Lorenzo Córdova Vianello
El del informe presidencial es un tema que, como todos los años, una vez más se coloca en el centro de la agenda política de las semanas previas al 1 de septiembre. Hoy las discusiones sobre el formato, sobre si se permitirá que el Presidente rinda su (¿tradicional?) discurso, sobre la intención de “diálogo” del Presidente con las diversas bancadas partidistas, sobre la renovación en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (y por ende del Congreso), entre muchos otros asuntos, han ocupado y todavía ocupan espacio y esfuerzos políticos que bien podrían ser utilizados para cosas más útiles y necesarias.
A nadie escapa el hecho de que el informe presidencial necesita de una reforma, tanto en su modalidad como en su significado político-institucional, dentro del renovado esquema de división de poderes y de pluralismo que ha traído consigo el proceso de transición a la democracia.
Pensado en otros momentos históricos como un momento de apoteosis y lucimiento del poder presidencial, en los tiempos que corren, el diseño del informe resulta completamente disfuncional y trasnochado. En un contexto democrático en donde la pluralidad política se expresa cotidianamente, el informe del titular del Ejecutivo ante el Poder Legislativo sólo tiene sentido si se le entiende como un ejercicio de rendición de cuentas del primero ante el segundo, en el que es presentado, para su revisión y escrutinio, el estado que guarda la Administración Pública Federal. Pretender otra cosa del informe es simple y sencillamente no reconocer que los tiempos han cambiado y que la consolidación democrática requiere replantear y eliminar los oropeles y los protocolos del pasado.
Para decirlo en breve, el informe de gobierno, tal como está previsto actualmente, es totalmente inocuo en términos de rendición de cuentas y sí es una reiterada fuente de conflictos y disensos políticos (empezando por su mismo formato). Lo anterior es todavía más lamentable si se piensa que estos últimos meses han sido, bajo la égida de la Ley para la Reforma del Estado, un periodo de difícil construcción de consensos en torno a temas trascendentales para la renovación y viabilidad de nuestro régimen político. Ello es así, particularmente por lo que hace a la reforma electoral, a la reforma en materia de justicia y la mal llamada “reforma fiscal” (que ha sido asumida como un mero mecanismo cortoplacista de generación de ingresos extraordinarios), cuyos trabajos han venido avanzando paulatinamente.
Que la discusión en torno al informe se alimente de las controvertidas pulsiones que ese tema genera pone en entredicho (o por lo menos enrarece) un proceso de negociación entre los actores políticos que tiene, de por sí, complicaciones intrínsecas notables.
El informe, tal como está, es algo que no sirve y sí crea muchos problemas: no es un verdadero mecanismo de rendición de cuentas y, en ese sentido, es más una ceremonia protocolaria; el proceso de “glosa” se realiza con los secretarios de Estado, que no son ni política ni jurídicamente responsables ante el Congreso, tampoco constituye un mecanismo para la interacción entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de cara a la discusión y formulación de las políticas públicas. En suma, y con esto no digo nada nuevo, el informe es algo que debe revisarse y reformarse.
Hace un par de meses, el PAN presentó una iniciativa que pretendía modificar las fechas, el formato y las modalidades de la comparecencia del presidente y de los secretarios de despacho ante el Congreso, así como el procedimiento con el que ambas cámaras analizarían y cuestionarían el informe. Se trató de una iniciativa que, muy probablemente, no tenía otro afán más que “proteger” al presidente frente a eventuales desaguisados como los que enfrentó Fox el año pasado, pero tenía el mérito de poner sobre la mesa el tema. Con muy poca amplitud de miras, los partidos de oposición desecharon, sin más, discutir esa iniciativa, y hoy estamos nuevamente atrapados en la coyuntura.
Sin duda lo ideal sería que el asunto del informe y en general el de la rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Congreso formara parte de un repensamiento estructural de nuestra forma de gobierno y de los equilibrios entre poderes que fuera funcional para el nuevo contexto democrático del país; pero en tanto esa reforma no llega, resulta prudente revisar el vetusto modelo que hoy presenta el informe anual del presidente.
Profesor e investigador de la UNAM