Enrique del Val Blanco
Como en muchos otros temas, nuestras autoridades quieren ser de lo más original del mundo y, a pesar de la globalización existente, resulta que cuando se presenta alguna situación perjudicial en muchos países ésta no afectará al nuestro. Situación que a la postre no ocurre y siempre nos pasa algo. Lo anterior, en referencia a las declaraciones de los altos servidores públicos del área financiera respecto de la recesión de Estados Unidos, la inflación y el aumento de precios.
Es un hecho, que se comenta en todo el mundo, que la recesión en Estados Unidos es una realidad y en los análisis que se hacen se indica que los más afectados serán los países de América Latina, sobre todo aquellos que tienen lazos estrechos comerciales con ellos, como es el caso de México. Es decir, los expertos independientes consideran que uno de los países más afectados será el nuestro.
La recesión afectará al crecimiento de la economía estadounidense y se verá reflejado en pérdida de empleos, muchos de ellos de paisanos que se encuentran laborando allá y, como consecuencia, las remesas de dólares que hacen a sus familias también se reducirán. Esto, sin duda, será un grave golpe a la economía de miles de familias del campo, que sobreviven gracias al envío de esos recursos.
Los organismos internacionales están calculando la baja del crecimiento económico en todo el mundo debido a varios factores como son el precio del petróleo, el incremento de precios de varios granos, etcétera. Incluso, este cálculo a la baja también se debe a que se está cambiando el método para medir el crecimiento económico, por uno que los expertos consideran más correcto pero que reduce las cifras al tomar en consideración la paridad del poder de compra de un país en relación con los otros.
Adicionalmente a este panorama económico mundial, en México tenemos una situación política muy complicada que afecta el desarrollo de la economía y la inversión extranjera. Los titulares de los periódicos de los últimos días están dedicados a los crímenes y las actividades vinculadas al narcotráfico; además, al conflicto todavía no resuelto de los consejeros del IFE y las huelgas que están ocurriendo con mayor envergadura en varios sectores económicos, empezando por el minero.
Con todo este panorama resultan francamente, por decir lo menos, muy optimistas las consideraciones gubernamentales, especialmente las vertidas esta semana, al afirmar que la inflación no se desbordará este año y que los aumentos a las gasolinas, la electricidad y las carreteras no son una amenaza. Incluso se mencionó que hay precios con aumentos por debajo del rango que deberían, sin mencionar cuáles son, por lo que seguramente en este caso se está refiriendo a los coches de lujo y al caviar.
Se dice que la economía mexicana tiene la capacidad para soportar un periodo recesivo en Estados Unidos, aunque el crecimiento sería menor. Quizá la economía nacional tenga capacidad de soportar la recesión en aquel país; lo que no sabemos es si los mexicanos en condiciones difíciles, que son más de 50 millones, tienen esa capacidad.
La apuesta fundamental del gobierno en materia de precios la tiene hecha a través de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), es decir, con los grandes comerciantes, con un programa de reducción de precios para enviar el mensaje de que la situación está bajo control. En lo que no pensaron es que hay otros empresarios que están enojados y consideran una traición lo acordado entre los comerciantes y el gobierno, ya que la reducción de precios hacia el consumidor la hace realmente el proveedor y a éste no se le consultó.
Ya hemos leído las notas que hablan de lo sucedido en la reunión cupular del Consejo Coordinador Empresarial, lo que será otro frente que el gobierno ha abierto, por la inexperiencia o la soberbia, al tratar asuntos tan delicados sin tomar en cuenta a todos los participantes.
El problema de los aumentos de precios que se está dando no es en las tiendas de autoservicio, donde por cierto compran los que tienen mayores ingresos, sino en toda la red comercial del país donde no existe vigilancia alguna por parte de las autoridades y donde difícilmente podrán verificar si hay prácticas abusivas de comerciantes o de proveedores.
A ciencia y paciencia los gobiernos de las últimas décadas, por un lado, han desmantelado el sistema nacional de tiendas Diconsa, que era el último resquicio para hacer frente a la voracidad de los comerciantes y, por otro, también han acabado con cualquier tipo de vigilancia, ya no digamos con controles de precios. El único precio que tienen bajo férreo control es el de la fuerza de trabajo, al cual para este año el gobierno otorgó un fabuloso incremento de dos pesos diarios.
El propio gobierno reconoce que la inflación en el precio de los alimentos en 2007 fue de 7.5%, más de dos puntos por encima del 5.1% de 2006. No entendemos por qué creen que para 2008 esta tendencia se reducirá, cuando los precios internacionales de los granos y el petróleo siguen creciendo.
La apuesta del gobierno es grave y como dice claramente el editorial de EL UNIVERSAL del pasado lunes “es difícil creerle al secretario de Hacienda cuando dice que el gobierno contendrá la inflación este año”.
Si en verdad el gobierno quiere contender con la escalada de precios que se avecina tiene que dar poder efectivo a la Profeco para sancionar a los que abusan, y quizá tomar en consideración la necesidad de, en su caso, proponer medidas para que pueda haber control de precios en los productos básicos y necesarios.
Sería muy conveniente que las autoridades abandonaran su increíble optimismo en varios temas, pero sobre todo en el económico. En todo el mundo están preocupados, y aquí, como si nada pasara. Se requieren menos buenos deseos y más acción en la realidad, para proteger la economía familiar ante lo que se viene.
Analista político y economista