José Fernández Santillán
La noticia de que sicarios del cártel de Sinaloa estuvieron a punto de perpetrar dos atentados, los días 22 de diciembre y 17 de enero, respectivamente, en contra del subprocurador general de la República José Luis Santiago Vasconcelos, no debe ser tomada como una nota más dentro de las muchas que, cotidianamente, nos llegan acerca de la violencia ejercida por las bandas delictivas.
Más bien, esos intentos fallidos de privar de la vida a uno de los funcionarios más destacados en la lucha contra el crimen organizado deben ser asumidos como una muy seria advertencia: los capos de la droga están subiendo la mira en contra de las autoridades públicas. En efecto, paulatinamente, los ataques, exitosos o frustrados, han ido cubriendo niveles superiores dentro de la jerarquía de los tres niveles de gobierno.
Asistimos, para decirlo con claridad, a un verdadero y propio desafío in crescendo en contra del Estado nacional encarnado en las personas de los servidores públicos. Ellos y sus familias, hay que admitirlo dolorosamente, están cada vez más expuestos a los actos criminales que llevan a efecto los distintos grupos dedicados a la producción y trasiego de estupefacientes.
Somos testigos del recrudecimiento de las acciones violentas que, ciertamente, se han ensañado en contra de agentes del gobierno, pero que deben ser interpretadas como una señal desafiante para el conjunto de la sociedad mexicana.
Nos está sucediendo lo mismo que le pasó a los colombianos en los años 80 y 90: los crímenes ordenados por los barones de la cocaína en contra de gobernantes y representantes populares fueron subiendo de tono hasta que asesinaron a un candidato a la Presidencia de la República, Luis Carlos Galán (1989). En una reacción natural de supervivencia, Colombia comenzó a despertar y a echar atrás, paulatinamente, a los delincuentes.
El proceso degenerativo se revirtió, a finales de los años 90, cuando los colombianos dejaron de culparse unos a otros para ponerse a cooperar entre sí.
Convengamos en que los narcos quieren sustituir a la ley civil por la ley de la selva. Es decir, ganarle territorio a la convivencia armoniosa para sentar sus reales. Y en algunos enclaves lo están logrando.
Es obvio, los narcotraficantes avanzarán hasta que nosotros lo permitamos. La respuesta más elemental a este reto estriba en unificar las fuerzas dispersas para darles una orientación precisa, tal como lo anotó uno de los padres de la moderna ley civil, Baruch Spinoza en su célebre Tratado político (1677): “Si dos se ponen mutuamente de acuerdo y unen sus fuerzas, tendrán más poder juntos y, por tanto, también más derecho sobre la naturaleza que cada uno por separado. Y cuantos más sean los que estrechan así sus vínculos, más derecho tendrán todos unidos”.
Ese es el paso lógico del estado de naturaleza al estado político; de la barbarie a la civilización.
Algunos hablan de blindar a la sociedad en contra de la delincuencia. Pues bien, ese blindaje no consiste en otra cosa más que en la estipulación de un pacto nacional en contra de la violencia. Por allí empieza, según lo dijeron los clásicos, la reconstrucción del cuerpo social. Lo demás son pasos parciales.
jfsantillan@itesm.mx
Académico del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México