Eduardo Pérez Motta
Cuando uno observa la posición de México en las distintas clasificaciones de competitividad internacional en los últimos años, dos cosas surgen claramente: una, la economía se desempeña por debajo de las referencias internacionales; y dos, está perdiendo terreno, lenta pero indudablemente.
Esto ha sido desde hace tiempo motivo de preocupación entre autoridades y analistas, y de una gran cantidad de propuestas para atender aspectos específicos de la situación que se han acumulado. Pero aún no se articula una estrategia clara, coherente y -quizá lo más importante- ampliamente compartida para atender el problema.
Esto podría estar cambiando. En los últimos meses se han manifestado un número creciente de voces insistiendo en la importancia de la competencia para la competitividad, el crecimiento y la reducción de la pobreza. Centros de investigación nacionales como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) -ambos financiados por organismos empresariales- han sumado sus voces a las del Banco Mundial, el FMI y la OCDE. El presidente Felipe Calderón ha hecho énfasis en la promoción de la competencia como un elemento clave de la política económica de su administración.
Existen evidencias sólidas de que una política de competencia fuerte e integral incrementa la productividad, el crecimiento y el bienestar de los consumidores. Australia, por ejemplo, implementó una Política Nacional de Competencia en 1995 que extendió la proscripción de las actividades anticompetitivas a todos los sectores de la economía. También revisó y reformó todas las leyes que restringían excesivamente la competencia, además de garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura (como aeropuertos, cables de electricidad, gasoductos y líneas férreas) y asegurar la neutralidad competitiva entre empresas públicas y privadas.
Como resultado, la OCDE concluyó que “el PIB de Australia es ahora 2.5% más alto de lo que habría sido de otra forma, y los ingresos anuales de los hogares australianos son en promedio 7 mil dólares australianos (5 mil 800 estadounidenses) más altos, como resultado de la política de competencia”. (Estudio Económico de Australia, Informe sobre Política de la OCDE, marzo de 2003).
En México, la necesidad de mayor competencia está en todos lados. El desmantelamiento de las barreras comerciales que inició a finales de los 80 permitió la llegada de la competencia extranjera a la manufactura (y creó por tanto las condiciones para el surgimiento de sectores industriales más que capaces de competir en el mercado internacional), pero la apertura no alcanzó a los servicios ni los bienes no comercializables. Como resultado, aún existen pocas compañías en muchos mercados, del cemento al maíz, y de la harina a la distribución de medicina y los taxis de aeropuerto. Los consumidores mexicanos pagan precios más altos que sus pares en países desarrollados, a pesar de que sus ingresos son significativamente menores.
Los sectores regulados, como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios financieros, enfrentan un reto especialmente difícil de competencia. Son proclives a tener pocas compañías y un comportamiento anticompetitivo (que es la lógica detrás de la regulación económica), pero, además, la intervención del gobierno corre el riesgo de provocar más perjuicios que beneficios al erigir barreras artificiales al ingreso o al distorsionar los incentivos.
Los indicios de que existen problemas de competencia en los sectores regulados son abundantes: la OCDE clasifica los precios de la telefonía para pequeñas empresas entre los más altos de cualquiera de los miembros de la organización; el gasto en transporte es el doble que el de Estados Unidos en términos de porcentaje del PIB; los mexicanos siguen pagando precios comparativamente altos por su electricidad y su gas, y la penetración de la banca minorista está rezagada respecto de Latinoamérica y de economías desarrolladas. Todos estos son sectores que impactan horizontalmente en el costo de hacer negocios, así que su ineficiencia es un lastre a la economía en su conjunto con altos costos y baja productividad.
Los sectores regulados ofrecen un impresionante ejemplo de cómo las políticas de competencia reducen precios, impulsan el crecimiento y mejoran las opciones del consumidor. El trasporte aéreo en México experimentó un importante cambio en 2005, con la separación de las dos principales aerolíneas nacionales (del Estado desde 1995) y con cinco nuevas aerolíneas de bajo costo recibiendo aprobación regulatoria para entrar al mercado. Los resultados fueron impactantes: sólo en 2006 se aumentó 2.3 millones de pasajeros (11.8%) en vuelos nacionales, más del crecimiento acumulado en el último lustro. Y el estudio Pronóstico Global de Viajes de Negocios de American Express, estima un descenso de entre 5% y 9% en las tarifas aéreas mexicanas para viajes cortos en 2007, frente a un aumento global de 3% a 5%.
¿Qué se debe hacer para reproducir esos resultados en toda la economía? En los últimos dos años, la Comisión Federal de Competencia (CFC) publicó recomendaciones de política pública para los sectores regulados, desde fomentar la convergencia de las telecomunicaciones (incluyendo el acceso a contenidos audiovisuales), hasta reducir las barreras de entrada para la distribución de gas LP, y aumentar la transparencia y los incentivos en la banca minorista y en el sistema de pensiones. Hoy, la comisión trabaja en opiniones adicionales sobre redes ferroviarias, aeropuertos y distribución de gasolina. Sin embargo, la mayor parte de dichas recomendaciones implican reformas legales o enmiendas a las regulaciones que están más allá del poder de la CFC.
Por lo tanto, el próximo paso deberá ser traducir el creciente consenso sobre el papel clave de las políticas de competencia, en un compromiso firme de los poderes legislativo y ejecutivo para hacer que la promoción de la competencia sea el criterio esencial al formular o revisar las leyes y regulaciones económicas. Para que resulte efectivo, dicho compromiso tendría que ser consagrado en el marco institucional, del mismo modo que Australia estableció su Política Nacional de Competencia en 1995.
Evidentemente, esta estrategia implica costos políticos significativos. Supone confrontar a algunas de las compañías más poderosas del país -a menudo influyentes empresas transnacionales-, para despojarlas de privilegios atesorados desde antaño y altamente rentables.
Pero también es el modo de introducir al país algo hasta ahora sólo visto de lejos: una verdadera economía de mercado, que utilice del modo más eficiente los recursos, promueva la innovación y, lo más importante, convierta consumidores en ganadores del proceso económico. Ellos -y quienes los representan en el gobierno- no deberían conformarse con menos.
Presidente de la Comisión Federal de Competencia Publicado en el Financial Times