Por: Gustavo Hernández Larrauri
CASO “STAN”
Las violaciones de los derechos humanos fundamentales no pueden quedar sin respuesta. Las autoridades de los Estados no deben escatimar esfuerzos para combatir la impunidad y proteger la seguridad de los periodistas. Nunca olvidaremos el coraje de los que pagaron con su vida nuestro derecho a saber. Mensaje conjunto del Secretario General de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Directora General de la UNESCO en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2011, este tres de Mayo…En esta columna haré una recopilación y reflexión de la información generada por el caso “Stan”, la plasmo para que usted amable lector haga su propia opinión, en mi caso muy personal, ya lo he escrito infinidad de veces, tienen que pisar la cárcel y no precisamente de visita, Pablo Abner Salazar Mendiguchía y Rubén Velazquez López, al ser investigados no solo por el caso “Stan”, sino por sus vínculos de hermandad con Mariano Herrán y Greg Sánchez.
Así como dar paso al comentario que subí al Face: Se busca a cafre del volante, el motivo, atropellar al pueblo de Chiapas y cometer un sin fin de infracciones. El chofer se encuentra y se econtraba en un estado total de ebriedad de poder y mesianismo, según testigos de los hechos, nunca respeto los señalamientos, ni tuvo compasión del peatón (pueblo). Con el número de vehiculo, placas y licencia de conducir (si no son apócrifas) las autoridades federales, estatales e incluso las internacionales, deben investigarlo por delitos de tránsito súper pesado, posibles nexos con el crimen organizado debido a su culto con Greg Sánchez y Mariano Herrán, así como el llegar hasta las ultimas consecuencias por la omisión y comisión y desvío de recursos (Desvío hacia su bolsa y la de sus cómplices) bajo el pretexto del la reconstrucción y reparación y el dolor del los afectados por conocido meteoro (stan) en el pasado, cuyo dolor los lacero más al ser arrollados por la ambición del cafre (chofer) de Pablo Salazar y cómplices tras el poder (Rubén Velazquez), va como chascarrillo, pero en serio va:
El ex gobernador reportó más 94% de avance en la reconstrucción pero en realidad era de sólo 63.5%
Miles de damnificados por Stan fueron reubicados por Pablo Salazar en zonas inundables
El desvío de recursos de más de mil millones de pesos para vivienda que debían haberse utilizado para beneficiar directamente a los damnificados por el huracán Stan tiene unas de sus principales evidencias en la adquisición de predios, mismos que se ubicaron en zonas inundables, como se puede constatar físicamente en los dos fraccionamientos más grandes, donde existen más de 6 mil familias afectadas con problemas de inundaciones, además de 94 predios adquiridos para vivienda 64 eran ejidales (no podían ser escriturados) y se adquirieron de manera irregular como propiedad privada. Aunado a ellos 24 fraccionamientos se construyeron sin red eléctrica, 38 sin agua potable, 43 sin drenaje, 73 sin alumbrado público, 11 fraccionamientos que forzosamente requerían drenaje pluvial no cuentan con él y 5 requieren muros de contención pero así se envió a los damnificados, en la prisa por sacarlos de los albergues.
Del mismo modo, de 13 auditorías realizadas en 2007 por la Secretaría de la Función Pública se detectó el desvío de 1079 millones de pesos; donde, por ejemplo, la auditoría 331 al INVI reveló un faltante por 974 millones, en torno a la construcción de vivienda, de los que 433 millones pudieron solventarlos pero es la hora que permanecen pendientes 673 millones. El ex gobernador Pablo Salazar informó en diciembre de 2006 un 94 por ciento de avance en la reconstrucción, sin embargo dejó mil 910 obras inconclusas, por lo que el avance físico real era de 63.5 por ciento. Muchas de estas obras sin concluir sí estaban concluidas pero en su pago. Como ejemplo claro de lo anterior existe un caso en Escuintla donde se liquidó en su totalidad la construcción de viviendas y la supervisión externa pero no existe una sola edificada.
