Ana María Salazar
Hay una interrogante que quienes promueven (o exigen) una legislación que reforme la actual política migratoria de EU no han querido enfrentar: ¿qué sucederá con el flujo migratorio el día en que se apruebe una legislación favorable para los migrantes indocumentados?
A la luz de los más recientes acontecimientos, la respuesta a esta pregunta no es tan urgente. De hecho, tales sucesos me llevan a pensar que no habrá reforma migratoria real en EU, sino hasta después del 2009. Desafortunadamente los resultados de las marchas promigrantes del 1 de mayo fortalecen esta conclusión.
No se les puede negar a las víctimas de la actual política migratoria estadounidense el derecho de marchar, protestar y buscar que sus voces sean escuchadas, pero si el propósito de las marchas era presionar a los legisladores para que aprobaran una ley cuyo enfoque sea la legalización, el hecho de que hubo una importante reducción de las personas que se manifestaron este año, a comparación del pasado, ha sido un rotundo golpe a este incipiente movimiento. Y esto no podía suceder en peor momento, ya que la ventana para discutir y aprobar una reforma migratoria se está cerrando rápidamente.
Varios funcionarios y expertos me comentan que las posibilidades de que se apruebe este año legislación que permita la legalización de millones de indocumentados son casi nulas. Debido a las elecciones presidenciales del año que entra, el tema no se retomará de nuevo sino hasta mediados del 2009. De hecho, con los resultados de las marchas, y la forma en que se está desarrollando este debate en EU, tal vez lo mejor que podría suceder, por increíble que parezca, es que se mantuviese el statu quo. Cualquier legislación que se aprobase en esta coyuntura podría resultar en un esquema donde se fortalezcan aún más los mecanismos represivos para perseguir a los indocumentados.
O, de lo contrario, se podría aprobar una legislación imposible de implementar, como lo señaló el editorial de The Wall Street Journal de esta semana: la más reciente propuesta de la Casa Blanca, en la que los indocumentados tendrían que regresar a su país de origen, pagando 3 mil 500 dólares para obtener una visa de trabajo renovable cada tres años y 10 mil dólares para lograr la residencia, además de imposibilitar la reunificación familiar, asegura que los indocumentados se rehúsen a acogerse a los beneficios de esta ley, manteniéndose en las tinieblas de la ilegalidad.
Pero es importante subrayar que eventualmente EU tendrá que legalizar a los más de 12 millones de trabajadores indocumentados que viven en ese país. La pregunta es si el siguiente presidente asumirá los costos de esta decisión, que tendrá un gran impacto político a corto plazo para el nuevo presidente y su partido, aunque a largo plazo estos indocumentados se podrían convertir en una verdadera fuerza política cuando puedan votar.
Pero aún en esta distante eventualidad, el presidente y los legisladores estadounidenses, junto con el presidente de México y la clase política de este país, tendrán que enfrentar el impacto de una ley que legalice a millones de mexicanos indocumentados. Mientras que los que ya llevan años trabajando en EU buscarán legalizar su situación jurídica, la nueva ola de migrantes apostará a que en un futuro no muy lejano ellos podrán acceder a lo mismo. Hay que entender que a corto plazo cualquier legalización de indocumentados creará un incentivo que promueva que se incremente aún más el número de mexicanos que crucen la frontera ilegalmente, buscando ya sea oportunidades o la reunificación con familiares.
Y aunque se apruebe un programa temporal de trabajadores, éste no proporcionará suficientes empleos para satisfacer la demanda de trabajo. Y por más muros, soldados y policías que se instalen en la frontera para detener la nueva ola de indocumentados esperanzados, ellos encontrarán cómo cruzar siempre y cuando haya empleos y empleadores dispuestos a contratarlos. Yo les pregunto, queridos lectores: ¿puede EU continuar recibiendo a más indocumentados? ¿Puede México seguir perdiendo más generaciones de mexicanos dispuestos a jugárselas todas, buscando un mejor futuro? No, claro que no. ¿Cómo convencer a estos trabajadores de quedarse en México? Esa es la gran pregunta que deberá responder por ahora el presidente Calderón.
salazaropina@aol.com
Analista política