Beatriz Paredes
Hace unos días, los dirigentes de los partidos políticos mexicanos presentaron diversas propuestas en torno a la reforma del Estado. No será este texto una elegía a la posición que como presidenta del PRI presenté, pues decidí de tiempo atrás mantenerme en este espacio editorial sin asumir actitudes proselitistas y abordar, a título individual sin comprometer al partido que dirijo, temas que reflejen mi análisis y personal visión y ese sea su único alcance.
He sostenido, desde hace algunos años en intervenciones públicas y debates privados, que considero que el régimen presidencialista que operaba en el siglo XX está agotado, puesto que las premisas que lo sustentaban ya no existen y, desde mi perspectiva, son irrepetibles, entre otras:
La existencia de mayoría absoluta en el Congreso de la Unión del partido que postuló al presidente de la República; una relación de articulación subordinada al presidente del partido en el poder; ambos hechos corresponden, en el sistema político, a la etapa denominada de partido hegemónico y a la enorme preponderancia que el presidente de filiación priísta tenía sobre su partido.
La transformación del régimen presidencialista del siglo XX y la proyección de un mejor equilibrio entre poderes ha sido alentada en las últimas décadas por las fuerzas políticas del país, en las sucesivas reformas electorales e institucionales realizadas, algunas con el consenso de todas las fuerzas políticas, otras con el voto de dos o más partidos, pero siempre con la participación del PRI. Dentro de estas reformas, destaco la vinculada con la obligatoriedad de alcanzar mayoría calificada (dos terceras partes) en el Congreso de la Unión para que sea posible hacer reformas a la Constitución general de la República. Esta reforma perfila la indispensabilidad de acuerdos entre fuerzas políticas para lograr transformaciones de fondo.
El propósito de transformar el presidencialismo tradicional, aparentemente omnímodo y suprapoderoso, pero infuncional a la realidad política y social contemporánea, y superar una cultura presidencialista en la que están inmersos la élite política y los poderes fácticos constituyen un enorme desafío. Cultura presidencialista relacionada con los antecedentes prehispánicos, coloniales y del modus operandi político del siglo XX. Se requiere una gran imaginación y la capacidad de construir visiones conjuntas y llevarlas al acuerdo.
Se trata de evolucionar hacia un régimen presidencialista renovado, apto para ser eficaz en la normalidad democrática y en un horizonte previsible de ausencia de mayorías absolutas en las cámaras.
El pluralismo político y social, la mayor participación ciudadana, las magnitudes de nuestra población y los paradigmas democráticos universales que compartimos confluyen en el nuevo escenario que presenta la exigencia de cambiar y renovar a profundidad la vida institucional mexicana. Lograr que el Presidente de la República se comporte como un verdadero jefe de Estado, por encima de pasiones partidarias y sobreponiéndose a una relación compleja con un Congreso sin mayorías consolidadas, evitando que la descalificación sea el método privilegiado de la relación entre ambos poderes.
Una alternativa a valorar es la integración de un jefe de gabinete, nombrado por el Congreso de la Unión a propuesta del Presidente de la República, y que se establezca la ratificación de los integrantes del gabinete y otros funcionarios clave por el Senado. Si son las dos cámaras las que participan en el proceso, o lo es sólo el Senado; si es mayoría simple o calificada para la ratificación y la precisión de las atribuciones del jefe de gabinete, complementarias a las facultades del Presidente de la República en su papel del jefe de Estado, son cuestiones del detalle de las posibles reformas que habrán de cuidarse minuciosamente para garantizar que esta evolución del presidencialismo favorezca la gobernabilidad democrática y la eficacia del Estado mexicano en el desempeño de sus tareas esenciales.
Pero lo que importa es que exista la decisión de mirar hacia el porvenir y sea posible sentar las bases de una reforma del Estado que le dé viabilidad a la normalidad democrática mexicana por varios lustros, lo que redundará en certidumbre para la sociedad y en consistencia para las instituciones del país.
Presidenta nacional del PRI