Lorenzo Córdova Vianello
El pasado martes 13 de noviembre fue publicada la reforma constitucional en materia electoral que el “órgano reformador de la Constitución” (mal llamado por muchos “poder constituyente permanente”) había aprobado en las semanas previas. A partir del día siguiente, con la entrada en vigor de la reforma, varios de los efectos deriva-dos de la misma comenzaron a surtir efecto.
Por un lado, comenzaron a correr los 30 días que la misma reforma concede al propio Congreso para reformar las varias leyes secundarias para adecuarlas a los nuevos contenidos constitucionales y para que la Cámara de Diputados designe a los tres nuevos consejeros electorales del IFE (incluido su presidente), e inicie así la renovación escalonada del máximo órgano de dirección del instituto. Por otra parte, también comenzó el plazo de 12 meses para que las legislaturas locales cambien sus normas electorales en el sentido marcado por las nuevas reglas constitucionales.
Pero también hay otros efectos directos de la reforma que, con independencia de su posterior regulación secundaria, impactan desde ahora en nuestro sistema político. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que el Tribunal Electoral ya puede juzgar la constitucionalidad de cualquier ley electoral federal o local en los asuntos que conoce, pero sobre todo a la prohibición expresa para que los gobiernos de cualquier nivel puedan transmitir publicidad durante las campañas electorales, y que, en todo caso, dicha publicidad no puede ser personalizada, es decir, contener la imagen o la voz de un gobernante.
Durante el pasado proceso electoral, cuando muchos criticaron la incontinencia mediática del gobierno de Fox (que erogó, según se sabe, alrededor de mil 900 millones de pesos en compra de publicidad gubernamental durante las campañas electorales), como un elemento desequilibrador de la competencia política, hubo voces que sostenían que era un legítimo derecho de los gobiernos defenderse de las acusaciones de que eran objeto por parte de los candidatos y los partidos de oposición; que no era justo, pues, que tuvieran que quedarse callados frente a las denuncias y críticas que se les hacían en el fragor de las contiendas electorales. Así se pretendió justificar la disruptiva presencia del gobierno federal, del gobierno del DF y también de otros, que daban respuesta o incluso participaban de la feria de denuncias y descalificaciones que abundaron en las campañas.
El problema es que dichas campañas deben ser un espacio de confrontación democrática entre los partidos y sus candidatos, y no entre éstos y los funcionarios públicos. Todos los funcionarios electos tienen una filiación partidista y, por lo tanto, la defensa de sus respectivas gestiones públicas frente a las acusaciones que se les hacen corresponde a sus partidos políticos, es decir, a los contendientes en una elección. Pretender lo contrario significa partidizar espacios (los gobiernos, precisamente) que, por su propia naturaleza, deben guardar neutralidad durante una elección; de otra manera significa aceptar que la competencia política se da entre partidos e instancias del Estado (como, por cierto, ocurría hace no mucho tiempo en nuestro país).
Pero también hoy la propaganda pública debe tener un carácter meramente institucional. Casualmente, las nuevas reglas comenzaron a operar en un contexto de catástrofes naturales en Tabasco y en Chiapas, en el cual había habido una profusa difusión de mensajes del gobierno federal y del gobierno tabasqueño. Éstos tuvieron que interrumpirse a medio camino. Los alcanzó la reforma. De ahora en adelante veremos un cambio radical en el que el culto a la personalidad, tan arraigado entre nosotros, y que se veía reforzado en el pasado precisamente con la publicad pagada con recursos públicos, o transmitida en los espacios del Estado, será sustituido con el reforzamiento de las instituciones.
Los liderazgos políticos son importantes en toda sociedad de masas, pero éstos nunca deben rebasar a las instituciones. Esa es una de las condiciones esenciales de las democracias constitucionales. Las nuevas reglas en materia de publicidad gubernamental no resuelven de por sí ese problema, pero al menos servirán para encauzarlo en la dirección adecuada.
Investigador y profesor de la UNAM