José Luis Calva
“Un acuerdo político de los distin-tos sectores sociales sobre lo que debe hacer el Estado —observó José Antonio Ocampo, ex secretario ejecutivo de la Cepal— ayuda a legitimar el nivel, composición y tendencia del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su financiamiento” (JAO, Reconstruir el futuro, Cepal-Norma, Bogotá, 2004). Por el contrario, un acuerdo hacendario que solamente permitiera —sin ponderar previamente las tareas y requerimientos fiscales— incrementar la recaudación en tres puntos porcentuales del PIB, condenaría al Estado mexicano al incumplimiento de buena parte de sus responsabilidades en el desarrollo humano, económico y ambiental.
Por eso es necesario desechar la estrecha visión según la cual el Estado puede cumplir eficazmente sus funciones sin una reforma hacendaria realmente integral. Recuérdese que la recaudación en México es muy inferior a la de los países líderes en desarrollo económico y humano: los ingresos tributarios del gobierno general (gobierno central más gobiernos locales, incluidos los impuestos petroleros), representan en México 19% del PIB, mientras que en los de países de la OCDE alcanzan, en promedio, 35.9% del PIB (OECD, Revenue Statistics, 2006). Por consiguiente, la base material para que el Estado mexicano cumpla eficazmente sus responsabilidades en el desarrollo, es inferior a los parámetros ejemplares.
Más aún, a esta estrechez de la base fiscal se agregan la ineficiencia y la corrupción en el ejercicio del gasto público. Por eso es necesaria una profunda reforma de toda la hacienda pública, que incluya eficaces sistemas de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social, no sólo para asegurar la probidad en el ejercicio del gasto, sino también su eficiencia y concordancia con el interés general de la nación.
Además, no solamente es enorme nuestro rezago en recaudación, sino también en estructura fiscal. Los impuestos directos sobre el ingreso representan en México 4.7% del PIB, contra 12.5% del PIB en el promedio de la OCDE; los impuestos sobre la propiedad representan 0.3% del PIB en México, contra 1.9% del PIB en el promedio de la OCDE; y las contribuciones a la seguridad social apenas alcanzan 3.1% del PIB en México, contra 9.4% del PIB en el promedio de la OCDE. En cambio, la recaudación de impuestos indirectos —IVA e impuestos especiales sobre productos y servicios— en México alcanza 10.5% del PIB, contra 11.4% del PIB en el promedio de la OCDE.
De allí nuestra persistente desigualdad en la distribución del ingreso. En contraste, los países más representativos de la OCDE realizan importantes redistribuciones del ingreso, a través de transferencias fiscales de los ricos a los pobres y de amplios sistemas de pensiones que distribuyen el ingreso desde los trabajadores en activo hacia los jubilados de hoy y de mañana. Como resultado, el coeficiente de distribución del ingreso (coeficiente de Gini) para los ingresos de mercado (es decir, antes de impuestos y transferencias) resultó ser, en Irlanda, por ejemplo, de 0.53, mientras que el coeficiente de Gini para los ingresos disponibles (después de impuestos y trasferencias) se redujo a 0.34. Para España, los coeficientes de Gini resultaron ser 0.47 y 0.35, respectivamente; para Dinamarca, 0.49 y 0.29; para Estados Unidos, 0.47 y 0.34; para Alemania, 0.43 y 0.28, etcétera (véase The World Bank, Poverty Reduction and Growth: virtuous and vicious circles, 2006). En contraste, en América Latina el coeficiente de Gini para los ingresos de mercado ascendió a 0.56, mientras que el coeficiente de Gini después de impuestos y transferencias apenas se redujo a 0.52. Una de las razones de la persistente desigualdad estriba precisamente —como reconoce el Banco Mundial— en que “las recaudaciones de impuestos progresivos, tales como el impuesto sobre la renta personal y los impuestos a la propiedad son especialmente bajas”.
Por todo lo anterior, sólo mediante una reforma realmente integral de la hacienda pública podrá México afrontar exitosamente su reto múltiple: mejorar la posición fiscal del Estado para que cumpla cabalmente sus funciones en el desarrollo, elevar la eficiencia en el ejercicio del gasto y alcanzar una mayor equidad en el reparto social de la carga tributaria.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM