Alejandro Gertz Manero
Cuando el ministro Genaro Góngora Pimentel presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su larga trayectoria como jurista e impartidor de justicia y su reconocido compromiso social impactaron en forma sustancial en la vida del órgano supremo del Poder Judicial, encaminándolo hacia una etapa singular de respetabilidad e independencia, frente a un pasado muchas veces bochornoso de sometimiento al Ejecutivo y de manipulación política en favor de los intereses del poder y del dinero.
Es necesario reconocer también que la reforma legislativa impulsada por el presidente Zedillo propició asimismo la reestructuración de la Corte para incorporarla al movimiento democrático y electoral, que parecía que iba a cambiar la vida de nuestro país a partir de 1996, lo cual finalmente no ocurrió, ya que la estructura profunda del poder público en México, que se constituyó para preservar la fuerza omnímoda de un presidencialismo imperial, ha permanecido intocada, lo cual incidió en la repetición de las inveteradas y tradicionales prácticas autoritarias del Ejecutivo para someter al Poder Judicial a sus designios y a sus intereses, lo que acabó dañando profundamente la credibilidad del propio sistema democrático electoral y del Instituto Federal Electoral, mientras las sentencias del Tribunal Federal Electoral mostraron una gran contradictoriedad y falta de solidez jurídica, en el momento crítico en que era indispensable refrendar los territorios de transparencia ganados para la sociedad civil y que parcialmente quedaron conculcados por un conflicto electoral, que finalmente abrió una herida profunda en la sociedad mexicana.
Frente a esta regresión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos de sus miembros fueron cuestionados por el candidato perdedor, mientras las sentencias de sus tribunales reincidieron de manera reiterada en conductas parciales y cuestionables para favorecer al poder económico y político, lo cual fue refrendado recientemente por un magistrado, quien le manifestó a la víctima de su injusticia que tenía que votar así porque “el asunto era político”, y que ese atropello debería ser finalmente corregido o ratificado por los ministros de la Suprema Corte, como si ellos fueran árbitros de los intereses del poder, y no de la legalidad y la justicia.
En ese contexto tan retardatario y cuestionante para los avances democráticos y la justicia en el país, se acaba de dar un fenómeno inusitado que consistió en la iniciativa de un grupo de senadores que alegaron la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de medios, lo que convirtió a ese asunto en un símbolo del gran conflicto entre el poder en todas sus acepciones públicas y privadas, frente a los derechos colectivos de una población tan huérfana y abandonada como la nuestra, que sólo ha sabido sufrir el más vil tráfico de influencias entre la política y el dinero.
En esas circunstancias, el ministro Genaro Góngora Pimentel encabezó esa lucha singular, apoyado principalmente por los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, lo cual la nación debe reconocerles, porque lograron trascender los intereses particulares en su búsqueda de la justicia y del bien público, en un asunto en el que la inmensa mayoría de los congresistas y los partidos políticos que se han ostentado como defensores de “la gente” exhibieron la desvergüenza y la ignominia a las que pueden llegar, mostrándose como viles trepadores políticos sin principios y oportunistas de la misma ralea que sus contrincantes.
Este triunfo momentáneo de la justicia y de la sociedad nos lleva a agradecerles públicamente a esos juristas el haber ejercido su dignidad y su patriotismo para bien de esta sufrida sociedad mexicana.
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Doctor en Derecho