Ernesto López Portillo
En el Departamento de Policía de Nueva York la evaluación interna del desempeño del oficial Michael Dowd lo describía como alguien con un excelente conocimiento de la calle y que fácilmente podía convertirse en un modelo a imitar por parte de otros oficiales.
Luego una comisión independiente de investigación encontró que el oficial modelo era posiblemente el más corrupto y violento de todo el Departamento. ¿Por qué sucedió esto? Porque una de las más importantes fallas en el desempeño policial ha sido, a lo largo del mundo, la incapacidad de establecer y mantener sistemas eficaces de evaluación del personal. México no es la excepción.
La mayor parte de nuestros mandos policiales y secretarios de seguridad pública siguen anclados en una visión convencional de la evaluación policial, según la cual es posible medir la calidad de las instituciones policiales y mejorarla sólo evaluando y corrigiendo a su personal. Esta fórmula propone que buenos oficiales harán buenas corporaciones y malos harán lo contrario.
Hoy se sabe que el asunto es mucho más complejo. Enfocarse en los policías pensando que buenos policías hacen buenas instituciones, sin tomar en cuenta el ambiente institucional, es un error que a las democracias avanzadas les ha costado 100 años identificar. Hoy se sabe que una corporación con oficiales bien entrenados tendrá bajos niveles de desempeño mientras no se establezcan sistemas institucionales adecuados de gestión, responsabilización y rendición de cuentas. La mala conducta individual de un policía en última instancia depende de lo que hace el departamento de policía para definir y aplicar estándares de conducta. Por eso el conocimiento avanzando en el tema ha superado aquella engañosa teoría de la manzana podrida, según la cual la reforma policial debía poner énfasis en los oficiales, porque eran ellos a quienes había que corregir.
La nueva es la teoría de los “contenedores” rotos, ya que ahora se sabe que nada se gana corrigiendo a los oficiales si no se corrigen los sistemas que contienen (regulan, gestionan) sus diarias prácticas. (Walker, 2006).
Todo esto viene a cuento luego de que el pasado 2 de junio nos enteramos de la evaluación en curso sobre mandos policiales estatales y municipales a cargo del gobierno federal, y cuyos resultados están siendo enviados a los gobernadores y presidentes municipales. La evaluación desde luego es una buena noticia.
Pero este esfuerzo corre el riesgo de verse frustrado por dos motivos: primero, porque no hay publicidad de los resultados, con lo cual es posible, como ha sucedido a lo largo de la historia, que los políticos decidan dejar en su cargo a mandos que no satisfacen el perfil profesional en razón de compromisos ilegítimos e ilegales; y segundo, porque no hay información alguna que indique que esas evaluaciones vienen acompañadas de evaluaciones institucionales.
Puede pasar que policías mal evaluados sean separados del cargo y dejen atrás instituciones funcionando por debajo de estándares profesionales mínimos. O puede suceder que mandos policiales bien evaluados regresen a corporaciones igualmente débiles. Hace falta en México dar el gran salto de la reforma policial caduca basada en el cambio personal, hacia la reforma policial moderna basada en el cambio organizacional.
Presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC