Ifigenia Martínez
El artículo 40 de nuestra Constitución estable-ce que es voluntad del pueblo constituirse en una República representativa, democrática y federal, y el artículo 41, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los tres poderes de la Unión, de los cuales el Ejecutivo y el Legislativo se establecen y renuevan mediante “elecciones libres, auténticas y periódicas”. Para intervenir en el proceso electoral se instituyen los partidos políticos como “entidades de interés público” con el fin de “promover la participación del pueblo en la vida democrática“ y, como organizaciones de ciudadanos, para acceder al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante “el sufragio universal, libre, secreto y directo”. Para poder cumplir tan trascendentes funciones los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público y al acceso a los medios de comunicación social.
Ante tales responsabilidades considero que el PRD, a 18 años de su fundación, ha cumplido con sus funciones, como lo demuestran la alta votación que obtuvo en los comicios de 2006 y su reclamo de haber ganado la Presidencia de la República. En cambio, el Consejo General del IFE, como autoridad pública, tuvo un lamentable desempeño en la elección, pues durante y después del proceso permitió violaciones graves a la equidad e imparcialidad que debieron observar el Presidente de la República, los medios de comunicación e importantes asociaciones de empresarios de gran poder económico. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco estuvo a la altura de sus responsabilidades por soslayar las acciones de inconstitucionalidad cometidas en el proceso electoral (artículo 105 fracción II), y recientemente ha mostrado graves fallas en su desempeño y manejo financieros.
Frente a tales agravios del gobierno foxista y de los órganos constitucionales encargados de velar por la legalidad plena del proceso electoral, la respuesta del PRD y de sus miembros ha sido continuar la lucha por la democratización del país debatiendo y actualizando sus documentos básicos y fortaleciendo su organización.
Es a la luz de esos antecedentes que debe valorarse el X Congreso Nacional Extraordinario del PRD (DF, 17-20 de agosto de 2007) como autoridad suprema del partido, cuyos acuerdos y resoluciones son inatacables y de cumplimiento obligatorio. Al evento concurrieron 2 mil 95 participantes (mil 764 con derecho a voto) distribuidos en cuatro mesas de trabajo: 1. línea política, que trató las relaciones del PRD al interior y exterior; 2. declaración de principios; 3. programa de acción; y 4. estatutos.
El Congreso logró cambios importantes como: sustitución del actual Comité Ejecutivo Nacional por un Comité Político Nacional integrado por un mayor número de miembros líderes, como los ex presidentes, gobernadores, coordinadores parlamentarios, representantes de municipios y legislaturas locales, y un secretariado para llevar cabo la línea política del comité ampliado en correspondencia con el crecimiento del partido y la complejidad y diversidad de los asuntos que trata.
Un asunto de debate fue el de establecer en el documento de línea política el rechazo permanente a cualquier tipo de negociación con el Ejecutivo en lugar de consignarlo en una resolución especial. El tema pasó a sesión plenaria y, al perderla, los partidarios del rechazo permanente se salieron ostensiblemente del salón sin mayores consecuencias. Otro tema a discusión que obtuvo mayoría en la plenaria fue establecer 50% de las candidaturas para las mujeres en lugar de la proporción 70-30 vigente, con lo cual el PRD es el primer partido político que en México adopta la paridad de género para puestos de representación.
Mención especial corresponde a la decisión de luchar por la consolidación del Estado laico y la oposición a utilizar el poder público a favor de dogmas y creencias religiosas. También se decidió utilizar la labor legislativa como el principal instrumento del PRD para la transformación del país y se determinó participar activamente en la reforma del Estado y en la reforma fiscal a favor de su propia iniciativa ya presentada.
El X Congreso Nacional Extraordinario, por los complejos temas debatidos y los resultados obtenidos, resultó un ejercicio digno y provechoso para fortalecer al PRD en su lucha por una democracia participativa que cumpla con los objetivos de libertad, equidad, bienestar y progreso para todos los mexicanos.
Directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD