Orbelín Castro /ASICh
Milton Garay González, militante del Partido Revolucionario Institucional desde hace 30 años en Tuxtla, señaló que la población tiene derecho a saber la verdad sobre la supuesta privatización del Sistema Municipal de Agua Potable, organismo donde ahora está al frente de la admnistración, Alfredo Araujo, a quien apoyó durante su gestión de presidente de este instituto político en la capital de Chiapas. Si ya está privatizada la basura, el alumbrado público y ahora el agua, que es de los tuxtlecos, entonces en dónde estaría la responsabilidad del Ayuntamiento para el otorgamiento de los servicios básicos en beneficio de la población.
Nosotros votamos como priistas para tener a las autoridades municipales actuales, por lo que esperamos al igual que todos los votantes que lo hicieron a su favor, puedan responder dando soluciones a los problemas y necesidades que se presentan.
Consideró que hay otras fuentes, otros medios para que puedan tener mejores solucionesel problema del SMAPA; en primer lugar, basta ya de estar sosteniendo a aviadores en la nominas. Que sean ya cortados, esos que han servido a gobernantes en tiempos pasados como una plataforma electoral.
En tanto, exigió que los ex directores de SMAPA, sobre todo en las últimas administraciones, sean llamados a cuentas y que se les encarcele y se les quiten todos los bienes para que también ese dinero sirva para sacar el proyecto dekl organismo.
SMAPA, que es de los tuxtlecos, porque nadie puede quitar el derecho de agua todos los días. Pero que lo privaticen o que lo renten para 25 años, no sabemos de qué forma van a venir trabajando esas empresas.
Nos vaya a pasar como pasó con PROACTIVA que en los primeros años fueron mieles y después empezaron los problemas con las toneladas de basura en la ciudad, todo ciudadano tiene el derecho de manifestarse de forma respetuosa y humilde, pero con el agua no se puede correr ese riesgo.
Asimismo, pidió a los diputados locales de manera pública que revisen de fondo el expediente minuta de proyecto de decreto de privatización o de arendamiento, que no vallan a afectar al pueblo tuxtleco, que ya ha sido saqueado. ASICh