Alejandro Juárez Zepeda y Fabián Sánchez Matus
¿Cuánto tiempo requiere la autoridad para resolver una denuncia por homicidio? Juan Ignacio Correa López es testigo de que a veces 16 años no son suficientes.
Su hijo, José Iván Correa Arévalo, fue asesinado el 28 de mayo de 1991 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tenía apenas 17 años de edad. Sobre las circunstancias de su muerte no existe todavía una conclusión oficial. Ocho gobernadores, 11 procuradores estatales, cinco ministerios públicos, dos fiscales especiales y cuatro presidentes de la República han pasado desde entonces y nadie sabe todavía la verdad sobre lo acontecido.
Aquel martes, Iván se había negado a participar en un paro escolar programado por líderes estudiantiles del Colegio de Bachilleres donde estudiaba. Entonces se le acercaron tres compañeros, Vicente Ardines Domínguez, Rolando Vargas Pérez y William Sánchez Mandujano, quienes lo invitaron a beber unas cervezas. Minutos después fue llevado a un hospital de la Cruz Roja con un balazo en la cabeza. Allí murió.
Ese mismo día se presentó la denuncia de rigor, pero las autoridades no practicaron a tiempo todas las pruebas que estaban obligados a realizar. Las que se hicieron oportunamente presentan vicios e inconsistencias. Al final, concluyeron extraoficialmente y de manera simplista que Iván se había suicidado.
Las irregularidades en este caso han sido constantes, numerosas y aberrantes. Aparte de la pésima integración de las pruebas, el expediente se ha archivado y hasta perdido en varias ocasiones, una de ellas durante dos años. El caso ha rolado de oficina en oficina, hasta ubicarse en la Fiscalía para Asuntos Relevantes, que investiga crímenes cometidos contra homosexuales y periodistas. No obstante la “relevancia”, el caso sigue sin consignarse ante un juez.
La existencia de violaciones a los derechos humanos en el sistema de justicia mexicano se debe en gran medida a la limitación de las garantías judiciales, lo que facilita a las instancias de procuración e impartición de justicia el uso de facultades extraordinarias e incluso contrarias a la naturaleza jurídica de las mismas.
La falta de voluntad política del gobierno mexicano para poner fin a estas violaciones, sumada a la ineficacia y parcialidad de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia han generado un clima de incertidumbre e inseguridad en la sociedad, pero principalmente han provocado la impunidad de los agentes responsables en las violaciones a los derechos humanos.
Todo lo anterior favorece al debilitamiento generalizado del precario estado de derecho en nuestro país. Las normas se aplican a discreción y en beneficio de grupos de poder; los procesos judiciales padecen graves irregularidades; las víctimas carecen de recursos sencillos, adecuados y efectivos para remediar dichos abusos, lo que ha favorecido la corrupción, el tráfico de influencias y la impericia. Esto también repercute en el problema social de inseguridad pública y la delincuencia.
Esta deficiencia refleja una falta de dirección en la materia que fomente los cambios normativos necesarios para lograr un estado de derecho auténtico. Además, evidencia la ausencia de políticas públicas en la materia como un eje prioritario en la política de Estado.
En este sentido, las causas que se identifican como las principales generadoras de situaciones violatorias de los derechos humanos son: la falta de normatividad interna, la aplicación de normatividad obsoleta, prácticas institucionales viciadas, la ausencia de mecanismos de control y cierta deficiencia en las políticas gubernamentales.
En 1992, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC tomó el caso de José Iván Correa Arévalo para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Corresponde ahora a esta organización internacional la responsabilidad de darle entrada y resolver esta petición, emitiendo un informe que esclarezca el fondo del asunto. Cabe mencionar que este es uno de los litigios más antiguos de nuestra organización.
Dieciséis años no han podido contra la voluntad de don Juan Ignacio Correa López de que se haga justicia. Tampoco la cantidad de insultos que ha recibido por parte de varios servidores públicos responsables de procurarla en México, ni las amenazas de muerte anónimas. Todavía derrama algunas lágrimas al decir que su hijo “estaba destinado a cosas grandes”.
“Muchas veces he pensado dejar el asunto en manos de Dios, pero cuando escucho cierta canción o veo a un muchacho que se le parece, vuelvo a lo mismo”.
En próximas fechas, la Fiscalía para Asuntos Relevantes del Estado de Chiapas deberá contestar un pliego petitorio en el que se han planteado todas las irregularidades habidas en este proceso. Esperamos que lo haga satisfactoriamente y, también, que el gobernador de dicha entidad, Juan Sabines Guerrero, cumpla con el compromiso formulado el pasado mes de febrero ante don Juan Ignacio Correa y dos miembros de esta organización en el sentido de resolver este crimen.
Es necesario desterrar para siempre la noción que ha cuajado durante décadas en la conciencia de miles de ciudadanos y, esta vez, don Juan Ignacio Correa resume de una manera tan dramática: “pedir justicia en México es la cosa más inútil del mundo”.
Miembros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC