Jorge Luis Sierra
Las Fuerzas Armadas experimentan un proceso de reasignación de recursos financieros, materiales de guerra y modificación de sus sistemas de adiestramiento para enfrentar en una forma integrada al narcotráfico. Sería ideal si lo mismo sucediera entre las fuerzas de investigación judicial, seguridad pública y prevención de la delincuencia organizada, pero no parece ser así.
El desequilibrio resultante puede ser de nueva cuenta un factor de debilidad frente a la capacidad de adaptación y agilidad de respuesta demostrada por los grupos de narcotraficantes, ya experimentados en la infiltración de corporaciones policiacas y cooptación de elementos militares. La rama militar de la lucha contra el narcotráfico puede intentar el mejoramiento de su efectividad táctica y operativa, pero los resultados pueden ser insatisfactorios si no está acompañada por un proceso similar en la rama civil o policiaca.
Hasta ahora, el gobierno está trabajando con el máximo de cooperación posible, principalmente intercambio de inteligencia, entre las áreas aún confiables de los cuerpos policiacos con los elementos de enlace militar. Hay resultados, porque el Ejército ha detenido a presuntos capos importantes en la estructura de casi todos los cárteles de la droga que operan en México, pero la merma al narcotráfico no parece ser de grandes dimensiones.
Es posible que sea necesario un plazo mayor para evaluar cuál es el impacto real de los decomisos, la erradicación de cultivos ilícitos y la detención de narcotraficantes de este año sobre los niveles de operación delictiva en México. El gobierno federal de Estados Unidos ha insinuado que el desabasto de drogas ilícitas en las ciudades principales de ese país, y el consiguiente aumento en sus precios, se explican por la efectividad de la lucha antinarcóticos librada en México en los últimos meses. Sin embargo, los jefes de policía local, por lo menos los de ciudades grandes como Houston, reportan que el espectro de precios y la disponibilidad de drogas en el mercado no ha sufrido variaciones importantes.
La información limitada y descontextualizada que proporciona el gobierno mexicano tampoco ayuda mucho a evaluar el éxito real de la política de uso extensivo e intensivo de la fuerza militar para combatir a los narcotraficantes.
La Secretaría de la Defensa Nacional presume en el Primer Informe de Labores de este sexenio que con las 2.7 toneladas de cocaína aseguradas entre diciembre de 2006 y agosto de 2007 se dejaron de producir más de 5 millones de dosis, con un valor aproximado en el mercado de las drogas de más de 906 millones de pesos.
La cifra es elevada, pero quizá poco significativa. La producción de cocaína en la región andina está calculada en una cifra aproximada de mil toneladas anuales, lo suficiente para usar 30% en la satisfacción de la demanda anual en Estados Unidos, y usar el resto para abastecer al mercado europeo, resistir la pérdida de cocaína confiscada y alimentar los depósitos de reserva.
Para EU representa de todas formas un valor importante que México utilice de manera intensiva a sus Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. La política de interceptación de drogas, antes de que éstas lleguen al mercado estadounidense, está paralizada por la dificultad de unir en forma efectiva la cadena de vigilancia-identificación con la de persecución-arresto de narcotraficantes. La tendencia en México y en otros países de América Latina es que las Fuerzas Armadas realicen todas las fases de la interceptación.
Por lo pronto, la Sedena está invirtiendo más recursos en la vigilancia aérea antinarcóticos, con 54% de incremento en el presupuesto de operaciones de la Fuerza Aérea Mexicana. Al mismo tiempo, el Ejército transfirió a la Armada parte de su equipamiento de interceptación costera y redujo el número de sus grupos anfibios de fuerzas especiales.
A través de una Fuerza de Tarea Conjunta en la península de Yucatán, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han establecido una plataforma unificada de combate a las drogas, como un paso que tiende a reforzar la coordinación entre los recursos militares y mejorar su efectividad táctica.
En este año, la Sedena absorbió una parte de la flota de aviones y de los recursos financieros de la Procuraduría General de la República. A partir de abril, la Sedena tomó control de 10 bases aéreas de erradicación de cultivos ilícitos, de 50 helicópteros Bell, ocho aviones Cessna y todos los tanques de combustible, lotes de refacciones y mobiliario que antes pertenecían a la PGR.
Este proceso de integración y absorción de recursos, que puede mejorar la efectividad táctica de las Fuerzas Armadas, no parece estar acompañado de un proceso similar entre las agencias civiles responsables de la seguridad pública, la investigación judicial y la prevención de la delincuencia organizada en México.
La fuerza artinarcóticos se está concentrando en la efectividad de la acción conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Tendrá que pasar un tiempo para evaluar el resultado de las fuerzas de tarea conjunta que las Fuerzas Armadas organicen en otras partes del país, además de Yucatán. Ahí tendremos más elementos para saber el impacto real de la política de interceptación militar de narcóticos sobre el flujo de drogas, o si sólo sirve como una forma de demostrarles a otros países que los esfuerzos del gobierno mexicano son serios, aunque sean ineficientes.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas