Enrique del Val Blanco
Lamentablemente ante el desastre que vive el país, originado entre otras cosas por la incompetencia del actual gobierno en varios temas —como su propuesta de reforma energética o la defensa hasta el absurdo del secretario de Gobernación, acompañados por el desbarajuste del PRD que quizá marque su final, y el relajo de la Iglesia con el caso del cardenal Posadas, enfrentando obispos contra obispos—, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó el informe del resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006 ante la H. Cámara de Diputados.
Vale la pena revisar dicho informe que, entre otros asuntos, habla de la seriedad con que el órgano superior de fiscalización asume su trabajo y da buenos resultados en materia de auditorías.
En el informe ejecutivo hay algunos casos en los que ahora será necesaria la intervención decidida de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para poner coto a la manifiesta irresponsabilidad de varios servidores públicos, incluso algunos de ellos siguen siéndolo.
Por ejemplo, sorprende enterarse que en el ISSSTE la preocupación por la calidad sea un mero sofisma. Del compromiso hecho por la administración de certificar las distintas unidades hospitalarias, sólo se logró en 10% de ellas, mientras que existe un déficit de 2 mil camas.
También es el caso de la SEP, con la famosa Enciclomedia. Los auditores comprobaron que, de conformidad con la prueba ENLACE de 2006, los resultados de aquellos alumnos que contaron con el supuesto instrumento moderno fueron inferiores a los que no tuvieron acceso al mismo. Específicamente, alumnos de quinto y sexto año de primaria que gozaron del programa obtuvieron 24 puntos menos que quienes no contaron con él. Tal dato debe tomarse en cuenta por la actual administración para revisar hasta dónde Enciclomedia representa un avance.
Pero quizá uno de los casos más graves, por las implicaciones que tiene, es el referente a la auditoría realizada a la concesión otorgada a Sistemas Profesionales de Comunicación S.A. de C.V., ahora conocida como Operadora Unefon S.A de C.V.
Este caso, según el informe mencionado, demuestra la lenidad con la que actuaron varios servidores públicos de administraciones pasadas, algunos actualmente en altos puestos públicos.
Todo iba bien. Unefon ganó la licitación de los 18 títulos de concesión que amparaban 27 frecuencias y pagó en tiempo y forma 20% de la suma total al momento de recibir la notificación de haber ganado, de conformidad con las bases de la licitación. Pero a los pocos días Unefon solicitó una prórroga por 180 días para el pago del 80% restante, aproximadamente 2 mil millones de pesos. El pleno de la Cofetel se la otorgó mediante el pago de intereses, consultando previamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estuvo de acuerdo; ambas sin tener facultades.
Por segunda ocasión la empresa ganadora solicitó, ahora a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), otra prórroga y ésta amablemente, ante la petición de tan importante empresa, también se la otorgó.
Todo seguía bien para el gobierno y la empresa, pero resulta que ésta, cuyos dueños se han caracterizado por no tener muy altos valores morales, empezó a “hacer su luchita” al darse cuenta de que la Cofetel y la SCT carecían de facultades para fijar intereses. A partir de ese momento todo se desenvolvió en reclamos comerciales y jurídicos, en los que incluso la SCT rebasó los tiempos legales para contestar un recurso de revisión, permitiendo que la empresa promoviera y ganara un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por este juicio de nulidad, ya en la administración actual, la SCT tuvo que devolver cerca de 600 millones de pesos.
Pero ya encarrilada en su estrategia, ahora la empresa solicita la devolución de los intereses “injustamente” cobrados, tomando en cuenta el tiempo transcurrido y los cambios de precios en el país, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Mayor cinismo no puede haber.
Gracias a la Auditoría Superior de la Federación nos hemos enterado del caso. Ahora la SFP tiene la palabra para fincar las responsabilidades que, de seguir como va el caso, son muy graves. La primera pregunta que la SFP debe hacerles al pleno de la Cofetel, la SCT y la SHCP es ¿por qué si Unefon no cumplió con las bases de licitación al pedir prórrogas que no estaban consideradas en las mismas, no se canceló la concesión y se abrió otra licitación? Porque ahora los otros concursantes también podrían inconformarse con la decisión tomada. Justamente, estarían en su derecho.
Un problema adicional es que estamos hablando de una reclamación de más de 2 mil 500 millones de pesos y éstos sí serían fondos públicos, que deberían pagar aquéllos que autorizaron indebidamente las prórrogas. Tampoco se vale que ahora salgan con que ya prescribió el asunto, pues sería una burla para todos.
Como bien dijo el auditor superior en su intervención, “mientras no se reduzca de manera sustancial la burocracia, la tramitología y sobre todo la discrecionalidad de los servidores públicos, será muy difícil abatir los niveles de corrupción existentes en el país”, y agregamos, la licitación de Unefon es un gran ejemplo de ello.
Hasta que los servidores públicos entiendan que no manejan decisiones ni recursos particulares, el combate a la corrupción será un mero anhelo en este país tan dañado por esta lacra, que al parecer no sólo no se reduce, sino que crece cada día.
Analista político y economista