Jorge Emilio González M.
En materia de medio ambiente nues-tro federalismo ha avanzado con pasmosa lentitud. Anteriormente, casi la totalidad de las labores de tratamiento de residuos, así como de conservación y protección de nuestros recursos naturales, eran responsabilidades reservadas al gobierno federal, pero no se promovían acciones o se impulsaban políticas ambientales ni desde las secretarías de Estado ni desde los gobiernos de las entidades federativas ni de los municipios.
A diferencia de lo que ocurría hace 15 o 20 años, cuando surgieron los movimientos ambientalistas en México y se crearon las primeras autoridades y leyes específicas para atender asuntos ecológicos, hoy en día los temas ambientales comienzan a estar presentes en la agenda de los diferentes niveles de gobierno. Para ello ha sido necesario descentralizar recursos presupuestales, facultades constitucionales y responsabilidades administrativas en muy diversas materias, como el manejo del agua, los residuos sólidos y de los suelos, a efecto de que los estados y los municipios puedan hacerse cargo, directamente o en colaboración con la Federación, de las distintas problemáticas ambientales que afectan a los mexicanos a lo largo de nuestro territorio.
Es de destacarse por ello que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) impulsara en marzo del presente año un foro sobre medio ambiente. En dicho foro abordaron asuntos como la transversalidad de las políticas públicas, el desarrollo sustentable, así como diversas estrategias de fortalecimiento al federalismo en materia ambiental, que incluyen entre muchas otras acciones el desarrollo de mecanismos de financiamiento para crear una infraestructura para el control de las emisiones contaminantes y para contener los impactos asociados a la gestión ambiental.
Esta es también la primera ocasión en que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, propuesto por el Ejecutivo federal, incluye un capítulo específico en materia de sustentabilidad ambiental, en el que se enuncian los propósitos de la administración que comienza respecto del agua, los bosques y selvas, la biodiversidad, el ordenamiento ecológico del territorio, los residuos sólidos y peligrosos, la investigación, educación y cultura ambiental, así como el cambio climático.
En el mismo sentido, el gobierno del estado de México ha estado dándole un gran impulso a la Secretaría del Medio Ambiente del estado, favoreciendo la publicación y entrada en vigor del nuevo Código para la Biodiversidad del estado de México; en tanto que el gobierno del Distrito Federal recientemente organizó la llamada Consulta Verde, en la que preguntó a los capitalinos su acuerdo o desacuerdo con 11 propuestas destinadas principalmente a mejorar la calidad del aire de la ciudad de México.
Sin lugar a dudas, la agenda ambiental ha comenzado a ser del interés de los diferentes niveles de gobierno. No obstante, para que nuestro sistema federal se convierta en un auténtico instrumento de regulación ambiental y de promoción del desarrollo sustentable, se requerirá no solamente debatir en torno al reparto de mayores recursos del presupuesto, competencias y/o facultades entre la Federación, los estados y los municipios. Necesitamos en principio mecanismos de coordinación más efectivos, toda vez que las afectaciones al medio ambiente no respetan fronteras legales o político-administrativas.
Podríamos empezar, por ejemplo, estableciendo un mecanismo de coordinación para estandarizar el muestreo estadístico y el monitoreo de las emisiones de gases en todo el país, de manera tal que cada estado y municipio presente directamente la información que generan las industrias y sectores contaminantes de sus respectivos territorios bajo el mismo formato, a efecto de que dicha información pueda ser evaluada, comparable y verificable. Con una medida así, sabríamos realmente si las acciones de cualquier gobierno están funcionando para mejorar nuestro aire y nuestra calidad de vida.
Presidente nacional del PVEM