Amalia D. García Medina
Sin duda, la distribución de los recursos con que cuenta una nación revela sus verdaderas prioridades y proyectos. En el discurso se pueden mencionar propósitos muy nobles a favor de los más desprotegidos, de quienes se han quedado rezagados por las implacables condiciones del mercado. Pero, mientras no se manifiesten en el presupuesto, y aún más, en apartados concretos que les canalicen recursos para poder ponerse en marcha, estas aseveraciones quedan en expresiones de buena voluntad.
Por eso, la propuesta de reforma fiscal que se analiza debe no sólo refrendar la importancia de promover el desarrollo regional, sino incorporar mecanismos claros que destinen recursos para los proyectos de este alcance y, al mismo tiempo, prever el combate de las desigualdades regionales.
En México tenemos nuestros propios excluidos porque junto a regiones de progreso conviven grandes zonas de pobreza y abandono. La distribución de los ingresos debe considerar políticas para que no se rezaguen más. Esa es la esencia del pacto federal, la redistribución.
Sin embargo, las propuestas en materia de federalismo fiscal —que podría ser un mecanismo esencial para apoyar a las entidades con mayores necesidades— consideran incorporar reformas en la fórmula de participaciones y aportaciones federales tomando como base fundamental el elemento de población, sin considerar otros aspectos.
En los hechos, si esta fórmula fuera adoptada, estados como Zacatecas —donde la mitad de su población vive fuera del territorio, principalmente en Estados Unidos— se verían gravemente lastimados en sus ingresos y, por lo tanto, en sus posibilidades de enfrentar rezagos, así como de emprender acciones para promover el desarrollo. Estaríamos fortaleciendo un círculo dañino que a baja población, debido a la migración por la falta de oportunidades, recibe aún menos recursos para emprender obras educativas, de salud o de apoyo a proyectos para estimular a la economía, con lo cual se continuaría con la expulsión de la gente, con el riesgo que implica para su vida.
Decía, además, que esta fórmula no considera otros aspectos, como el esfuerzo por recaudar mejor o la modernización de los servicios administrativos para ser más eficientes. Por ejemplo, Zacatecas tiene, actualmente, el quinto mejor coeficiente del Fondo de Fomento Municipal, gracias a acciones en diferentes ámbitos que hemos tomado. Y sin embargo, con la nueva fórmula, a pesar de nuestras iniciativas y del empeño, obtendríamos el coeficiente más bajo de todo el país, lastimando de manera importante el monto de las participaciones que recibimos. Sin duda este cambio desalentaría el esfuerzo recaudatorio en las entidades.
Otro aspecto que la propuesta de reforma no contempla es el factor de dispersión de la población, lo cual provocará un mayor desequilibrio regional, ya que la riqueza se acentúa en entidades de mayor población y desarrollo, y no en las que se encuentran más apartadas y con pocos habitantes. En materia de agua potable, por ejemplo, resulta menos costoso llevar el servicio a zonas altamente pobladas, mientras que introducirlo en comunidades apartadas cuesta más. Sin embargo, la obligación es atender a todos no importa dónde se encuentren. Con la nueva fórmula, en los hechos se estaría desincentivando la creación de infraestructura y fuentes de trabajo en regiones apartadas que son precisamente las que presentan los más altos índices de migración.
Por lo demás, la fuente que se consideraría para la distribución de ingresos no sería ya el Conteo de Población y Vivienda, que realiza el INEGI, sino la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que se publica trimestralmente. Ésta ha mostrado variaciones respecto al primero, por lo cual genera incertidumbre, sin mencionar que en estados como Zacatecas no considera el flujo de migración, ya que hay épocas del año cuando se concentra mayor población, y que tienen que ver no sólo con fechas conmemorativas, sino, sobre todo, con los periodos donde se requiere más mano de obra en Estados Unidos. Pero estos migrantes vuelven a sus hogares y continúan demandando servicios, que estamos obligados a llevar.
Es decir, la modificación de la fórmula para distribuir las participaciones genera más dudas que certezas. Y, sobre todo, deja claro que fomentará las desigualdades regionales castigando a los estados que sí se esfuerzan y a aquellos que mayor solidaridad requieren.
Gobernadora de Zacatecas