Enriqueta Cabrera
Elvira Arellano se convirtió en un símbolo: el de la separación familiar por deportación, pero también en el del desafío a las autoridades migratorias. El de Elvira no es un caso aislado, sino la representación elocuente de lo que sufren en la percepción y en la realidad millones de indocumentados que viven cada vez con más miedo de ser deportados, de ser separados de sus familias. Muchos piensan que ellos pueden ser los siguientes; crece el nerviosismo e incluso el pánico en comunidades de latinos indocumentados, particularmente mexicanos.
El fracaso de la reforma migratoria en el Senado abrió la puerta al deterioro creciente de la vida de millones de indocumentados. El pánico está sembrado por las redadas, las detenciones, las deportaciones, la separación de familias, lo mismo en lugares de trabajo que en las casas de los barrios en que trabajan y viven migrantes latinos y mexicanos. El caso de Elvira hace evidente duras realidades: la deportación y la separación familiar están en el centro de los temores, porque policías locales actúan como agentes migratorios, porque los empleadores deben denunciar incongruencias en los documentos de sus trabajadores, lo que llevaría no sólo a perder el empleo, sino a la detención y deportación en el caso de los mexicanos de manera inmediata.
Las órdenes de deportación que se cuentan por cientos de miles se aplicarán, los buscarán según dicen autoridades federales de migración. Por eso Elvira es una especie de caso espejo en el que muchos se miran y se reconocen, una caja de resonancia.
Se calcula que en Estados Unidos hay alrededor de 5 millones de niños nacidos allá —y por tanto con derecho a la ciudadanía— y que tienen un padre o una madre indocumentada. Si existen además alrededor de 800 mil órdenes de deportación que la entidad encargada de la migración y las aduanas, el ICE, ha decidido hacer cumplir, habría que preguntarse: ¿cuántos niños se quedarán sin padre o madre, cuántas familias serán separadas?, ¿qué sucede con el respeto a sus derechos humanos? La cifra es tan elevada que resulta difícil, casi imposible, que puedan detener y deportar a tantos.
El crimen de Elvira que le valió una orden de deportación fue trabajar con papeles falsos; millones lo hacen. En septiembre entran en vigor las medidas que sancionan a quienes contraten indocumentados. California muestra el callejón sin salida en el que se pretende colocar a los empleadores —que además asumirán una especie de rol de agentes de la migra. En California se recoge, empaca y despacha la mitad de la fruta, vegetales y nueces de EU.
Se emplean 225 mil trabajadores por año, y el doble en los meses de verano (julio-septiembre), la inmensa mayoría latinos, mexicanos, indocumentados. Será catastrófico poner en vigor esa ley para la economía de California. Pero sobre todo para los indocumentados. Se considera que entre 80% y 90% de los que trabajan son indocumentados. ¿Su culpa? ¿O la del Congreso estadounidense que no logra reformar las leyes de inmigración para que coincidan con realidades sociales y económicas?
Lo que se ha visto es que el pánico en algunas familias hace que crezca el número de los refugiados en las iglesias de la red del Movimiento Santuario. Las múltiples iniciativas contra los indocumentados están obligando a las organizaciones civiles que defienden a los migrantes a revisar sus estrategias de defensa, a multiplicar sus esfuerzos, a encontrar formas de actuar simultáneamente en muchos frentes abiertos. Es de suponerse que lo mismo están haciendo los consulados mexicanos.
En el nivel federal, habría que suponer que el gobierno de México y los legisladores harían algo más que declarar su solidaridad, darle su apoyo a Elvira, indignarse sin encontrar caminos, tratarlo como si fuera un caso aislado y no el ejemplo elocuente de la violación a los derechos humanos de miles y miles. Harían algo más que tomarse la foto para mostrar interés en Elvira. Va siendo hora de que México revise su política frente al tema principal de la agenda bilateral: la migración. Frente a un tema en que no se puede admitir más que sea visto como un asunto unilateral, ni por la vecindad, ni por lo que ocurre en la frontera, ni por el tamaño de la migración, ni por los derechos humanos de los mexicanos que deben ser respetados, ni por el creciente número de muertos cada año al cruzar.
Claro que no es posible deportar a 12 millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos, pero sí es posible lograr el deterioro de sus vidas a través de persecuciones locales, leyes estatales, intolerancia comunitaria, acciones racistas, redadas y deportaciones. Deteriorarla, sí, ¿hasta el punto que prefieran regresar a su país? Eso pretenden, eso piensan los conservadores antimigrantes, los que quisieran sellar la frontera y acabar con la migración, los racistas y xenófobos. ¿No sería hora de que México recurriera a tribunales internacionales? Aunque los migrantes no esperen nada del gobierno de México es tiempo de retomar la agenda migratoria.
La manifestación de Los Ángeles bajo la consigna de “Todos somos Elvira” fue algo más que una muestra de solidaridad. Fue la expresión del rechazo a las deportaciones, a la separación de las familias, pero sobre todo levantó la idea de la resistencia frente a las redadas, las deportaciones y la separación de las familias. Habrá otras manifestaciones en Estados Unidos que culminarán en Washington el 12 de septiembre.
Y en México, ¿qué sucede? ¿No habrá manifestaciones o pronunciamientos de apoyo, respuesta solidaria de la sociedad civil mexicana?
Periodista y antropóloga social