Eugenio Anguiano
Hay una marcada proclividad a decir o a escribir que el Estado mexicano está debilitándose ante el empuje de fuerzas centrífugas de la sociedad, como el crimen organizado, la violencia callejera y la anarquía política. Es probable que exista una cierta dosis de pesimismo paranoico en este tipo de conclusiones puesto que, después de todo, ni el narcotráfico ni otras formas de crimen organizado o “silvestre” son fenómenos nuevos, y ellos no han impedido que el país viva dentro de cauces que pueden considerarse estables y pacíficos. En cuanto a las explosiones recurrentes de protesta política en la forma de huelgas, bloqueo de avenidas y carreteras, o paralización de ciudades enteras, como ocurrió en Oaxaca en meses pasados, tampoco es algo novedoso, sobre todo en un sistema que parece haber dejado atrás el autoritarismo para encaminarse a una democracia cada vez más ruidosa.
No obstante lo anterior, los hechos ocurridos en las últimas dos semanas dejan poco margen para la complacencia y, al menos para quien esto escribe, la percepción dominante es que el Estado mexicano está perdiendo su capacidad para contrarrestar a esas fuerzas del mal y, lo que es peor, en ningún componente del mismo -gobierno federal, poderes Legislativo y Judicial, fuerzas del orden a los diferentes niveles de administración pública, etcétera- se aprecian esfuerzos consistentes y bien encaminados hacia el combate de la delincuencia, organizada o no, de la impunidad, del fraude y de la corrupción; en suma, hacia la erradicación de la injusticia social.
En nuestro país murieron el año pasado más personas ejecutadas por esa presencia ubicua y a la vez casi surrealista que es el narcotráfico, que combatientes estadounidenses abatidos en Irak. Según lo reportó EL UNIVERSAL el 8 de mayo, en lo que va del año ya sumaban 948 los asesinatos adjudicados al narco. Con tales cifras, en cualquier otro país más o menos civilizado ya se hubiera declarado una crisis nacional y algunas de sus autoridades habrían renunciado. Lo peor de todo es que esos miles de homicidios quedan, con alguna rara excepción, impunes.
La semana pasada, en la Tierra Caliente de Michoacán, una partida militar fue emboscada por un grupo fuertemente armado; el saldo fue de cinco muertos, entre ellos un coronel, y tres heridos. Esto no había ocurrido desde aquel inicio de 1994, cuando el levantamiento zapatista en Chiapas conmovió a la opinión pública nacional e internacional. El gobierno de Felipe Calderón respondió al ataque con la ocupación militar del municipio de Carácuaro y otros aledaños, y un inmediato homenaje a los caídos, a los que, en un arrebato demagógico, el Presidente de la República calificó de “héroes nacionales”.
La diferencia entre este ataque a las Fuerzas Armadas y el de 1994 es que el primero es obra de delincuentes organizados, poseedores de mucho dinero como para pertrecharse con armamento que el EZLN nunca soñó siquiera tener, y la única razón del crimen es amedrentar al gobierno, demostrando, de pasada, que los autores intelectuales de la acción parecen intocables.
A los pocos días de ocurrido ese hecho, que resulta bochornoso para las autoridades nacionales, en varios medios de comunicación, incluido EL UNIVERSAL, se dio a conocer el contenido de un documento elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y de la Organización Internacional para las Migraciones, sobre la presencia en Chiapas de redes nacionales e internacionales del crimen organizado dedicadas a la trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños, las cuales se han expandido en dimensiones verdaderamente alarmantes para la salud y seguridad de toda la sociedad. Sólo en la ciudad de Tapachula se cuentan cinco negocios de bebidas alcohólicas por cada escuela y hay mil 552 antros oficialmente registrados, en cada uno de los cuales trabajan entre ocho y 14 mujeres, cuyas edades van de los 10 a los 35 años. Los vínculos entre traficantes de personas, prostitución y narcotráfico que están dándose en México son un explosivo coctel con el que se merman la cohesión social y la seguridad nacional.
Pero lo peor de todo no está únicamente en los números y las tendencias crecientes del crimen organizado y de sus víctimas, sino, a mi juicio, en las pobres respuestas del Estado para enfrentar este cáncer social. El presidente Calderón inició su gestión con el mensaje de que la ley se aplicaría con mano firme, y se aferró al símbolo de las Fuerzas Armadas, cuya función no es la de combatir la delincuencia organizada, sino defender nuestras fronteras y las instituciones legítimamente establecidas.
El uso de esas fuerzas para imponer el orden interno resulta a final de cuentas antidemocrático, además de contraproducente. Lo que el gobierno debería hacer es ofrecer un programa de Estado para combatir al crimen, que entre otras cosas incluyera una reconstrucción completa del injusto y corrompido sistema judicial que padecemos.
Profesor investigador de El Colegio de México