Asimismo permanece la inconformidad de 10 mil 49 familias afectadas por fraccionamientos mal construidos, pues de los 94 fraccionamientos edificados en la administración anterior en la reconstrucción, 88 están mal construidos y mientras Pablo Salazar habla de irresponsabilidad en hacer efectivas las fianzas correspondientes en materia de vivienda, en los 372 contratos que se hicieron, no se especificaron montos de fianza. Es claro que todo pesa en documentación perfectamente acreditada desde el primer día de la presente administración por lo que no es siquiera discutible la existencia o no de dicha la documentación comprobatoria del programa de vivienda, sin embargo el Gobierno de Chiapas, a partir de diciembre de 2006 se dedicó a atender y responder a la gente afectada, con lo que se ha ido resolviendo la problemática con acciones registradas en estos más de 4 años durante los cuales se ha atendido alrededor de 2 mil familias con acciones pendientes de vivienda.
Por si no fuera suficiente, el Gobierno Federal emitió bonos de vivienda de Fonapo que se pudieron hacer efectivos a los beneficiarios, pero las 10 mil familias afectadas más, quienes “cuentan” con un “bono” emitido por Pablo Salazar, sufrieron la peor de las burlas porque los documentos carecen de validez jurídica y normativa por lo que nunca contaron con fuente de financiamiento. En todo este contexto es por demás evidente que el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía intenta confundir a la opinión pública respecto a la reconstrucción por el huracán Stan, mientras que las más de 10 mil familias afectadas (sólo en el tema de vivienda) que están integradas por chiapanecos, padres y madres de familia, niños y niñas permanecen sufriendo su propia tragedia con el engaño de una casa nueva que también se inunda o no tiene agua potable o luz. Las evidencias existen y ahí están a la vista de quien quiera verlas en los sitios donde se construyeron.
Desalojó a damnificados de albergues, enviándolos a viviendas inhabitables
10 mil familias afectadas por bonos sin fondo de financiamiento, entregados por Pablo Salazar
• Amplia explicación del ex gobernador no aborda los mil 589 mdp ejercidos en vivienda
• Cientos de “beneficiarios” de viviendas fueron reubicados en zonas inundables
• Servicios como agua potable, drenaje, luz eléctrica, entre otros, no fueron considerados
• Pablo Salazar reportó más 94% de avance en la reconstrucción: era de sólo 63.5% en avance físico
El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, trata de distraer y confundir a la opinión pública respecto al caso de la reconstrucción por el huracán “Stan” en 41 municipios de Chiapas en las zonas Costa y Soconusco. En un mal intento de justificación, el ex gobernador Salazar señala temas que no tienen que ver con los recursos respecto a los que se han detectado desvíos, sobre todo en materia de vivienda. Habla de 11 mil millones de pesos para reconstrucción y evita hacerlo del total de mil 589 millones de pesos destinados específicamente al rubro de vivienda. Pablo Salazar evita hablar de la inconformidad social de 10 mil 49 familias afectadas por fraccionamientos mal construidos: de 94 fraccionamientos edificados en la administración anterior en la reconstrucción, 88 están mal construidos. El Gobierno Federal emitió bonos de vivienda de Fonapo, los cuales se han podido hacer efectivos a los beneficiarios. Sin embargo, hay 10 mil familias afectadas, porque cuentan con un “bono” emitido por Pablo Salazar que carece de validez jurídica y normativa y que nunca contó con fuente de financiamiento.
El problema de desvío de recursos y falta de explicación de los más de mil millones de pesos para vivienda se deriva desde la mala acción en la adquisición de predios: muchos en zonas inundables, solo por poner un ejemplo en dos fraccionamientos, los más grandes, hay más de 6 mil familias afectadas con problemas de inundación. 24 fraccionamientos se construyeron sin de red eléctrica, 38 sin agua potable, 43 sin drenaje, 73 sin alumbrado público, 11 fraccionamientos necesitaban drenaje pluvial y no cuentan con él y 5 requieren muros de contención. La prioridad para Pablo Salazar fue sacar a la gente de los albergues, no le interesó mandarlos a vivir a casas mal construidas porque no contaban con lo mínimo indispensable para ser habitables. Explica lo que es público: la asignación de los recursos, cuando lo que debería preguntarse es ¿dónde y cómo se gastaron los recursos en vivienda por un monto de 1, 589 millones de pesos, de los cuáles hay observaciones derivadas de 13 auditorías en mil 079 millones 726 mil 616 pesos?
