Mauricio Merino
Tras la disputa desatada en el Congreso Nacional del PRD percibo más que un pleito entre familias o una contienda por el control del aparato partidario. Hay también una discusión de fondo sobre el papel de las instituciones y el sentido de la democracia en México, y sobre el lugar que quiere ocupar la fuerza de izquierda más importante del país.
No es trivial que la ruptura principal haya ocurrido ante la posibilidad de debatir, o no, con el Poder Ejecutivo. No me parece una banalidad, ni una estrategia temporal, ni un capricho pasajero, sino una definición clave sobre el futuro de la izquierda en México y sobre su concepción de la vida democrática. Es también el nudo principal de las contradicciones que está enfrentando el PRD en el triple juego que ha seguido, ya como partido, ya como parte de las instituciones políticas vigentes o ya como movimiento de protesta. Y de paso, representa también el momento ideológico más grave de una organización que desde su fundación original asumió la bandera de su nombre: la revolución democrática de México.
En la superficie, la nota del día es que los partidarios de López Obrador perdieron una votación crucial (y con ella el control de la mayoría partidaria), frente a las posiciones políticas de Nueva Izquierda y el liderazgo de Los Chuchos, como se le ha dado en llamar al tándem que forman Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Bajo esa primera capa, hay otra que asegura que la intención de debatir con el Ejecutivo es, en la práctica, una renuncia a los principios del partido y una traición a su conciencia moral (encarnada en la persona y la opinión de López Obrador). Pero haciendo un corte de mayor profundidad, lo que se encuentra son dos visiones políticas contrapuestas e irreconciliables.
Aun en el terreno de la discusión pragmática sobre estrategia, el PRD se ha puesto una trampa difícil de salvar. Según la versión más extendida, López Obrador habría optado por presionar y aun boicotear al gobierno de Felipe Calderón con todos los medios a su alcance, con el propósito de levantar una opción indispensable para forzar, con el resto de los actores políticos de México, un nuevo arreglo institucional que ofrezca una salida al conflicto irremediable.
En ese sentido, estaría siguiendo la consigna atribuida al general Cárdenas, según la cual: “para que las cosas se pongan mejor, antes se tienen que poner peor”. En cambio, Los Chuchos estarían apostando por una opción pragmática mucho menos agresiva, que quiere adueñarse del partido para ganar más votos y poder político, y establecer canales de negociación para las iniciativas y las posiciones que ya tienen en sus manos.
El problema es que la opción planteada por López Obrador no tiene ninguna posibilidad práctica de conciliarse con la de Nueva Izquierda, sin que alguna de las dos resulte abiertamente derrotada. La del (nuevo) líder moral parte de un supuesto inexorablemente autoritario: la suya es la visión de un país que sólo puede gobernarse desde la cúspide o (en la versión más indulgente) por contrapeso a las élites que toman decisiones; y la que sostiene la necesidad de un liderazgo personal incontestable capaz de aglutinar, en un solo movimiento popular cohesivo, la fuerza suficiente para impedir que las élites actúen impunemente.
Se trata de la versión más arraigada de la historia mexicana y también de la creencia más extendida sobre su presente: de una lucha interminable entre élites opuestas, en la que unos abogan por el pueblo, mientras que otros lo hacen por sus propios intereses. Una pugna entre héroes y villanos, que adquieren esa categoría ya por su voluntad de salvar a los más pobres o ya por esclavizarlos. Pero donde el pueblo es siempre un colectivo, un argumento, un espacio de conquista o salvación, pero no un conjunto de personas con criterio y voluntad autónomas. Quizá porque se descarta, ya de entrada, que efectivamente puedan ejercer su autonomía.
En cambio, la posición que apuesta por los votos parte del lugar contrario: asume que la defensa de los intereses populares (que no del pueblo, en abstracto) pasa por la construcción de instituciones destinadas a salvaguardar los derechos personales y sociales, y la vigencia del espacio público. Supone que la mejor arma disponible para los más pobres está en la igualación jurídica y electoral, y en la agenda social de sus representantes.
En este sentido, no convoca a la rebelión permanente contra las élites opuestas, sino que se propone ganar votos y construir instituciones, estado de derecho, destinado a ofrecer mejores reglas de igualdad social. Pero al apostar por esa vía, en efecto, acepta también el derecho de sus adversarios para competir por el mismo espacio de poder y reconoce la pluralidad y la convivencia entre ideologías e intereses encontrados. Entregar el poder político a los ciudadanos que eligen y protegen sus derechos es, en cualquier literatura que no sea la mexicana, la esencia misma de la revolución democrática que le da nombre al PRD.
Pero aunque alguna vez lo haya sido, esa forma de revolución ya no es la que persigue López Obrador. La suya es la revolución a secas (o la rebelión, si se prefiere), en la versión mexicanísima. La que nos enseñaron en los libros oficiales con Zapata y Villa a la cabeza (aunque no nos hayan contado el desenlace), o la que encabezó la generación de la Reforma en contra de los conservadores. No es la revolución democrática, a conciencia, emprendida por cada uno de los ciudadanos en defensa de sus libertades y de su igualdad, desde el derecho y las instituciones colectivas. Desde la democracia, también a secas.
Por eso, más allá de su pragmatismo implícito, las posiciones emanadas del Congreso Nacional del PRD son irreconciliables. En sana lógica, no podrían convivir en una misma organización política, porque no persiguen los mismos fines, ni comparten la misma ideología ni, mucho menos, las mismas estrategias. Son dos visiones contrapuestas del espacio público que, tarde o temprano, tendrán que correr su propia suerte.
Profesor investigador del CIDE