El 20 de noviembre de 1989 se creó el primer tratado internacional sobre derechos de la población infantil y adolescente: La Convención de los Derechos de la Niñez, que a lo largo de 54 artículos estipula los derechos específicos que deben garantizar los Estados a dicha población. México ratificó la Convención en 1990, por lo que tiene la obligación de generar y garantizar las condiciones que permitan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes en el país, sostiene la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas
A 34 años de la Convención, en Chiapas reconocemos los esfuerzos de diferentes actores clave para fortalecer los derechos de la diversidad de infancias y adolescencias en la entidad. A nivel estatal se encuentran las acciones en escuelas para abordar temas de salud mental y prevención de adicciones en adolescentes. Del mismo modo, destacamos la aprobación del Programa Estatal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) en agosto de este año, ya que representa un documento clave para orientar la política pública con acciones dirigidas específicamente a las necesidades de esta población. A la vez, saludamos y reconocemos las iniciativas de juventudes locales en las periferias de San Cristóbal y de otros municipios para generar trabajo con infancias a través del teatro, el circo, la música, la danza y los huertos.
Sin embargo, a 34 años de la Convención en Chiapas nos encontramos ante escenarios sumamente complejos. El mayor obstáculo se ha convertido en garantizar la sobrevivencia, vida y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes; uno de los cuatro principios clave del enfoque de derechos.
En los últimos años se ha incrementado la violencia en el estado de forma alarmante. Esto se entiende considerando el carácter estratégico que tiene el territorio a nivel internacional, siendo parte de rutas clave para el tráfico de armas, drogas y personas. Este 2023 hemos sido testigos de la disputa de territorios estratégicos por parte de grupos criminales, en la cual pobladores de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala han quedado al centro.
En ese contexto, las niñas, niños y adolescentes de 13 municipios han quedado al centro de la espiral de violencia, siendo afectados en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Durante el ciclo escolar 2023-2024 se han suspendido clases por la violencia armada en los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bellavista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Esto debido a que no existían condiciones para garantizar la integridad de profesores y estudiantes, afectando a un aproximado de 5000 niñas, niños y adolescentes de acuerdo a los cálculos de los propios profesores.
Dicha lista de municipios podemos agregar Altamirano, Ocosingo y Tila, en los cuales también se han dado escaladas de violencia que ponen en riesgo el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
La violencia armada no solo coarta el acceso a la educación, sino también el acceso a otros servicios básicos como la salud. A la vez, afecta a otros derechos, como el derecho a la cultura, el deporte y el juego.
Para dimensionar esta violencia basta ver las cifras del 2023 respecto a distintos fenómenos: 428 denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes: 4 adolescentes asesinados por arma de fuego; 2 eventos de desplazamiento forzado de comunidades en Chenalhó, Frontera Comalapa y Motozintla. “Casi siempre estamos aterrorizados por los disparos que se dan en mi comunidad”, así resume un adolescente de los Altos, el sentir de las infancias y adolescencias en dichos contextos.
En este escenario, las niñas, niños y adolescentes se han convertido en objetivo de grupos criminales a través del reclutamiento forzado, que en Chiapas tiene la modalidad de enganche mediante endeudamiento. De acuerdo a Melel Xojobal, 2507 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados en San Cristóbal, y 8.1 % en el estado.
De un total de 2161 adolescentes participantes del Proyecto Kuxlejal en los Altos de Chiapas, 24% percibe una situación de amenaza. Estas situaciones impactan profundamente la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Podemos notarlo en las cifras de suicidio, que se han incrementado especialmente en comunidades de la región Altos: Para el 2022, la tercera causa de muerte de adolescentes de 12 a 17 años en Chiapas fue el suicidio (INEGI, 2023).
Desafortunadamente, la violencia armada se ha vuelto una constante tanto en Chiapas como en México. A nivel global nos enfrentamos a un escenario desolador en términos de violencia global: estamos cosechando la violencia sembrada a lo largo de siglos de desigualdad e injusticia social. Hoy a 34 años de la Convención, la violencia armada enluta una fecha que debería ser para conmemorar avances en torno a los derechos de las infancias y adolescencias. En sus tres décadas de existencia, no ha habido un escenario tan difícil y triste para conmemorar los derechos de las infancias y adolescencias. Sucesos como el genocidio en Palestina y la República Democrática de El Congo, o la guerra en Ucrania dan testimonio de este hecho.
En este momento oscuro tenemos la responsabilidad histórica de defender la dignidad humana sin importar condiciones de edad, sexo, género, religión, etnia, nacionalidad o clase social. Por lo mismo, desde la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) hacemos un llamado urgente a los diferentes actores comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos sumando esfuerzos para reivindicar los derechos de niñas, niños y adolescentes.