Esas 13 auditorías se realizaron en 2007 por la Secretaría de la Función Pública se identifico dicho quebranto de 1079 millones de pesos, donde sólo una auditoría al INVI, la 331, arrojó una irregularidad de 974 millones, referida a la construcción de vivienda, de las cuales lograron solventar 433 millones, quedando un pendiente de 673 millones. Se repite la pregunta ¿dónde quedó el dinero de vivienda? ¿Cómo fueron ejercidos los mil 589 millones de pesos? Pablo Salazar hace un falso debate sobre si existe o no la documentación comprobatoria del programa de vivienda. Habla de documentación “desaparecida” y “traspapelada”. Es totalmente falso: la documentación sobre vivienda ha sido manejada desde el inicio de esta administración precisamente por el área responsable de vivienda. El ex gobernador Salazar sabe de las obras mal hechas e inconclusas y aún así se pregunta si existe este problema. Ya se ha hablado de los terrenos inundables, la falta de servicios básicos y las familias que siguen esperando una vivienda. Asimismo de 94 predios adquiridos para vivienda 64 eran ejidales (no podían ser escriturados) y se adquirieron de manera irregular como propiedad privada.
Salazar habla de irresponsabilidad en hacer efectivas las fianzas correspondientes en materia de vivienda, cuando la realidad es que en los 372 contratos que se hicieron, no se especificaron montos de fianza. Existe, por ejemplo, un caso en Escuintla, donde se encuentran pagadas al 100 por ciento la construcción de viviendas y la supervisión externa y no hay UNA sola casa construida. Hablemos de las observaciones por auditoría a los mil 589 millones de pesos en materia de vivienda, y otras obras, que han derivado, luego de un proceso jurídico fundado y motivado, en varias detenciones. Las más de 10 mil familias afectadas sólo en el tema de vivienda en el fallido intento de reubicación en fraccionamientos inhabitables, están formadas por chiapanecos, padres y madres de familia, niños y niñas que además de la tragedia de las inundaciones por el huracán “Stan”, sufrieron el engaño de una casa nueva que también se inunda o no tiene agua potable por lo menos. Las evidencias ahí están en los sitios donde se construyeron. El Gobierno de Chiapas, la actual administración, lejos de hacer un linchamiento político se dedicó a responder a la gente afectada, se ha ido resolviendo la problemática de la gente en acciones claramente registradas en estos más de 4 años, se han atendido alrededor de 2 mil familias que tenían acciones pendientes de vivienda.
Para diciembre de 2006 el ex gobernador Pablo Salazar reportó un 94 por ciento de avance global en la reconstrucción, sin embargo dejó mil 910 obras inconclusas, por lo que el avance físico real era entonces del 63.5 por ciento. Muchas de estas obras sin concluir se encontraban finiquitadas en su pago. De todo ello queda claro que el daño mayor del huracán Stan y su proceso fallido de reconstrucción es el perjuicio social a miles de familias que no han tenido ni recuperado una vivienda digna.
Más ex funcionarios detenidos por desvío de recursos de Stan
• Aprehenden elementos de la Policía Especializada a la ex presidenta de Ángel Albino Corzo y al ex síndico de Pijijiapan
• Cumplimenta la PGJE órdenes de aprehensión giradas por el Juez Segundo del Ramo Penal
• Se encuentran procesados por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Peculado
• Detectó la Contraloría irregularidades en la ejecución de recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales del Gobierno del Estado
• Puentes hamaca sin concluir, construidos con materiales de mala calidad o inoperables, algunas de las irregularidades
A unas horas de que el procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, diera a conocer los pormenores de las investigaciones que se realizan en torno al desvío de recursos destinados para la reconstrucción por el huracán “Stan”, elementos de la Policía Especializada lograron la detención de la ex presidenta municipal de Ángel Albino Corzo, Magdalena Díaz Molina y del ex síndico de Pijijiapan, José Chang Sánchez. Estas acciones se suman a la detención del ex munícipe de Bellavista, los ex síndicos de Mapastepec y Mazapa de Madero y de la entonces titular del extinto Instituto de la Vivienda, Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, hoy presos en el penal de El Amate. Magdalena Díaz Molina fue aprehendida en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en la causa penal 298/09, misma que se tramita en el Juzgado Segundo del Ramo Penal con sede en Cintalapa.
La ex alcaldesa es procesada por los delitos de Asociación Delictuosa, Peculado y Ejercicio Indebido del Servicio Público, luego de que la Secretaría de la Contraloría, hoy Secretaría de la Función Pública, realizará una profunda auditoría a los recursos ejercidos como parte del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales del Gobierno del Estado. Dentro del Programa de Reconstrucción de Puentes Hamaca, se evidenciaron irregularidades en la entrega, construcción y supervisión de las obras en las comunidades La Valdiviana, “Benito Juárez”, “Vicente Guerrero”, “Ignacio Zaragoza”, Monte Flor, Siete Piedras, “Manuel Ávila Camacho”, “Lázaro Cárdenas” y Campamento. Cabe precisar que José Chang Sánchez se encuentra procesado bajo los mismos cargos. Por otra parte, la auditoría reflejó una serie de anomalías en la construcción de los puentes hamaca ubicados en las comunidades Ceniceros (paso río la vaca), Nueva Esperanza, San Antonio (paso de piedra de sal), Emiliano Zapata y San Antonio (paso el Higuerón Santa Cruz), del municipio de Pijijiapan. En algunos casos, dichas obras presentaban diferencias en las medidas por las cuales habrían sido calculadas, lo que representa un riesgo eminente para la seguridad de los habitantes.
Otras más fueron construidas con material de mala calidad, no fueron construidas o resultan inoperables al ubicarse en lugares donde no cumplen con la función de fortalecer la comunicación entre las comunidades. Estas irregularidades se vieron reflejadas, según consta en los expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, quienes aún reclaman justicia para que se investigue, procese y sentencie a todos los responsables. Ante los medios de comunicación, el procurador Raciel López Salazar expuso que a la fecha la instancia local ha iniciado 17 averiguaciones previas por diversos delitos, por los cuales se investiga a “directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, presidentes municipales, supervisores de obras, titulares de dependencias y diversos funcionarios estatales de todos los niveles”. La PGJE ha practicado más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas.
Subrayó el papel fundamental de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que inició cinco averiguaciones, a través de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, en respuesta a la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría, luego de observar irregularidades en la ejecución de un total de mil 29 millones 447 mil pesos.
De esta forma, agregó que en el marco del Convenio Interprocuradurías, la Procuraduría de Chiapas ha coadyuvado con la PGR en el desahogo de 247 diligencias, entre inspecciones, dictámenes de obra, peritajes contables y declaraciones.
Con estos hechos, la Procuraduría estatal reafirma su interés de llevar ante la justicia a todos los involucrados en el desvío de recursos destinados para la reconstrucción de las zonas devastadas por el huracán Stan, por lo que continúa con el desahogo de las diligencias correspondientes conforme a Derecho.
Llegaremos hasta las últimas consecuencias en las investigaciones del caso Stán: Procurador RLS
La Procuraduría General de la República inició cinco averiguaciones previas por diversos delitos, tras la denuncia de la Secretaría de la Contraloría quien detectó irregularidades en la ejecución de mil 29 millones 447 mil pesos A la fecha, la Procuraduría de Chiapas ha realizado mil 826 diligencias que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas. En el marco de la política de transparencia que impulsa el Gobierno de Chiapas, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer los avances de las investigaciones en torno al desvío de recursos destinados para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Stán. En este sentido, el funcionario chiapaneco recordó que tras la devastación sufrida en las regiones del Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca de Chiapas en el año 2005, se destinaron a través del Fondo de Desastres Naturales, Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales y una mezcla de recursos del orden Federal y estatal, una cantidad superior a los 11 mil millones 105 mil pesos.
Sin embargo, agregó, ante una serie de anomalías denunciadas por la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, la Procuraduría de Chiapas ha iniciado 17 averiguaciones previas por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Peculado y Fraude.
A la fecha, se han practicado más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas.
“En dichas indagatorias, son investigados desde directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, presidentes municipales, supervisores de obras, titulares de dependencias y diversos funcionarios estatales de todos los niveles”, sostuvo. Destacó que, toda vez que para la reconstrucción se destinaron fondos del orden federal, la Procuraduría General de la República, por medio de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con sede en la Ciudad de México, dio inicio a cinco averiguaciones previas en atención a la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría, luego de observar irregularidades en la ejecución de un total de mil 29 millones 447 mil pesos.
De esta forma y, en el marco del Convenio Interprocuradurías, la Procuraduría de Chiapas ha coadyuvado con la Procuraduría General de la República en el desahogo de 247 diligencias, entre inspecciones, dictámenes de obra, peritajes contables y declaraciones.
López Salazar, señaló que en las indagatorias iniciadas por la PGJE han quedado demostradas irregularidades en las Retenciones y descuentos a terceros no enteradas, Incumplimiento a la normatividad de viáticos y pasajes, Erogaciones improcedentes, Conceptos de obras pagados no ejecutados, volúmenes de obras pagados en demasía; deficiencias técnicas de construcción; incumplimiento a los contratos y convenios celebrados relativos a proyectos de inversión, adquisiciones y prestación de servicios y conceptos de obra pagados no justificados. Motivo por el cual, “el Ministerio Público investigador ha acreditado la probable responsabilidad penal de diversos servidores públicos de los Ayuntamientos Municipales de La Concordia, Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Acacoyagua, Mapastepec, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlán, Cacahoatán, Pijijiapan, Motozintla, Bellavista, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Villaflores, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero; y de funcionarios públicos estatales”. Asimismo, informó que en las últimas horas la Procuraduría cumplimentó órdenes de aprehensión giradas por los jueces competentes del fuero común en contra de Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del Estado, del ex presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez y de los ex Síndicos de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano y de Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz. Mismos que hoy se encuentran presos en “El Amate”.
“El Fiscal del Ministerio Público demostró que, en algunos casos, el pago de las obras fue cubierto al 100 por ciento a pesar de que no se encontraban concluidas o fueron realizadas con material de mala calidad, es decir, recibieron casas sin techo, sin puertas ni ventanas y sin servicio de energía eléctrica o drenaje”, enfatizó. El abogado de los chiapanecos, manifestó que en otros casos, a poco tiempo de su entrega, las casas presentaron serias afectaciones en su estructura, filtraciones y cuarteaduras de muros. Lo anterior, “manifiesta el actuar de servidores públicos que estaban obligados a supervisar y ejercer la correcta captación, aplicación, manejo y administración de los recursos públicos destinados para la reconstrucción en beneficio de los damnificados”. En este contexto, refrendó el compromiso de la Procuraduría General de Justicia del Estado de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de todos los servidores públicos involucrados, sin excepción alguna, que hayan desviado los recursos económicos para sí o para otros, que tenían como destino original devolverle la tranquilidad y el bienestar a miles de chiapanecos afectados por el fenómeno natural.
Afirma Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Chiapas
Detectan diversas irregularidades cometidas por ex servidores públicos
– Derivado de la revisión y fiscalización a los recursos ejercidos en el “Stan”
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Chiapas dio a conocer que derivado de la revisión y fiscalización a los recursos ejercidos en el “Stan”, se determinaron diversas irregularidades cometidas por ex servidores públicos, quienes de acuerdo con la Ley, se le otorgó el plazo establecido para solventar las situaciones detectadas. Es así que trascurrido los términos de Ley y no habiendo aportado los presuntos responsables, las pruebas y argumentos que permitieran desvirtuar los hechos, con fecha 14 de enero de 2009 se presentó ante la autoridad ministerial la denuncia correspondiente para que ésta determinara lo que ha derecho corresponde.
Llegaremos hasta las últimas consecuencias en las investigaciones del caso Stan: Procurador RLS
La Procuraduría General de la República inició cinco averiguaciones previas por diversos delitos, tras la denuncia de la Secretaría de la Contraloría quien detectó irregularidades en la ejecución de mil 29 millones 447 mil pesos A la fecha, la Procuraduría de Chiapas ha realizado mil 826 diligencias que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas. En el marco de la política de transparencia que impulsa el Gobierno de Chiapas, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer los avances de las investigaciones en torno al desvío de recursos destinados para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Stan. En este sentido, el funcionario chiapaneco recordó que tras la devastación sufrida en las regiones del Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca de Chiapas en el año 2005, se destinaron a través del Fondo de Desastres Naturales, Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales y una mezcla de recursos del orden Federal y estatal, una cantidad superior a los 11 mil millones 105 mil pesos. Sin embargo, agregó, ante una serie de anomalías denunciadas por la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, la Procuraduría de Chiapas ha iniciado 17 averiguaciones previas por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Peculado y Fraude. A la fecha, se han practicado más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas.
“En dichas indagatorias, son investigados desde directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, presidentes municipales, supervisores de obras, titulares de dependencias y diversos funcionarios estatales de todos los niveles”, sostuvo. Destacó que, toda vez que para la reconstrucción se destinaron fondos del orden federal, la Procuraduría General de la República, por medio de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con sede en la Ciudad de México, dio inicio a cinco averiguaciones previas en atención a la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría, luego de observar irregularidades en la ejecución de un total de mil 29 millones 447 mil pesos. De esta forma y, en el marco del Convenio Interprocuradurías, la Procuraduría de Chiapas ha coadyuvado con la Procuraduría General de la República en el desahogo de 247 diligencias, entre inspecciones, dictámenes de obra, peritajes contables y declaraciones.
López Salazar, señaló que en las indagatorias iniciadas por la PGJE han quedado demostradas irregularidades en las Retenciones y descuentos a terceros no enteradas, Incumplimiento a la normatividad de viáticos y pasajes, Erogaciones improcedentes, Conceptos de obras pagados no ejecutados, volúmenes de obras pagados en demasía; deficiencias técnicas de construcción; incumplimiento a los contratos y convenios celebrados relativos a proyectos de inversión, adquisiciones y prestación de servicios y conceptos de obra pagados no justificados. Motivo por el cual, “el Ministerio Público investigador ha acreditado la probable responsabilidad penal de diversos servidores públicos de los Ayuntamientos Municipales de La Concordia, Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Acacoyagua, Mapastepec, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlán, Cacahoatán, Pijijiapan, Motozintla, Bellavista, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Villaflores, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero; y de funcionarios públicos estatales”.
Asimismo, informó que en las últimas horas la Procuraduría cumplimentó órdenes de aprehensión giradas por los jueces competentes del fuero común en contra de Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del Estado, del ex presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez y de los ex Síndicos de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano y de Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz. Mismos que hoy se encuentran presos en “El Amate”. “El Fiscal del Ministerio Público demostró que, en algunos casos, el pago de las obras fue cubierto al 100 por ciento a pesar de que no se encontraban concluidas o fueron realizadas con material de mala calidad, es decir, recibieron casas sin techo, sin puertas ni ventanas y sin servicio de energía eléctrica o drenaje”, enfatizó.
El abogado de los chiapanecos, manifestó que en otros casos, a poco tiempo de su entrega, las casas presentaron serias afectaciones en su estructura, filtraciones y cuarteaduras de muros. Lo anterior, “manifiesta el actuar de servidores públicos que estaban obligados a supervisar y ejercer la correcta captación, aplicación, manejo y administración de los recursos públicos destinados para la reconstrucción en beneficio de los damnificados”. En este contexto, refrendó el compromiso de la Procuraduría General de Justicia del Estado de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de todos los servidores públicos involucrados, sin excepción alguna, que hayan desviado los recursos económicos para sí o para otros, que tenían como destino original devolverle la tranquilidad y el bienestar a miles de chiapanecos afectados por el fenómeno natural…
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