Enrique del Val Blanco
Tal y como era de esperarse, la crisis hipotecaria originada en Estados Unidos ha hecho que en todos los países las perspectivas económicas se vean afectadas, a pesar de que en algunos casos, como en México, las autoridades al inicio trataron de hacer ver que, como siempre, no pasaría nada. Ha sido el director gerente del Fondo Monetario Internacional quien esta semana ha expresado claramente que la situación de inestabilidad económica y financiera todavía no termina y que las cifras de crecimiento económico en todo el mundo seguramente tendrán que ser revisadas hacia la baja.
La desaceleración del crecimiento en Estados Unidos ya se da como un hecho y seguramente afectará a la economía mexicana, contraviniendo las recientes declaraciones del gobierno, en el sentido de que hay fuentes importantes de estabilidad que nos permitirán enfrentar mejor dicha desaceleración, por lo que mantiene la expectativa de que la inflación de este año sea de alrededor de 3.8%. Por cierto, cuando las autoridades mencionan la palabra “alrededor”, generalmente significa que la cifra estará por arriba de la mencionada y, en este caso, seguramente así será, de acuerdo con lo que estamos viendo en materia de aumentos de los precios de un sinfín de bienes y servicios.
El día de ayer, el Presidente de la República dio una conferencia de prensa en la que anunció que en lo que resta del año no se aumentarán los precios de las gasolinas, el diesel, el gas doméstico y la energía eléctrica para los consumidores, con el objeto de no afectar a quienes menos tienen.
No obstante, el problema radica en que los que menos tienen ya han sido afectados por la escalada de precios que se vive en el país. Escalada que por cierto se dio antes de que se hiciera efectivo el aumento en el precio de la gasolina y que, dadas las condiciones del país, hubiera sido catastrófico para la economía mexicana y los bolsillos de millones de habitantes, no por el monto de dicho aumento sino por las expectativas que crea.
Muchos precios han aumentado haciendo que el índice inflacionario correspondiente a la primera quincena de este mes haya alcanzado la cifra de 0.62%, la más alta en los últimos seis años, originada fundamentalmente por las alzas en las frutas y verduras, educación y, según lo menciona el Banco de México, también por el alza de los bienes administrados por el gobierno. Recordemos que la gasolina, la energía eléctrica y el gas suben de precio mes a mes desde hace varios años.
El Banco de México puso el dedo en la llaga hace algunos días, indicando que el aumento de las gasolinas, más allá de lo que ya subían, iba a ser inflacionario; sin embargo, se dejó pasar el tiempo, hasta la conferencia de prensa del día de ayer. Lo que el gobierno debería entender es que el no tomar las decisiones a tiempo origina mayores problemas, como es el caso actual.
Está bien que, como dijo el Presidente, el precio del bolillo se estabilice en un peso en los supermercados y que la tortilla sea la más barata en esos centros comerciales, pero el problema radica en que la mayoría de los pobres no tiene fácil acceso a este tipo de comercios, por la única y sencilla razón de que no existen en los lugares donde ellos viven. Además, el aparato de distribución del gobierno, Diconsa, ha sido desmantelado y de poco les sirve ahora a las comunidades, donde sus habitantes adquieren los productos que requieren a precios más caros que en las ciudades.
Y el gran problema radica en que el gobierno no tiene la fuerza ni los recursos para detener la escalada de precios que no está por venir, sino que ya llegó.
En un reportaje del martes pasado, EL UNIVERSAL destacaba un informe de la Secretaría de Energía, en el que Pemex argumentaba que el aumento del precio en el gas doméstico era producto de la inexistencia de una competencia real en el mercado, ya que hay suficiente gas para abastecer a todos, pero que se está a merced de los distribuidores. El informe es claro, pero la pregunta es: ¿qué van a hacer para meterlos al orden, más allá de hacer llamados de buen comportamiento?
Lo mismo pasa con las acciones de la Secretaría de Comercio y la Procuraduría del Consumidor, que no tienen los recursos legales suficientes para hacer que los industriales y comerciantes no le tomen el pelo a la gente en la venta de sus productos o con los aumentos de precios.
Además, después de tantos años de neoliberalismo, los industriales han entendido que la mejor manera de obtener mayores ganancias es poniéndose de acuerdo entre ellos, sin que la autoridad se entere, con el fin de evitar la posibilidad de una intervención mayor mediante la aplicación de controles de precios que, como van las cosas, parece que en algunos casos no sería una decisión tan mala.
Las perspectivas para el año próximo no son nada halagüeñas. Si el Presidente congeló los aumentos hasta diciembre significa, a menos de que se tome otra decisión, que los nuevos aumentos entrarán en vigor a partir de enero. Esta situación debe ser tomada muy en cuenta para las negociaciones salariales que están por venir, ya que la cifra inflacionaria para 2008 estará muy cercana a 5%, debido a los aumentos que ya se tienen y a los que entrarán en vigor al inicio del próximo año, situándose muy lejos del 3% pretendido por el gobierno.
Por cierto, no se trata de exacerbar los ánimos cuando varios analistas comentamos los problemas que vive México; tan sólo expresamos nuestra opinión que en ocasiones difiere de la gubernamental, pero sobre todo está basada en la realidad, con los datos oficiales. Creo que negar que hay graves incrementos de precios y que la inflación se está disparando es un gran error y hay que decirlo, aunque se afecte la comunicación social del gobierno.
Analista político y economista