Manuel Bartlett
El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron la reforma constitucional electoral que prohíbe la compra de publicidad en los medios electrónicos a candidatos, partidos y terceros, quedando bajo la responsabilidad del IFE la utilización de los tiempos del Estado para distribuirlos de manera equitativa. El dinero y los medios ya no tendrán ni el dominio de las campañas, ni sometidos a los candidatos. Destacado avance democrático. El valor de la medida resalta por la grotesca reacción de los concesionarios y de sus subalternos ante las comisiones del Senado. Reclamaron el dinero perdido —70% del total del gasto electoral — y junto con las cámaras de empresarios, el poder perdido para imponer candidatos. Estamos en consonancia con Francia, España, Gran Bretaña y muchos más.
Los quejosos se autonombraron defensores de la libertad de expresión atacada por el Congreso, siendo ellos los secuestradores de esa libertad. Precisamente la reforma protege y garantiza la libertad de expresión conculcada por la compra ilimitada de pantalla para construir o destruir imágenes. La opinión pública recibió con satisfacción la reforma. El Tribunal Electoral censuró el abuso de los medios y la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales las reformas impuestas por la soberbia frente a la cobardía de unos y la complicidad de otros.
¿Qué sigue? Se preguntan en el país, en el Congreso de la Comunicación Indígena, en foros diversos; ayer, jóvenes de la Universidad de Guadalajara. La reforma fue, con todo y su importancia, sólo el primer paso. Falta la reglamentación de lo electoral y desde luego la inaplazable Ley de Radiodifusión.
Esta legislación, bloqueada durante cinco años se emprende ahora en condiciones favorables. La opinión pública está alertada, entiende ahora de qué se trata; se apoyará en la reforma constitucional consumada y en la actitud del Congreso que la hizo posible; finalmente, en la sentencia de la Suprema Corte.
Para eliminar los aspectos inconstitucionales de la ley Televisa, la Suprema Corte realizó el análisis del marco constitucional, definió principios invaluables para los legisladores. Destaca la mención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consigna que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén abiertos a todas las corrientes para ser verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla.
El ministro Góngora Pimentel subrayó que dada la centralidad de la televisión en la formación de la opinión pública, y su poder persuasivo, no puede dejarse a libre juego de las fuerzas del mercado. Se reiteró la vinculación de la radiodifusión al artículo 28 constitucional, que mandata el uso del espectro radioeléctrico en beneficio general, su utilización social para contribuir a la formación de una opinión pública libre. El ministro Azuela asentó que este aprovechamiento por ser un bien del servicio público debe estar cuidadosamente regulado en la ley. Los nueve ministros, entre ellos el autor del proyecto, Aguirre Anguiano, construyeron durante ocho sesiones una guía constitucional. Se trató la libre competencia frente al monopolio, la rectoría del Estado frente al liberalismo a ultranza y la libertad de expresión, el derecho a la información vulnerado por la concentración; finalmente el pluralismo como garantía democrática.
Si la concentración de los medios contraría la Constitución según la Corte, corresponde al Poder Legislativo superar al duopolio, multiplicando los participantes. Si la libertad de expresión ha de ser plena, garantizar a las diferentes corrientes de opinión el acceso a los medios es imperativo. La vigencia del derecho a la información implica la posibilidad de recibir libremente la más amplia comunicación y sustentar el derecho de réplica. El pluralismo es concepto central, pluralismo en la apertura a nuevos participantes que no signifiquen lo mismo, como ocurre con el duopolio y desde luego pluralismo en la operación de cada medio. Reglamentar estos principios no es difícil, se hace en todo el mundo.
El pluralismo demanda el fortalecimiento de la radiodifusión pública y social asegurando su financiamiento e independencia. Dotar a la radio comunitaria e indígena de medios para su desarrollo.
Se requiere de autoridad. Ha habido negligencia en hacer respetar la ley. El abuso de la comercialización es escandaloso, pareciera que la función es proteger al emisor y no al público para quien es el servicio. Un órgano independiente es la respuesta.
Debe preservarse la reserva de la radiodifusión a empresas nacionales con cláusula de exclusión de extranjeros. Así está en la ley vigente. Todos los países preservan sus industrias culturales que garantizan los valores propios y la integración nacional.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado