LOS GENOCIDAS A CÁRCELES COMUNES
Por Teodoro Rentería Arróyave
PATAGONIA ARGENTINA. El ejemplo de la ministra de Defensa de esta nación, Nilda Garré, debería de ser línea o conducta a seguir en todos los países donde se hayan cometido crímenes contra los derechos humanos y máxime si son considerados de lesa humanidad: los presuntos responsables o en su caso delincuentes sentenciados deben de ser confinados en cárceles comunes y no como se acostumbra en instalaciones militares.
Es fácil suponer que estos criminales, la mayoría mílites de alta jerarquía, cuando se les envía más que a una prisión militar a instalaciones hoteleras de primera categoría, gozan de todas la prebendas y se ha sabido que inclusive disfrutan de un sinnúmero de libertades y hasta pueden salir como si estuvieran en su propio domicilio.
Tal decisión fue dictaminada a través de una resolución por la Ministra de Defensa, Nilda Garré, la cual también dispuso que las notificaciones judiciales y cualquier otra diligencia procesal deben contar con la autorización de su cartera.
Los medios de esta nación fueron prolijos con la determinación de la Ministra de Defensa, Nilda Garré, que en su parte sustancial prohíbe a los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el “alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente”, según expresa en el artículo primero.
En el artículo segundo de dicha resolución, con fundamento en la Ley de Defensa Nacional 23554 y el Código Procesal Penal de la Nación, Garré también prohibió “a la totalidad del personal de las Fuerzas Armadas la ejecución de requerimientos judiciales, cualquiera fuera la fecha de emisión, que impliquen el traslado de personal militar privado de su libertad bajo cualquier modalidad”.
También en la resolución mencionada Garré prohíbe a las Fuerzas “la realización de notificaciones judiciales y cualquier otra diligencia procesal, sin previa autorización expresa de su Ministerio de Defensa”.
En el artículo tercero de la directiva, la ministra ordena al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,”la inmediata comunicación al Ministerio de Defensa de todo requerimiento judicial, cualquiera sea el lugar o la autoridad que lo reciba, en el que se solicite la intervención de las Fuerzas Aramadas para las áreas señaladas en el artículo primero”.
A mayor abundamiento, en los considerandos de la resolución del Ministerio de Defensa, se anota que “en varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos, han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas que son propias de las Fuerzas de Seguridad”.
Totalmente de acuerdo, resultaba “necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tienen competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos”, pero aún más los presuntos o declarados criminales de los derechos humanos, bajo ningún concepto deben gozar de canonjías, porque en esa forma están burlando a la justicia. Que el ejemplo cumplido y valiente de la ministra Nilda Garré, sea principio y basamento de la justicia mundial.
Si partimos de la base cierta, de que todo genocida, ni con la sentencia que se le dicte paga sus crímenes, resulta verdaderamente una burla a las víctimas, a los deudos y a la sociedad en general que en los confinamientos militares estos malhechores gocen de prebendas y beneficios que siempre escatimaron a sus pueblos. Bien por la ministra Garré y desde luego por la presidenta, Cristina Fernández Kirchner, quien en última instancia dictó la mencionada resolución.
EN EL ÁTICO. El Senado argentino hizo ley la re estatización de las empresas, Aerolíneas Argentinas y Austral, tras 10 horas de debate y una votación de 46 votos a favor y 21 en contra de la oposición reaccionaria.
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