Ramón Cota Meza
Si en política la forma es fondo, la atroz descortesía de boicotear o suprimir de plano la ceremonia del informe de gobierno es fiel manifestación de la degradación de la clase política mexicana. Si ésta conviene que el informe se volvió “ritual vacío” bajo el régimen del PRI, lo conducente no es suprimirlo, sino dignificarlo, como corresponde a un Estado democrático, republicano y liberal, según lo practican todas las democracias modernas.
Dejemos por ahora el vómito del PRD, abominable por mérito propio a los ojos de la ciudadanía. Es más grave la postura de políticos del PRI y cierta franja de opinión, los cuales apoyan a trasmano el insulto perredista con argumentos cínicos y leguleyos. El cinismo consiste en asumir implícitamente: “Ya que nosotros, los priístas, convertimos el informe en ceremonia vacía, suprimámoslo”. El legalismo consiste en torcer la letra del artículo 69 constitucional que ordena presentar un informe por escrito.
Debería ser claro que el artículo 69 debe ser interpretado en relación con el artículo 63 de la Constitución de 1857, que limitaba la intervención presidencial a un “discurso de apertura” del primer periodo ordinario de sesiones, el cual debía ser respondido “en términos generales” por el presidente del Congreso. Al establecer que el informe debe ser escrito, la Constitución de 1917 amplía, no limita, el discurso presidencial. Lo interesante es la evolución histórica que desembocó en esta ampliación.
El perfil ceremonial del discurso de apertura en la Constitución de 1857 se explica por el incipiente desarrollo del Poder Ejecutivo, cuya manifestación más rotunda era la inexistencia del presupuesto público. Ya que el presidente no tenía materia de la cual informar, el informe no venía al caso. A medida que el presupuesto y la política fiscal se fueron desarrollando, el Ejecutivo se vio obligado a presentar informes detallados al Congreso a fin de que le autorizara cobrar impuestos.
Los informes no eran presentados entonces por el presidente en persona, sino por sus subordinados, principalmente el secretario de Hacienda. A medida que los asuntos fiscales se fueron volviendo problemas políticos, el presidente fue incorporando información económica en su discurso de apertura. Por su claridad, orden y concisión, los informes de los secretarios de Hacienda de la República Restaurada y el Porfiriato siguen esperando sus pares en la era de los doctores en Economía.
Los presupuestos de la segunda mitad del XIX inauguran la economía pública, es decir, la capacidad de oferta de bienes y servicios por el Estado, la asignación y canalización de roles de los actores particulares, la obligación de los causantes de pagar impuestos y su derecho a conocer el destino de su aportación. Así, la información fiscal empezó a dejar de ser conocimiento exclusivo de los funcionarios y a convertirse en conocimiento público para la formación de una ciudadanía informada.
Esta historia está bien documentada y narrada por Marcelo Carmagnani en su magnífico libro Estado y mercado, la economía pública del liberalismo mexicano, 1850-1911 (FCE, 1994), del que nos hemos servido liberalmente para redactar este artículo. Pues bien, al instituir que el informe presidencial debe ser escrito, el Constituyente de 1917 hace directamente responsable al presidente de la administración del presupuesto, culminando jurídicamente así 60 años de evolución política y económica.
Queda claro, pues, que el artículo 69 constitucional no es limitativo y que tiene el propósito de hacer evidente la responsabilidad del Ejecutivo ante el Congreso y la ciudadanía. Impedir que el presidente rinda su informe cercenaría la relación entre Poder Ejecutivo, Congreso y ciudadanía. Por supuesto, el Presidente puede dirigir un discurso al público en cadena nacional, pero privarlo de hablar ante el Congreso sería admitir que éste encarna una instancia separada de la ciudadanía y superior a ella.
Al impedir que el Presidente informe al Congreso en persona, el PRD se asume como un comité de lucha estudiantil posesionado de instalaciones universitarias, como si el recinto fuera su propiedad. Pensándolo bien, sería bueno que lograra su cometido para que se hunda hasta el nivel que le corresponde.
blascota@prodigy.net.mx
Analista político