César Cansino
Sorpresivamente, los principales partidos con representación en el Congreso expresaron su voluntad de avanzar de manera expedita hacia una reforma electoral. Sorpresivamente, porque todo indicaba que dicha reforma se desahogaría junto con otras en el marco de la comisión para la reforma del Estado creada recientemente en la actual Legislatura. Sin embargo, parece que los partidos optaron por avanzar en un carril paralelo, considerando la cercanía de las elecciones federales intermedias, para las cuales se pretende llegar con un nuevo marco legal.
Huelga decir que la celeridad con la que se está avanzando en la materia sugiere que los partidos han iniciado una serie de negociaciones en las que no sólo entran al regateo iniciativas legales (como la reforma fiscal y la propia reforma del Estado) sino también cuestiones muy puntuales, como el Informe presidencial con el que se inaugura el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, después de un largo y estéril debate que ha sembrado toda clase de dudas sobre la voluntad política y civilidad de algunas bancadas partidistas.
Basta una somera revisión del proyecto de reforma electoral propuesto por los partidos para darse cuenta de sus muchas limitaciones. Ni por asomo es la reforma que el país necesita para revertir las deficiencias e inconsistencias de nuestro sistema electoral, puestas en evidencia en los pasados comicios federales. Para empezar, la iniciativa propone la remoción de los actuales consejeros electorales del IFE, lo cual puede interpretarse más como una concesión a aquellas fracciones que se han pronunciado directamente agraviadas y ultrajadas por las autoridades electorales que como un ajuste tendiente a mejorar las condiciones de partida de las elecciones. Como es lógico, el asunto es controvertido. En lo personal, aun asumiendo que el proyecto de reforma electoral propuesto es insustancial en su conjunto, encuentro buenas razones para remover a los integrantes del actual Consejo General del IFE. Considérense las siguientes tres.
1. Es indudable que el actual Consejo General no estuvo a la altura de la responsabilidad encomendada en los comicios federales de 2006. Como se recordará, se cometieron muchos errores y omisiones que dañaron la credibilidad del instituto. Y si bien no se puede imputar dolo o fraude, sí mostró una grave ineficacia. Considerando la importancia del IFE para la buena marcha de las elecciones y lo oneroso que resulta al país la manutención de sus funcionarios, lo menos que se puede esperar de ellos es que hagan bien su trabajo. Por ello, ante la ineptitud mostrada se justifica plenamente su destitución, amén de que sólo así se podría intentar revertir la desconfianza que hoy concita en amplios sectores de la población.
2. Como se recordará, el actual Consejo General del IFE arrastra problemas de credibilidad de origen que afectaron su imagen mucho antes de las elecciones de 2006. Obviamente, si su actuación durante los comicios hubiera sido impecable, dichas dudas iniciales se hubieran conjurado, tal y como ocurrió con el consejo presidido por José Woldenberg. Sin embargo, al no ocurrir así, siempre quedará la duda sobre la parcialidad de los actuales consejeros. En concreto, varios de ellos fueron señalados por sus compromisos partidistas del pasado y de los que se beneficiaron a la hora de ser nominados en el IFE, siendo el caso del consejero presidente Luis Carlos Ugalde el más escandaloso, por sus estrechos vínculos con el PRI y en particular con Elba Esther Gordillo, a quien le hacía el trabajo sucio, según se comenta y rumora.
3. Si algo mostraron las elecciones de 2006 fue que el marco legal electoral es deficiente e insuficiente para dotar de plena confianza y transparencia a los procesos electorales. Y si a dichas inconsistencias sumamos la ineficacia e ineptitud de los árbitros tenemos un cuadro nada halagüeño. Por ello, en la actual coyuntura, una reforma electoral estaría incompleta si no se cambia también a los funcionarios que coadyuvaron al desastre, ya sea por inexperiencia o incapacidad.
Como quiera que sea, la principal responsabilidad de las inconsistencias del IFE recae en última instancia en los propios partidos que hasta la fecha no han querido introducir reformas electorales profundas que despejen las sospechas de parcialidad y aseguren eficiencia en los comicios. ¿Podrán superar su miopía y pequeñez de miras con la reforma electoral que ahora se anuncia? Me temo que no. Todo parece indicar que nos aproximamos de nuevo hacia reformas insuficientes, superficiales, políticamente interesadas, incongruentes, banales, parciales, minimalistas, insustanciales y quizá hasta inconstitucionales.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada