajó para modernizar reglas del juego para el sector de las telecomunicaciones. Una vez que le tomaron la medida a Fox, el siguiente paso fue legislar las reformas para incrementar y eternizar los intereses de Televisa y Azteca.
Después de aprobar las reformas Fox las publicó en tiempo récord. Ahora sólo queda el tercer poder, la SCJN. En su terreno se va a dar la batalla final de este caso. Serán los ministros los que decidan qué hacer frente a este enorme poder fáctico. Es tan importante el caso que la Corte anunció que suspenderá sus sesiones públicas para dedicarse al análisis, estudio y consultas con expertos en la materia.
Hace unos días se dio a conocer el documento del ministro encargado del caso, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en el cual se identifican los problemas jurídicos de la controversia. En las 545 hojas se muestra que la ley Televisa viola abiertamente ocho artículos de la Constitución: 1, 2, 3, 6, 7, 25, 26 y 28, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones (EL UNIVERSAL, 5/V/2007).
Hay que señalar que el análisis crítico de los senadores que impugnaron la reforma en 2006 se ha cumplido con la precisión de una partitura. El centro del conflicto gira en torno a un conjunto de temas importantes: la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es un organismo completamente subordinado a los intereses del duopolio.
El mismo secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, ha señalado que “la Cofetel está capturada por las empresas a las que debe regular”. La asignación y administración del espacio radioeléctrico quedó en manos de los actuales concesionarios con posiciones de privilegio frente a nuevos competidores.
La ley Televisa alarga los plazos de las concesiones a 20 años y las condiciones de renovación se reducen a una simple solicitud. Al mismo tiempo, el duopolio y el gigante de Telmex, se aprovechan del triple play de forma gratuita, para dar servicios de televisión, telefonía e internet sin invertir un centavo, porque los espacios, “telecomunicaciones adicionales”, no se consideran nuevas concesiones.
No se necesita darle muchas vueltas para saber que la ley Televisa es inconstitucional en varios sentidos: por el trato preferencial y discriminatorio para medios públicos y comunitarios, porque se les cierra la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías digitales; porque asegura y refuerza la vigilancia y reproducción del actual duopolio televisivo; porque el Estado queda relegado en su función rectora del espacio radioléctrico; porque excluye a comunidades indígenas; porque viola el Código Electoral (Cofipe) y agrava el problema entre política y dinero al permitir a los candidatos la compra de tiempos. La ley Televisa es una regresión radical.
En los próximos días se va a dar un importante debate. Es necesario dar marcha atrás para corregir un grave error de la clase política y ubicar al país en sintonía con las tendencias internacionales en la materia, es decir, legislar en contra de los monopolios y los privilegios. Muy pronto sabremos si el país es territorio de los poderes fácticos o si todavía existe Estado y autonomía para regular a esta importante industria que modula y modela no sólo la vida política, sino los gustos, emociones y partituras culturales. Razones suficientes para terminar con los privilegios, la discriminación y las visiones monocromáticas. Los ministros de la SCJN tienen la palabra.
Investigador del CIESAS