Diego Valadés
La inminencia del informe presidencial obliga a valorar su significado. La vida de un Congreso puede ser tan efervescente como se quiera, mientras sirva al debate político. Las acciones que impongan límites a la deliberación libre alteran el sentido de la democracia.
Nuestra tradición es más abierta de lo que se supone. Conforme a la Constitución de 1857, el Congreso celebraba dos periodos ordinarios por año; el presidente asistía a la apertura de ambos, pronunciando en cada caso “un discurso”. La práctica llevó, además, a que también estuviera presente, aunque sin hablar, al finalizar cada periodo. Así ocurrió hasta 1874, cuando por decisión del Congreso se dejó de invitar al presidente a la sesión clausular.
La Constitución vigente establece que el presidente asista a la apertura de sesiones y que presente un informe por escrito. No está obligado a dar lectura al documento, pero eso ha sido lo habitual, salvo el año pasado. Ahora, la normalización de la vida institucional debe prevalecer; si, además, se presenta una ocasión propicia para avanzar hacia la reforma del Estado, será prudente hacerlo. Con independencia de las posturas que se adopten en lo que atañe al último proceso electoral, la función deliberante de la democracia no se puede posponer.
La legitimidad tiene una doble vertiente: el origen de la investidura y el ejercicio de la función, pero en la vida de las instituciones no existe la legitimidad parcial. El funcionamiento del Estado hace que todas sus instituciones sean legítimas, así sea sólo por el ejercicio o que todas resulten ilegítimas. El Estado es una unidad, no una suma o resta de segmentos a los que de manera aislada se atribuya o niegue legitimidad. No existen los estados que puedan ser “medio constitucionales”. Una cosa es el discurso político y otra la seriedad con que se debe conducir la vida de un Estado.
El Congreso es un espacio de libertades y no de proscripciones; además, el Congreso está conduciendo, por primera vez en su historia, el proceso de reforma del Estado y no puede desvirtuar su propio proyecto. En este contexto, la posibilidad de innovar la presentación del informe presidencial es un paso adelante. El Presidente debe hablar con libertad en la tribuna parlamentaria, y si está dispuesto a escuchar, conviene establecer este precedente democrático. No es adecuado, empero, que participe en un debate, porque sería asimétrico y contraproducente.
Un presidente que, por primera vez, escuche a los partidos dará una buena señal, siempre que no se enzarce en una discusión que obstaculice acuerdos posteriores. Los mexicanos necesitamos una invitación a la reconciliación. El gobierno tiene derecho a expresar sus razones en la tribuna parlamentaria; pero si el Presidente controvierte, en lugar de hacerlo sus ministros, dificultará la función arbitral que le incumbe como jefe de Estado. Será plausible que escuche y resultará negativo que polemice. Oyendo, contribuirá a la distensión; replicando, ensanchará las grietas existentes.
El artículo 53 del Reglamento del Congreso establece que los secretarios están en libertad de asistir a las sesiones y, “si se discute un asunto de su dependencia, tomar parte en el debate”; el artículo 130 faculta a los secretarios para “contestar entre los debates las interrogaciones de que fueren objeto”. Con este fundamento, la réplica en nombre del gobierno podría estar a cargo de los secretarios o de un vocero designado por el Presidente para este efecto.
Es verdad que se trata de una sesión de apertura del Congreso y que la nueva modalidad del informe puede exceder en algunos aspectos lo dispuesto por el vetusto reglamento de 1934; pero un reglamento no puede ser invocado como obstáculo para la democracia. Muchos hemos criticado al gobierno por su pasividad en cuanto a los cambios institucionales; ahora muestra disposición para avanzar, y así hay que reconocerlo. Si se requiere que el Congreso adecue su reglamento y aun su ley, debe aprovechar esta circunstancia, favorable a la reforma del Estado.
Entre la observancia del protocolo y la práctica de la democracia, yo voto por la democracia.
diegovalades@yahoo.com.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM