Mauricio Merino
El pasado 30 de abril, la Secretaría de Gobernación hizo pública su decisión de convocar a un “diálogo cara a cara” con los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), a condición de que ese grupo guerrillero suspenda en definitiva sus acciones armadas.
A cambio, el gobierno aceptaría la agenda del EPR y la participación de Samuel Ruiz, Carlos Montemayor, Gilberto López y Rivas y Miguel Ángel Granados Chapa, investidos como “testigos sociales” del diálogo entre el gobierno y la guerrilla.
Cada vez cuesta más trabajo entender la lógica política del gobierno de Calderón. Esa guerrilla nació hace casi 12 años para oponerse al régimen político. Es la continuación de otros movimientos violentos, que también rechazaron la opción democrática y el capitalismo como sistema económico. Y aun cuando pudieron hacerlo, sus integrantes no buscaron sumarse a los partidos de izquierda, porque siempre consideraron que las elecciones no eran una vía aceptable para la integración del poder político.
Tampoco se adhirieron al liderazgo que, en 1996, tenía ya el EZLN a favor de la dignidad y la autonomía de los pueblos indígenas, pues la posición del EPR era intransigente con cualquier salida que aceptara la negociación o el diálogo con el gobierno. Nacido en las montañas de Guerrero, el EPR se situó voluntariamente al margen de cualquier tipo de acción que pusiera en duda sus banderas de reivindicación popular, anticapitalista, radical y armada.
De acuerdo con la información que se ha publicado en los medios, los más recientes ataques emprendidos por el EPR en contra de las instalaciones de Pemex en Veracruz respondieron a la desaparición de dos miembros de esa organización (Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya), cuya presentación inmediata es la primera exigencia inamovible de los guerrilleros.
Pero el gobierno del presidente Calderón ha repetido que ignora el paradero de esas personas a quienes, además, de ninguna manera les reconoce la calidad de desaparecidos políticos. No obstante, también ha asegurado que está investigando formalmente cuál fue su destino. Además, el gobierno no aceptaría tampoco la colaboración de doña Rosario Ibarra de Piedra como testigo social, por la posición política partidaria de la actual senadora.
Sobre esas bases, resulta casi imposible imaginar en qué podría consistir el “diálogo cara a cara” ofrecido por el gobierno, ni tampoco el propósito que perseguiría. El obispo Samuel Ruiz declaró hace unos días que cualquier diálogo vale por sí mismo, más allá de la agenda que se proponga y del destino que tenga. Y probablemente tenga razón. Pero en las condiciones actuales de México, en las que el desencuentro y la multiplicación de los frentes de polarización y encono se han vuelto moneda de uso corriente, añadir el reconocimiento explícito de la fuerza de la guerrilla frente al Estado y crear un escenario más de conflicto político resulta difícil de comprender.
La decisión de dialogar con los grupos que utilizan la violencia como argumento político, así sea para conseguir que depongan las armas, es un asunto de la mayor trascendencia para el Estado. De ninguna manera debe ser tomada como una “jugada” oportuna, para emitir mensajes cifrados a la opinión pública, ni para promover imágenes personales. No tiene sentido dialogar con los grupos armados a cambio de una suerte de reconocimiento mutuo, como en la metáfora del siervo y el señor acuñada por Hegel, porque la razón de ser de esos grupos es la negación misma de esa condición servil.
A diferencia del gobierno de Calderón, la guerrilla no está buscando legitimidad y aceptación pública de los grupos de izquierda, sino la destrucción del Estado. De modo que la intención de intercambiar reconocimientos públicos con esos grupos violentos no puede ser leída sino como una debilidad aceptada o como una inaceptable frivolidad. Si no obedece a la incapacidad del Estado para defender el respeto al derecho ajeno (para decirlo canónicamente), entonces no puede verse sino como la decisión de un gerente que busca publicidad gratuita, para hacer prosperar su empresa.
En cambio, los diálogos entre el Estado y los grupos armados solamente han tenido sentido bajo tres escenarios, en los que no encaja (todavía) el país: cuando la guerrilla ha sometido mediante las armas al gobierno formal y la situación se ha vuelto ingobernable y violenta, hasta el punto en que la comunidad internacional interviene para promover el diálogo entre contrarios; cuando hay temas puntuales e imperativos que negociar, bajo treguas pactadas entre fuerzas que no pueden derrotar a su opuesta, como el caso que describió magistralmente Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro o como ha sucedido, sin éxito, con las FARC colombianas; o cuando la guerrilla ha perdido ya todo futuro y está dispuesta a negociar una rendición digna.
En cualquier otro caso, como demuestra con creces el reiterado fracaso español con la ETA, el diálogo sin más propósito que el lucimiento de los políticos encumbrados es tan peligroso como inútil.
Y por lo demás, el gobierno se envilecería por completo si pretendiera negociar el hallazgo de los desaparecidos del EPR a cambio de la extinción de esa guerrilla. La responsabilidad del Estado no es negociable, así sea por las mejores razones. Por eso resulta imposible entender esta decisión, a la luz del sentido común. En el mejor de los casos, podría ser otra ingenuidad en busca de aplausos. Pero están jugando con fuego.
Profesor investigador del CIDE