Apunte Sobre desierto
René Delios
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.
Por eso el acoso sexual debería de ser uno de esos delitos que se deberían de perseguir de oficio.
La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.
En México, diversas Organizaciones no gubernamentales han denunciado las importantes fallas en la defensa y protección de los Derechos Humanos por todo el país y Chiapas no es la excepción. De esta manera, las violaciones del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal y también a las garantías y protección judiciales, han sido motivo de preocupación de las organizaciones civiles mexicanas.
Las violaciones del derecho a la vida en México se han incrementado y gozan de una total impunidad, especialmente en las zonas militarizadas como Chiapas. Los actores señalados como autores de la mayoría de los delitos asociados a la violación del derecho de la vida son el ejército, los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos paramilitares –esa palabrita ya borrada del léxico político local. Los casos de tortura, tratamientos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias, intimidación, etcétera, continúan produciéndose. Estas se justifican con argumentos de lucha contra la insurrección y contra la delincuencia. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos son consecuencia de la actuación del Ejército o de los grupos paramilitares que actúan en diversas zonas del país -Chiapas, Oaxaca, Guerrero. En cuanto a los casos de tortura, Amnistía Internacional afirma que hay muchos en México a causa de las deficiencias en el sistema judicial -los jueces, por ejemplo, admiten confesiones obtenidas bajo tortura- y de la deficiencia que sufre gran parte de la policía mexicana.
Ahí tienen la denuncia seria de las vejaciones, tortura, violaciones, robo y tortura de las que son víctimas los migrantes centroamericanos por parte de las nueves corporaciones armadas que existen en Chiapas, compadre, y ninguna autoridad, en sus poltronas de los tres niveles de gobierno, dice nada.
Menos la homóloga estatal de derechos humanos que preside Juan Carlos Moreno Guillén, sigiloso, prudente, en espera.
Desde el Instituto Nacional de Migración, pasando por la Sedena, la Armada, el Grupo Beta, Siedo, policía ministerial, polcía municipal, Seguridad Pública, la policía fiscal y hasta los agentes de transito en los municipios fronterizos, todos agandallan a esos pobres y ¡nadie dice nada desde el oficialismo ramplón!
¿Será que su condición de ilegales les resta derechos humanos ante las autoridades mexicanas?
Nadie dice nada y hace pensar que oficialmente sí, porque pese a la constante indignante de los hechos, desde la oficina del obudsman chiapaneco nadie dice nada.
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¡Larráinzar; cumplimiento y paz!