¿Pena de muerte o pena de vida?
Ricardo Alemán
Calderón: oportunista, populista y demagogo con la cadena perpetua
Impunidad y complicidad, cultura de instituciones y clase política
Ante un crimen como el de Fernando Martí, la respuesta de siete de cada 10 ciudadanos es reclamar la pena de muerte para esos criminales. Resulta entendible la reacción social frente a la brutalidad que indigna y ofende.
Pero también es cierto que resulta inútil la pena de muerte ante un Estado mexicano cuyos actores son incapaces de entender que no asistimos a un problema de penas mayores, sino de eficacia o mediocridad; problema de raíces viejas, ancladas en lo más profundo del terreno social: cultura de la impunidad, culto a la complicidad y fiesta de la negociación política de la ley.
Falso que el secuestro y otros delitos puedan terminar si se aplica esa joya del refranero popular: “Muerto el perro se acaba la rabia”; como también es cierto que pretenden engañar los que aseguran que la ley del talión —ojo por ojo— es la fórmula para acabar con crímenes como el de Martí. Y es claro que intentan tomarnos el pelo los gobernantes que como justificación recurren a la simpática pero cínica voz popular que reza: “Ahogado el niño, a tapar el pozo”.
El problema no sólo está en la proliferación de policías que son delincuentes y secuestradores, sino que el conflicto se localiza en el Estado y en su clase política, que ante los ojos de todos viven en y de la cultura de la impunidad; han convertido en culto la complicidad y en fiesta permanente —con borrachera y resaca— la negociación política de la ley. Partidos, políticos y gobernantes han pasado sobre la ley, la han negociado, se han hecho de la vista gorda por este o aquel asunto, y se han beneficiado de ese burlado estado de derecho.
Así, ante una ruindad como el secuestro y el crimen, abundaron los llamados a la pena de muerte como castigo ejemplar, en tanto que otros insisten en la cadena perpetua. Sanciones con tufo autoritario que en el fondo parecen ocultar la sabida ineficacia de las instituciones del Estado. Pero en especial la pena de muerte asoma como la justificación ideal para enmascarar el fracaso de la política y las acciones del Estado frente a la criminalidad desbordada.
La pena de muerte es llamada “la pena máxima”. Acaso por eso la mayoría apela a su legalización como castigo a asesinos y secuestradores. Pero a muchos se les olvida que existe algo peor que la muerte. ¿Qué es eso? Lo que algunos conocen como “la muerte en vida” y otros llaman “no dejar vivir”. Sólo los padres, hijos, esposos, hermanos de quienes son víctimas de secuestro y asesinato saben de la muerte en vida o lo que significa no dejar vivir.
Esas personas viven un sufrimiento que va más allá de la muerte; viven la muerte en vida, una tragedia que no los deja vivir. En cualquier caso, por impunidad, complicidad o gracias a una eventual legalización de la pena de muerte, los secuestradores y criminales nunca purgarán sus atrocidades con un dolor igual al que de por vida viven los familiares de sus víctimas. Por eso la pena de muerte parece estar más cerca de una venganza social, por un lado, y por el otro, de un pasaporte casi divino para que los infractores terminen su vida casi en calidad de mártires.
Por eso cada vez son más las voces que apelan a que en lugar de la pena de muerte se proponga la “pena de vida” para los secuestradores y criminales. ¿Qué es la pena de vida? Que aquellos que secuestran y matan a sus víctimas vivan para pagar sus delitos en condiciones ideales: que sean detenidos, enjuiciados y encarcelados con estricto apego a la ley, en procesos ajenos a la impunidad, la complicidad, la compra de privilegios en prisión. Esos procesos y esas prisiones sí serían ejemplares. Por eso hasta los narcos hacen todo lo necesario para evitar ser extraditados a cárceles de EU.
¿Pero eso será posible? No mientras que el conjunto de las instituciones del Estado, los partidos, legisladores, juzgadores y gobernantes no rompan la cultura de la impunidad, el culto a la complicidad y la fiesta de la negociación política de la ley.
Y ante la irritación social por el secuestro y crimen de Fernando Martí, el presidente Calderón decidió reeditar su propuesta al Congreso para que los secuestradores sean condenados a cadena perpetua. De suyo, la iniciativa tiene aristas positivas, como excluir socialmente a los criminales. Pero la cadena perpetua es una parte del todo que debe ser reformado, no el todo, como lo pretende el Presidente.
No sólo se equivoca Calderón, sino que aparece como populista, oportunista y demagogo, porque igual que la pena de muerte, la cadena perpetua no servirá de nada frente a un Estado y una clase política permeadas por la cultura de la impunidad, el culto a la complicidad y la feria de la negociación política de la ley. Junto con la cadena perpetua deben cambiar impunidad, complicidad y negociación política de la ley.