Truenan aduaneros
Alberto Barranco
En carta a los secretarios de Hacienda y Economía, se acusa a la Cofeco de promover una política comercial autista y totalmente atípica en sus afanes librecambistas
Furiosos por su ubicación como patitos feos en la escenografía contraria a la competitividad en materia de comercio exterior que pintó la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), los agentes aduanales se lanzan a la yugular de la dependencia.
En carta a los secretarios de Hacienda y Economía, además de los presidentes de las comisiones del ramo en el Congreso, la acusan de promover una política comercial autista y totalmente atípica en sus afanes librecambistas.
El eje de la ira es la pretención de la instancia encabezada por Eduardo Pérez Motta de apertura total de fronteras, es decir tasa cero en materia de aranceles o impuestos de importación, “salvo en aquellos casos en que se determine un costo-beneficio de mantenerlos”, en afán de agilizar el tráfico de mercancías.
El esquema, alega la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, no lo tiene ningún país del planeta, con la novedad de que quienes más se acercan a él recurren a la implantación de otro tipo de barreras, por ejemplo las fitosanitarias.
“Los afanes librecambistas —señala letra por letra el documento elaborado por media docena de expertos— nublan a la Comisión, que hace tabla rasa de los principios de reciprocidad y legitimidad estatales, base del esquema multilateral de la Organización Mundial de Comercio”.
Y más: “El documento —es decir las recomendaciones para promover la aplicación de los principios de comercio y libre competencia en el diseño y aplicación de políticas y regulaciones del comercio exterior de mercancías— peca de un voluntarismo mercantil digno de una gerencia de importación”.
¡Pácatelas!
El problema, naturalmente, se centra en que, bajo el escenario idílico que se plantea, se eliminaría gradualmente el tránsito de despacho aduanal para operaciones de importación y exportación, desapareciendo el requisito de prevalidación y el segundo reconocimiento de mercancías.
Dicho con todas las letras, se les acabaría la chamba a los agentes aduanales, cuyo número, a juicio de la instancia en cruzada por la libre competencia, es excesivo.
El problema, de entrada, es que actualmente operan en el país 900 agentes aduanales, en un entorno en el que se realizan un millón 800 mil operaciones por año.
Suprimir éstos implicaría que 80 mil contribuyentes atiborraran las aduanas para realizar sus trámites.
Más allá, aunque las empresas tienen la opción de utilizar a sus propios empleados para hacer la tarea, éstos no asumen las responsabilidades de los profesionales a la hora de la verdad, es decir, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detecta irregularidades.
Y si le seguimos, para ejercer una patente los despachos son sometidos a rigurosas pruebas de aptitud.
La posibilidad se abrió hace 90 años, es decir, en 1918, bajo el gobierno del presidente Venustiano Carranza, lo que plantea una larga larga experiencia.
Ahora que los agentes aduanales hablan de traición de la dependencia con etiqueta de autónoma, al no tomar en cuenta sus opiniones planteadas en la consulta realizada en febrero pasado.
De acuerdo con su aserto, la Cofeco (dicen algunos) sataniza la tarea de los agentes aduanales y los prevalidadores, al considerar que sus tareas representan un alto costo para las operaciones de comercio exterior, en perjuicio de la competitividad, pero no se plantea un análisis real que permita identificar dicho costo en las operaciones.
Más aún, tampoco se exhiben pruebas de que los importadores o exportadores pugnen por modificar las condiciones de dicho servicio.
Y, ya encarrerados, acusan al presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta, de “no encuadrar sus actos y opciones a lo prescrito por el artículo 128 constitucional para los funcionarios públicos, de salvaguardar la Constitución y las leyes que de ella emanan”.
Las recomendaciones de la Cofeco, sostienen los agentes aduanales, “presentan un conjunto de afirmaciones frontalmente violatorias del marco constitucional y legal”.
Los obuses, pues, están a peso.
Por lo pronto, a mes y medio de la presentación por parte de la Cofeco del documento de la discordia, aún no llega la discusión de fondo.
Balance general
La noticia es que Banamex, o si lo prefiere Roberto Hernández y compañía, perdió el primer round en su pelea con el grupo Vitro que encabeza Federico Sada González, al decretar el juez de la causa el congelamiento de las acciones de la discordia.
Como usted sabe, la firma de Monterrey acusó a la intermediaria de haber adquirido en forma subrepticia en el piso de remates, bajo la fórmula de operación–hormiga, acciones que acumulan un paquete equivalente a 14.4% de su capital.
La empresa fabricante de vidrio mantiene en sus emisiones una cláusula de exclusión para extranjeros. Y, como usted sabe, Banamex pertenece al Citicorp de Estados Unidos.
Ahora que en la fase previa a su extranjerización el banco perdió un pleito contra Altos Hornos de México, en diferente escenarios, al vender en la antesala de que la firma siderúrgica se declarara en suspensión de pagos, acciones que le había dejado en prenda por un préstamo.
El pleito actual podría durar tres años.
Fuera de lugar
Por aquellas cosas raras de la vida, pendiente la resolución final del tema por parte del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hete aquí que el juez Tercero de Distrito de Veracruz, con sede en Boca del Río, le acaba de conceder un amparo al Centro Empresarial de la Entidad Federativa, filial de la Coparmex, contra el nuevo escenario que plantea la reforma electoral con carácter constitucional.
El punto fino apunta a la imposibilidad de que los particulares puedan contratar spots en medios electrónicos para denostar o alabar a los candidatos a puesto de elección popular.
La victoria, pues, resultó estéril.
Escuela priísta
Modificados los estatutos internos de la Concamin al capricho de su actual dirigente, Ismael Plascencia, hete aquí que la mesa quedó lista para que al término de su ejercicio pase a integrar las filas del Consejo Técnico del Seguro Social.
Por lo pronto, colocado el pase automático para los ex presidentes, el turno será para Javier Prieto de la Fuente, en lo que se planteará como su reivindicación tras su efímero paso como servidor público en el sexenio.
Como usted sabe, el ex funcionario de Cementos Mexicanos fue designado subsecretario de Promoción de la Secretaría del Trabajo, puesto al que renunció intempestivamente alegando simplemente que “no se hallaba”.
El desplante irritó al titular de la dependencia, Javier Lozano Alarcón, con la novedad de que Prieto fue a Los Pinos a quejarse de él.