Lorenzo Córdova Vianello
La guerra al narcotráfico decla-rada por el actual gobierno desde las primeras semanas de su gestión tiene visos de no lograr un final feliz. Por mucho que el Presidente y su gabinete argumenten que la violencia recrudecida en los meses recientes es la consecuencia de que se le está ganando la guerra al narco, lo cierto es que la percepción común apunta en el sentido contrario.
¿Puede realmente ganarse de manera definitiva la lucha al narcotráfico? Me parece que mientras la demanda de estupefacientes de nuestros vecinos del norte —los principales consumidores del mundo— se mantenga, y la prohibición del consumo de droga continúe, volviendo al narcotráfico un negocio rentable como pocos, pretender ganar esa guerra no es otra cosa más que una buena intención.
Entendámonos, no pretendo decir que ante ese fenómeno no hay otra salida más que cruzarnos de brazos y rendirnos ante lo evidente. Ello significaría pretender que el Estado claudique de su función de procurar la paz social, perseguir los delitos y someter a todos los “poderes salvajes” —como los ha definido Luigi Ferrajoli— a su potestad. El combate al crimen organizado por parte del Estado debe darse, pero para ser exitoso requiere una política racional y consciente de sus limitaciones intrínsecas y de la complejidad del problema. Sólo así puede delinearse una estrategia que pueda controlar y contrarrestar el fenómeno de la delincuencia organizada.
La mera estrategia de combatir al narco con mano dura está revelándose insuficiente e ineficaz. El uso del Ejército en tareas de policía no es la mejor estrategia para combatir el crimen organizado (con todo y que las recomendaciones —más bien exigencias— de EU planteen lo contrario). Desde las primeras semanas de la decisión del gobierno federal de utilizar a las Fuerzas Armadas en operativos permanentes contra el narcotráfico, varios expertos señalaban que el recurso del Ejército es la última carta que tiene el Estado para enfrentar la delincuencia, después de ella no hay otra; y comenzar una gestión gubernamental jugando la última carta era, para decir lo menos, arriesgado.
Ello por no hablar de la exposición a la que se coloca a las Fuerzas Armadas a hechos que dañan su prestigio y buen nombre público, como los lamentables casos de Zongolica y de la familia muerta en Sinaloa, entre otros (la presencia del Ejército en la calle implica invariablemente abusos y eso no le conviene a nadie).
Recuerdo que en un seminario realizado en Palermo en junio de 1997 el alcalde de esa ciudad, Leoluca Orlando, señalaba que sólo hasta que el Estado italiano comprendió y reconoció que la mafia constituía un problema no sólo criminal, sino fundamentalmente social, la lucha en su contra empezó a tener éxito. En efecto, la mafia —como hoy el narco en México— permeaba todas las esferas sociales; se compenetraba en política, negocios, religión y vida cotidiana. La mafia, era, señalaba Orlando, “un Estado dentro del Estado”.
Ya tampoco en nuestro caso la existencia del narcotráfico, tan difundido y arraigado a lo largo y ancho del país, responde solamente a razones criminales. Desafortunadamente, constituye una realidad que, en ocasiones, llega a ser un fenómeno social y hasta cultural (como la mafia en Sicilia). Reconocer lo anterior es el primer paso hacia un combate eficaz de ese tipo de criminalidad.
Lo anterior supone una serie de estrategias diversificadas que pasan no sólo por el reforzamiento de las acciones de combate policiaco, sino también por políticas variadas que van desde la inteligencia financiera y el combate a la corrupción hasta los proyectos de inversión y de desarrollo social en las zonas afectadas por el fenómeno criminal.
Es increíble que el máximo decomiso de dinero (los 205 millones de dólares de Zhenli Ye Gon) haya sido una mera casualidad y no resultado de la efectividad de los sistemas de inteligencia, que parecen haber olvidado que el principal poder del narcotráfico no es armado sino financiero. Y a la par es inconcebible que el combate a la corrupción y la determinación de programas de asistencia social no respondan —entre otras razones— a políticas integrales encaminadas a debilitar al crimen organizado en sus áreas de influencia.
Con todo y que se trata de fenómenos que difícilmente podrán erradicarse mientras persistan las razones que los provocan, un combate eficaz a los mismos sólo puede ser el resultado de diversificar estrategias y políticas.
Investigador y profesor de la UNAM