Mauricio Merino
Una vez más, una multimillo-naria transferencia de recursos de Pemex al sindicato de trabajadores de esa empresa, que formalmente pertenece a todos los mexicanos, ha generado escándalos y litigios. Dudo que sea una reedición del caso que se conoció hace cuatro años como Pemexgate, pues aquél implicó el traslado de 500 millones de pesos a las arcas del Partido Revolucionario Institucional durante la campaña del año 2000, mientras que las noticias del nuevo quebranto ocurrido en 2004 parecen derivarse exclusivamente de la presión sindical. Por lo demás, ahora se trata de mil 724 millones de pesos.
Estamos acostumbrados a la corrupción y a la anomalía. Tanto, que lo raro no es que sucedan sino que se castiguen. Sin embargo, los alegatos del ex director general de esa empresa, Ramón Muñoz Leos (publicados en este diario el domingo pasado), producen escalofríos. Según ese personaje, ese dineral sirvió para “salvar al país del grave riesgo” que hubieran significado los reclamos y la huelga del sindicato. Una organización de trabajadores que, además, tiene cinco asientos garantizados de los 11 disponibles en el Consejo de Administración de la empresa que, según Muñoz Leos, fue chantajeada hasta el punto de poner en “grave riesgo” la seguridad nacional.
El episodio no tiene ningún desperdicio. Ya de entrada, cuesta trabajo creer que sea el mismo sindicato que en el año 2000 generó uno de los escándalos políticos más comentados de la historia reciente de México el que vuelva a tomar las arcas de la empresa petrolera para servir a sus intereses como si no hubiera pasado nada. No se trata solamente de impunidad, sino de algo mucho más hondo: es la revelación de una conciencia plenamente asumida del poder que tiene en las manos.
Ni siquiera puede pensarse con seriedad en la ignorancia de los procedimientos formales, pues ya sabemos que ese grupo pertenece al Consejo de Administración, donde vigila los números y la operación cotidiana de Pemex como si fuera accionista de pleno derecho. De modo que no puede afirmarse que desconociera la ruta ilegal del dinero obtenido. La cosa es que no era importante: el poder político y económico acumulado le alcanzaba y aun le sobraba para saber que de todos modos no pasaría nada, y que a la postre no sólo encontraría el modo para sobrellevar el escándalo, sino también para que alguien más pagara los costos.
La actitud de los funcionarios que autorizaron la transferencia tampoco deja lugar a dudas: lo que se ha publicado hasta ahora habla de una visión que consistió (en el mejor de los casos) en evitar el conflicto antes que cumplir con la ley. Que el dinero no fuera suyo era cosa menor: con un arreglo formalmente explicable, podría decirse que en política cualquier cosa que se pueda comprar es barata. Y además, en Pemex las cifras multimillonarias no le cortan la respiración a nadie. Así que bastaba la fuerza del argumento de salvación para ejercer la autoridad concedida como lo hubiera hecho cualquier gerente de una empresa privada.
El problema es que no se trata de asuntos privados, sino de la mayor empresa pública del país. Y es este adjetivo el que suele olvidarse con mucha frecuencia. La captura de los espacios que nos pertenecen a todos, a nombre de intereses privados, es el principio básico de la corrupción. Y tan corrupto es quien se lleva el dinero público a casa sin haberlo ganado legalmente, como quien lo entrega en nombre de intereses políticos que cree superiores al interés público. Actuar con responsabilidad y prudencia no significa cumplir con la ley solamente en la medida de lo posible.
Aunque eso crean muchos funcionarios que se precian de ser eficaces (e incluso lo presuman a voz en cuello), en un estado de derecho que se respete, los resultados nunca deben estar por encima de la legalidad. Confundidos con su formación de iniciativa privada, se equivocan con la analogía: en la administración pública, el éxito no consiste en obtener lo que se persigue a pesar de todo, sino en lograrlo sin faltar jamás a la ley. De ahí la enorme dificultad de encontrar administradores públicos que de veras lo sean, y no gerentes privados dotados de atribuciones legales. Son dos oficios distintos.
Por su parte, los líderes de los sindicatos de empleados públicos más poderosos de México no sólo han convertido la negociación laboral en negocio a secas, sino que han hecho del espacio público un asunto privado. Hace mucho que no hablan (ni viven ni actúan) como trabajadores, sino como dueños. Pero no los originales, sino los herederos: los que dan por hecho que la fuente de ingresos de la que abrevan no se agotará nunca y pueden pedirle todo lo que se les antoje, sin ofrecerle a cambio el mismo esfuerzo de los padres y los abuelos.
En rigor (y aunque parezca un contrasentido), se trata de líderes con cultura burguesa de segunda generación: auténticos juniors del espacio público, confiados y seguros del poder que les fue conferido y que nadie se atrevería a arrebatarles sin pagar costos altísimos.
Quizá por esa razón unos y otros se entienden y encuentran cómodos. Hablan el mismo idioma y persiguen propósitos similares: obtener el mayor provecho posible de las empresas a las que sirven, como si fueran los dueños y los gerentes de negocios privados. Unos en nombre de la eficacia política y gerencial (o algo así), y otros del bienestar de sus agremiados (y del suyo propio, en primer lugar), ambos pasan por alto que la única justificación de los medios que están a su alcance es la dignidad y la consolidación del espacio público. Que su razón de existencia no está en el éxito de las negociaciones que emprenden, ni en sus habilidades para garantizar su complicidad mutua, como dos familias mafiosas que se ponen de acuerdo, sino en el provecho que pueden ofrecerle al conjunto de los mexicanos que pagan sus sueldos.
Cada vez tenemos menos trincheras para defender el espacio público en México. Lo que no se ha privatizado por vía legal, se ha privatizado por medios políticos, cuando no criminales. He aquí otro caso, entre muchos.
Profesor investigador del CIDE