César Cansino
Si todo ocurre según lo previsto, la próxima semana serán nombrados por los diputados los primeros tres consejeros electorales —incluyendo al consejero presidente— que habrán de integrar el nuevo IFE, después de que los legisladores decidieron posponer el nombramiento más de un mes, contraviniendo así a capricho la propia Constitución. Como quiera que sea, el proceso de selección ha generado gran expectación, pues malas decisiones en el pasado por parte de los legisladores llevaron a la conformación de un IFE sumamente cuestionado y desacreditado.
Como se sabe, en esta ocasión el Congreso decidió modificar el proceso de selección de los consejeros para que éste fuera más transparente y abierto. En ese sentido, se hizo una convocatoria pública, a la que siguió una revisión curricular y una entrevista a todos los candidatos. Sin embargo, el proceso ha dejado mucho que desear y todo hace indicar que en la designación prevalecerán a final de cuentas criterios discrecionales, o sea, se elegirán como consejeros a aquellos candidatos que mantienen vínculos reconocidos con algunos de los partidos mayoritarios.
Así, por ejemplo, no podía ser más burda la defensa del ministro Genaro Góngora por parte del PRD o el hecho de que la comisión de selección haya subido en tres ocasiones el número de los candidatos finalistas, hasta llegar a 39, para que pudieran entrar en la lista los respectivos “gallos” de los partidos mayoritarios, pese a que muchos de ellos quedaron plenamente exhibidos en sus limitaciones e inconsistencias durante la entrevista que sostuvieron con la Comisión.
Llegados a este punto, considerando que el que esto escribe es uno de los 39 candidatos finalistas, muchos me preguntan si ha valido la pena participar en esta convocatoria. A lo que respondo con un rotundo no. Me inscribí pensando que la necesidad de dotar de credibilidad e imparcialidad al IFE daría lugar a un procedimiento de selección neutral y objetivo. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que el proceso ha estado contaminado de principio a fin por los partidos mayoritarios y sus afanes por mantener posiciones en el IFE acordes a sus intereses, por lo que los académicos independientes no tenemos ninguna posibilidad de figurar, por más que nuestros méritos profesionales sean excepcionales.
Por eso, de no darse sorpresas en la designación final de los consejeros, me temo que el Congreso habrá perdido una oportunidad histórica para consolidar al IFE. Por el contrario, los partidos nos estarían diciendo con sus acciones que aún no están preparados para (o simplemente no les interesa) dejar ir completamente al IFE de sus manos, de su ámbito de control, pese a que la autonomía de este órgano es una condición indispensable para su adecuado desempeño y para que nuestra democracia electoral adquiera su mayoría de edad.
Ahora es tarde para exigir que se reponga el proceso de selección de los consejeros bajo nuevas reglas, pero no lo es para exhortar a los diputados para que sean exclusivamente los méritos profesionales y la independencia intelectual de los candidatos los criterios que prosperen en la decisión.
En ese sentido, no está de más insistir en el perfil idóneo de los próximos consejeros y que debería prevalecer en la selección final que hagan los legisladores: 1) tener solidez académica, liderazgo y prestigio intelectual en el campo político-electoral; 2) contar con una obra académica profusa y reconocida tanto en México como en el extranjero; 3) contar con una trayectoria comprometida con el avance de la democracia y la reforma del Estado en México; 4) contar con una obra crítica y no complaciente con intereses políticos y partidistas de ningún tipo; 5) haber dado muestras fehacientes de absoluta independencia partidista; 6) no haber estado vinculado o haber trabajado como asesor, consultor, ideólogo o funcionario en ningún partido, fundación de un partido, dependencia pública estatal o paraestatal, o gobierno a lo largo de toda su trayectoria profesional; 7) no participar o haber participado de los grupos, camarillas o instituciones intelectuales o académicos que tradicionalmente han monopolizado e intercambiado entre sí cuotas de poder e influencia y se han repartido arbitrariamente puestos, cargos y privilegios; 8) no haber fungido como vocero o representante o candidato de organizaciones civiles de ningún tipo tan proclives a autoproclamarse como “representantes” de la sociedad civil y muchas de las cuales han hecho de esa supuesta representación una forma de lucro de sus líderes más que de lucha social auténtica; 9) no haber ocupado en el pasado alguna responsabilidad en el IFE o en algún otro organismo electoral del país, y mucho menos como consejero titular o suplente, pues resultaría a todas luces incongruente con las pretensiones de la nueva legislación electoral nombrar como funcionario electoral a alguien que ya había sido favorecido antes por los partidos mediante el tan cuestionado mecanismo de cuotas que prevaleció en el pasado inmediato; 10) y por las mismas razones, no haber ocupado en el pasado ninguna responsabilidad en algún otro organismo constitucional autónomo (IFAI, CNDH, etcétera), donde más que los méritos profesionales lo que ha contado en el nombramiento de sus cuadros son sus simpatías, vínculos y contactos con los partidos y otras autoridades.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada