Jorge Emilio González M.
Hace más de una década se acuñó el concepto de gobiernos verdes en foros internacionales, para referirse a la necesidad de que las instituciones gubernamentales realicen sus actividades cotidianas con responsabilidad, asegurando un consumo sustentable de energía, agua y productos de papelería, además de hacer esfuerzos para reducir el impacto de sus actividades en el ambiente.
El papel y los productos derivados de la madera se encuentran entre los bienes materiales que más se consumen en las dependencias de gobierno. Ambos productos están muy relacionados con uno de nuestros recursos naturales más importante, tanto por los beneficios ambientales que nos aporta como por los beneficios económicos que genera: el bosque.
De acuerdo con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2007, el gobierno federal programó el gasto de casi 2 mil millones de pesos en productos forestales como madera y materiales básicos de madera; madera laminada y chapeada; muebles de oficina; gabinetes, armarios, depósitos y estantes. Adicionalmente, en la administración pública federal laboran alrededor de 2 millones de personas, que por año consumen más de 14 mil 600 toneladas de papel. Esto nos da una idea del nivel de demanda gubernamental de estos insumos y de la necesidad de que el gobierno reoriente sus compras hacia aquellos productos cuyo consumo ofrezca ventajas, no sólo económicas sino ambientales.
El pasado 26 de abril, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de compras de insumos forestales o compras verdes, después de un largo proceso legislativo que comenzó en noviembre de 2005, con una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Senadores. Dicha reforma faculta a los comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las dependencias de la administración pública federal, para que establezcan lineamientos de sustentabilidad ambiental, a efecto de disminuir costos financieros y ahorrar recursos, pero sobre todo para que el gobierno contribuya a cuidar nuestros bosques.
La reforma a la Ley de Adquisiciones obliga también a que todos los productos derivados de madera que compre el gobierno, como muebles y suministros de oficina, cuya procedencia se encuentre debidamente certificada, es decir, que se garantice que la madera proviene de explotaciones forestales sustentables y no de la tala ilegal. Además, promueve el uso de papel reciclado en las oficinas de gobierno, ya que exige que el papel utilizado contenga un mínimo de 50% de fibras de material reciclado y un blanqueado libre de cloro.
El Estado tiene a su cargo la responsabilidad de cuidar los recursos naturales de todos los mexicanos y de garantizar su aprovechamiento sustentable para las futuras generaciones. Por ello mismo resultaría absurdo que el gobierno por un lado gaste recursos en la reforestación del país y en el combate a las organizaciones delictivas de tala clandestina de los bosques, pero a la vez consuma productos forestales sin averiguar su procedencia legal, participando del mercado negro que está dejando sin bosques ni selvas a nuestro país.
Infortunadamente esta reforma a la Ley de Adquisiciones aún no ha entrado en vigor. Esto es así porque el Ejecutivo federal aún no ha publicado dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación, pese a que han pasado poco más de dos meses desde que el Congreso mexicano la aprobara. En la práctica, el gobierno mexicano ha sido ineficaz para impedir la tala clandestina de los bosques de nuestro país, por lo que no existen razones para detener o suspender nuevas estrategias como la de hacer compras verdes.
Presidente nacional del PVEM