Zayas: preso político del GDF
Ricardo Alemán
El procurador del DF construye peligrosa bomba de tiempo
Poder Judicial y Derechos Humanos, “tapaderas” potenciales
No sólo entre el gremio de penalistas, sino una buena parte de integrantes del Poder Judicial del DF asegura que en el caso New’s Divine, Rodolfo Félix, el procurador capitalino, se “dispara al pie” o de plano “escupe para arriba”. ¿Por qué?
Porque al acusar de homicidio doloso a Guillermo Zayas, el propio Félix no sólo echa abajo su tesis del caso Tláhuac, sino que confirma que el jefe de Unipol en GAM es un preso político del gobierno de Marcelo Ebrard, junto con otra docena de policías acusados del mismo delito.
Bueno, hay quienes incluso dicen que el procurador “se dispara a los dos pies”, ya que hoy hace el ridículo al consignar a Zayas y compañía por homicidio doloso —cuando todos saben que es imprudencial y terminará en mero abuso de autoridad—, y en los próximos seis meses hará de nuevo el ridículo cuando ‘en apelación’ el juez de la causa concluya que, en efecto, se trató de homicidio imprudencial.
Claro, todo eso se debía cumplir siempre y cuando el Poder Judicial del DF no se preste al “cochinero” que se arma desde la Procuraduría, y que incluye fuertes presiones al Tribunal de Justicia del DF —como ocurrió en tiempos de AMLO en el caso Ahumada—, para hacer posible la persecución política de la que es víctima Zayas. Pero hay más. Todos saben que sobre la cabeza de Rodolfo Félix pende la responsabilidad latente de que por una venganza pueda ser asesinado el ex “superpolicía”, o alguno de los otros uniformados consignados.
Por eso —porque el procurador construye una bomba de tiempo que podría estallar en la cara de todos, especialmente en la de Ebrard—, no son pocos los penalistas y especialistas del Poder Judicial del DF que recomiendan que el de Zayas y los policías consignados por presunto homicidio doloso debe ser litigado con el jefe de Gobierno, en donde se resuelven los asuntos políticos, no en los tribunales.
Y es que para los conocedores del caso están claras las etapas que ha llevado a cabo el GDF para el control de daños. En la parte administrativa ya despidió a los mandos supuestamente implicados; en la cara política intenta obligar a que se meta el gobierno federal; en la arista penal, ya metió a la cárcel a Zayas y a 20 policías, y en la vertiente de derechos humanos espera que la CDHDF le sirva de tapadera.
Pero hay minucias que echarían abajo ese diseño y que aparecen en el libro Caso Tláhuac, de Félix Cárdenas, hoy procurador del GDF. Se trata, como todos saben, de la defensa de Ebrard en ese vergonzoso episodio. Dice el libro en sus páginas 19 y 20: “El ‘deber general’ que tiene la policía de evitar delitos no basta para estimar que todo el policía que no impide un determinado delito, aun y cuando pueda hacerlo sin riesgo personal, cometa delito de omisión impropia, pues el deber general que tiene la policía de prevenir y perseguir delitos y en ello, de proteger la integridad de las personas, como sus bienes, no la hace responsable de los delitos que no logra impedir”.
El asunto es más claro en la pág. 47: “El deber que tiene la policía de evitar delitos no es suficiente, sin más, para entender que todo policía que no impide, aun pudiendo hacerlo sin riesgo personal, un determinado delito, comete dicho delito por omisión. Al policía que decide no impedir un robo cuando podría, no ha de considerarse autor de dicho robo, si no tuvo nada que ver con su preparación ni con su ejecución. Será responsable de incumplimiento de su deber, pero no del delito de robo”.
Así, pues, los especialistas que analizan de cerca el caso aseguran que al acusar de homicidio doloso a Guillermo Zayas —y no de imprudencial—, el procurador Félix Cárdenas no sólo convirtió en preso político al otrora “superpolicía”, sino en chivo expiatorio de un escándalo en el que son responsables tanto la PGJDF como la SSP del DF. Es decir, por la vía del montaje político —del que Ebrard sabe harto—, se busca un culpable para exonerar a los de casa y calmar a fieras del coliseo mediático.
Y si el Tribunal de Justicia del DF no se presta a ese circo —de lo cual no existen garantías—, Zayas será absuelto de homicidio culposo en no más de seis meses, y purgará una condena por homicidio imprudencial no mayor a 18 meses de cárcel. Pero falta el informe de la CDHDF, potencial tapadera final del escándalo. ¿Por qué existen dudas al respecto?
Un seguimiento elemental de la relación entre la CDHDF y el jefe del GDF —desde el 5 de diciembre de 2006— deja ver una cordialidad preocupante para algunos —que se refuerza por elogios públicos de Emilio Álvarez Icaza a Marcelo Ebrard— y porque del gobierno de AMLO al de Ebrard, el presupuesto de la CDHDF saltó de 80 millones a 280 millones. ¿Se prestarán el Poder Judicial del DF y la CDHDF a ser tapaderas? Al tiempo.