Manuel Camacho Solís
El cambio de consejero presidente del IFE al que obliga la reforma constitucional, así como de los consejeros, es producto de la crisis electoral de 2006. El cambio debe, antes que cualquier otra cosa, servir para que en las próximas elecciones no se repitan los hechos ni se generen las percepciones que deslegitimaron la elección anterior. Con ese criterio deben escogerse a los nuevos funcionarios del instituto.
La nueva composición de presidente y consejeros debe lograr dos propósitos imprescindibles. Uno: que sea resultado del acuerdo de las fuerzas políticas y satisfaga las expectativas de las opinión pública. Dos: que a quien elija la Cámara de Diputados, tenga una personalidad sólida para hacerse respetar por los múltiples intereses con los que tendrá que relacionarse, desde los partidos políticos y el gobierno, hasta los dueños y directores de los medios de comunicación. Digo, hacerse respetar por su inteligencia, competencia y trato respetuoso; no digo generar relaciones tensas basadas en la intimidación.
La experiencia del consejo anterior demuestra cuál es el camino que no debiera repetirse. En la última elección de consejeros se cometieron dos errores: el primero fue haber excluido a la izquierda del acuerdo. Desde ese momento el nuevo consejo nació con un déficit de legitimidad y con sospechas de que estaría manipulado por una parte de las fuerzas políticas. El segundo fue que, al final, ante la ausencia de una figura de peso suficiente, se escogió a un presidente cuyo peso específico en ese momento era para ser consejero, pero no para ser presidente.
Conviene recordar que entonces, en un momento en que la izquierda en la Cámara de Diputados tenía un bajo tercer lugar, el PRI y el PAN habían aceptado que dos de los consejeros fueran propuestos por el PRD y que el presidente del IFE fuera un ciudadano aceptado por los tres partidos políticos; en ese momento, quien reunía las características necesarias para ser presidente era Diego Valadés. Ese acuerdo no prosperó, por algunos errores que cometió el propio PRD y por la reacción oportunista y de agandalle de los otros partidos. La exclusión de la izquierda y el agandalle marcaron negativamente esa decisión y contribuyeron a la deslegitimación de la elección. Eso no debiera repetirse.
La elección de presidente del IFE no es sencilla. Quienes tendrían las condiciones apropiadas (nivel, autoridad y consenso), como las tuvo José Woldenberg, no están disponibles. El doctor Juan Ramón de la Fuente ha decidido no participar en ese proceso. Al igual lo ha decidido Diego Valadés.
En esas condiciones, de no haber un candidato a presidente del consejo del IFE —con el nivel, la autoridad y el consenso necesarios— la elección del presidente debiera contemplarse como parte de un paquete cuya primera necesidad, evidente, es lograr la inclusión de la izquierda. Pues si el cambio se ha hecho para remediar las condiciones anteriores, sería ridículo que, después de haber llegado hasta el punto de una reforma constitucional de buen calado, ahora, por la politiquería, se echara a perder todo ese esfuerzo para volver a la condición anterior.
Esta circunstancia representa para la izquierda una gran responsabilidad. Su objetivo no debiera ser apoderase de un cargo, sino contribuir determinantemente a recuperar el prestigio y la autoridad del IFE. Su propósito no debiera ser controlar a la institución, a manera de revancha, sino garantizar la debida independencia y decencia en la actuación de los nuevos consejeros y del presidente.
Para ello hay dos maneras de lograrlo. Una es proponer a un presidente (o presidenta) que tenga el suficiente peso y autonomía como para que los otros partidos no lo puedan descalificar. Esta sería la mejor opción. La otra es aceptar un presidente con nivel, aun cuando no se simpatice con él, a cambio de —por lo pronto— un consejero experimentado y combativo, así como la secretaría ejecutiva. Menos que eso, sería volver a recorrer el camino de la ilegitimidad, para llegar a la anulación de la próxima elección.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista