MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
DOBLE REVES
Nada justifica la ignorancia jurídica y hasta la arrogancia en el exceso de iniciativa, para violentar los derechos consagrados en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, pretendiendo atropellar derechos bajo pretextos de ahorros electorales, que en el fondo, lo que se pretendió en Chiapas, es en realidad ahorrar los riesgos de las elecciones locales, pese a que el gran elector, es claro, nunca ha sido el ciudadano con credencial para votar.
Tal situación marca un doble revés al gobierno de Juan Sabines Guerrero, pero sobre todo, ponen en evidencia los 40 diputados locales del Congreso chiapaneco, no solo su ignorancia, pese que hay quienes presumen de conocedores del derecho, sino que acentúan su subordinación absurda, por encima del interés general y la observancia de las leyes que se dieron el lujo de pisotear, al pretender anular a los ciudadanos el derecho de votar y ser votados. La Corte resolvió, llanamente, que pretender imponer Consejos Municipales, es una acción inconstitucional; habrá elecciones, pues, de presidentes municipales, este año.
Un poco de antecedente sobre ese doble revés.
El 28 de octubre del año pasado, tanto el PRD, como el PRI, interpusieron la demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue admitida por la primera Sala, donde despachaba el Ministro Sergio Valls en calidad de presidente de dicha instancia. La inconformidad sustentada legalmente se basó en que el gobernador Juan Sabines Guerrero turnó al Congreso del Estado una iniciativa para pretender que precisamente el Poder Legislativo impusiera 118 Consejos Municipales, en lugar de llevar a cabo elecciones para elegir ayuntamientos y entraran en funciones desde el 1 de Enero de 2011, por un período de 18 meses, a fin de empatar las elecciones locales, con las próximas elecciones federales del 2012.
Sin analizar la iniciativa, los 40 diputados lo votaron a favor, sabiendo muchos de ellos que dicen conocer de derecho, que estaban violentando la Carta Magna del país, pulverizando el derecho de los ciudadanos. La aberración legaloide fue además oculta por los diputados y tampoco se dio atención al requerimiento que jurisconsultos en la materia hicieron al Poder Ejecutivo, para extender copia certificada de la publicación de tal decreto, siendo de ellos los abogados Horacio Culebro Borrayas y Mario Carlos Culebro Velasco, quienes basados en el derecho de petición y fundado en la Ley de Transparencia, no les fue contestado, pese a que ambos obtuvieron por su parte el documento en comento.
Tal acción complicó aún más el escenario político-electoral al que aspiraron los diputados locales, al esconder la evidencia del dislate jurídico, extendiendo su actitud ramplona no solo al contubernio de violentar los derechos constitucionales de los gobernados, sino además violentando la declaración de principios en su militancia partidista, para congraciarse con una reforma a la constitución local, totalmente ilegal.
Y fue precisamente el Ministro Sergio Valls el encargado de realizar el proyecto jurídico para el análisis de la Junta de la Corte, y revisado, se encontraron los elementos de inconstitucionalidad que por el PRI, Beatriz Paredes ordenó demandar ante el Poder Judicial de la Federación y por el PRD, Alejandro Encinas hizo lo propio, pese a que localmente los diputados priistas y los perredistas, se acomodaron, como siempre, al servilismo político, incluso ante sus dirigencias estatales.
Un día antes, el 27de octubre, el representante legal de los priistas inconformes, Roberto Santos Hernández, aseguró que no obstante a que el argumento de las reformas era homologarlas con las elecciones federales de 2012 y reducir así costos financieros, la aprobación vulneró el principio de la libertad de votar y violentó el sufragio efectivo no reelección, tutelados por la Constitución federal.
El doctor en derecho constitucional argumentó también que el Ejecutivo estatal y el Poder Legislativo agravaron los hechos al ocultar el decreto de reforma, publicado en el periódico oficial 187, con lo cual se impidió la impugnación legal por la vía de la acción de inconstitucionalidad, válida legalmente hasta el pasado 12 de octubre.
Con tales antecedentes, la Corte resolvió ayer, antes del mediodía y determinó que es improcedente la reforma a la constitución local enviada por el gobernador Juan Sabines al Congreso del Estado y aberrantemente aprobada por los 40 diputados, ordenando que sea sometida una nueva iniciativa para llevar a cabo elecciones a presidentes municipales y ayuntamientos en los 118 municipios de lo entidad.
Cabe mencionar que entre los chiapanecos, se ha entendido que el gobernador Juan Sabines es un hombre de buena fe, pero que a su alrededor la mayoría de sus funcionarios lo marean con la insistencia de violentar las leyes, y hasta hay quienes le han advertido que no habría consecuencias más allá de lo que la gente aprecia del hijo del bien recodado Juan Sabines Gutiérrez, su padre. Una vez más hay equivocación y sería bueno que el gobernador chiapaneco haga una revisión y análisis de la lealtad de cuantos le rodean y le dicen al oído que tal o cual acción no tendrá repercusión.
Es tiempo aún de corregir el camino y Juan Sabines debe hacer actos de conciencia por el tiempo menos que le queda en el gobierno, pero que puede tener mayores tropiezos por los jilgueros que le cantan, como lo hacen también las sirenas.
QUE DICEN LOS DIPUTADOS
Ninguno de los coordinadores de las fracciones parlamentarias se quiso quedar al margen de opinar sobre la iniciativa propuesta y hoy vetada por la Corte. En su oportunidad, todos, sin excepción expresaron estar de acuerdo en la iniciativa comentada, pero además, con cabal cinismo afirmarían que no se estaban violando los derechos constitucionales.
Entre ellos, auto preciado de conocer ampliamente de derecho, el diputado Neftalí del Toro, efectivamente, además de legislador, es abogado, tuvo el estribillo de cacarear tal iniciativa, como una reforma que al suplir el derecho de votar y ser votado, le permitiría a los gobernados, por conducto de sus “representantes populares” aprobar que se ¡designaran! –Como si fuera la servidumbre del que manda- a los Consejos Municipales.
Tal pronunciamiento, en su tiempo, mereció la reacción de los demandantes, para exigir la expulsión de los diputados del PRI, por pretender violentar la Carta Magna, por encima, incluso de los derechos partidistas de los militantes de todos los partidos, incluido, con más razón, el tricolor.
En este escenario, el diputado Neftalí del Toro, quien aspira ser presidente municipal de Tapachula, no solo atropelló de facto los derechos de las promesas hechas ante sus electores, quienes lo llevaron a la curul que ostenta, sino que les dio muestra que por encima de los derechos constitucionales de los ciudadanos, está por encima la ambición del poder.
¿Qué apreciación tendrá ahora la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, sobre sus séquitos en Chiapas? ¿Cuál es ahora el escenario electoral al que el PRI aspira, sabiendo que luchó contra la inconstitucionalidad y la ganó, por alertar a tiempo su desacuerdo con la iniciativa hoy echada atrás y que deja plasmado en la historia de Chiapas? ¿Se repartirá el poder igual, para quedar bien con todos, de los 118 municipios, en partes iguales a todos los partidos? ¿Los diputados locales actuales serán apoyados por su dirigencia para ser “palomeados” por el que da y reparte y se queda con la mayor parte? … ahí está pues… ¡YA!